Un tribunal federal dictaminó que Illinois violó la Ley Nacional de Registro de Votantes (NVRA) cuando se negó a proporcionar acceso al registro de votantes del estado a un grupo de integridad electoral.
“Los funcionarios electorales deben permitir que los ciudadanos vean lo que están haciendo”, dijo J. Christian Adams, presidente de Public Interest Legal Foundation (PILF), el demandante ganador del caso.
La PILF, con sede en Indianápolis, se describe como “el único bufete de abogados de interés público del país dedicado por completo a la integridad electoral”. La organización sin fines de lucro “existe para ayudar a los estados, entre otros, a ayudar a la causa de la integridad electoral y luchar contra la anarquía en las elecciones estadounidenses”.
PILF utiliza regularmente la Disposición de Divulgación Pública de la NVRA, junto con las leyes estatales y federales de registros abiertos que requieren que los registros del gobierno se pongan a disposición del público, declaró el grupo en la demanda legal (pdf) presentada el 27 de julio de 2020, en la oficina de Springfield del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Central de Illinois.
Usando registros y datos compilados a través de estas leyes de registros abiertos, PILF “analiza los programas y actividades de los funcionarios electorales estatales y locales para determinar si se están realizando esfuerzos legales para mantener las listas de votantes actualizadas y precisas”, afirma la denuncia.
La NVRA establece que “Cada estado deberá mantener durante al menos 2 años y deberá poner a disposición del público para inspección y, cuando esté disponible, fotocopiado a un costo razonable, todos los registros relacionados con la implementación de programas y actividades realizadas con el fin de garantizar la precisión y la actualidad de las listas oficiales de electores habilitados”.
La demanda continúa, citando Project Vote vs Long, una decisión de 2012 de la Corte de Apelaciones del 4to Circuito de EE.UU., que establece que la Disposición de Divulgación Pública de la NVRA “incorpora la convicción del Congreso de que los estadounidenses que son elegibles para votar bajo la ley tienen todo el derecho a ejercer su franquicia, un derecho que no debe ser sacrificado por engaños, descuidos o ineficiencias administrativas”.
La sentencia (pdf) en el caso, Public Interest Legal Foundation contra Matthews, expediente judicial 20-cv-3190, se produjo el 8 de marzo. Los demandados son Bernadette Matthews, que fue demandada en su capacidad oficial como directora ejecutiva de la Junta Electoral del Estado de Illinois, la propia junta y otros dos funcionarios de la junta.
La jueza de distrito Sue Myerscough, quien fue nombrada por el entonces presidente Barack Obama, determinó que los acusados “actuaron en violación a la Disposición de divulgación pública de la NVRA cuando los acusados se negaron a poner a disposición para ver y fotocopiar la lista completa de registro de votantes en todo el estado”.
Myerscough ordenó a la junta electoral que “implemente políticas y procedimientos que pongan a disposición del público la lista de registro de votantes en todo el estado, lo que permite la redacción de números de teléfono, números de Seguro Social, números de calles de domicilios, fechas de nacimiento, partes identificables de direcciones de correo electrónico y otra información personal altamente sensible”.
El juez también ordenó a los acusados pagar al PILF “los honorarios, costas y gastos de sus abogados”.
Adams, exabogado de derechos civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos, dijo en un comunicado que estaba satisfecho con el fallo.
“La ley federal permite que todos vean lo que sucede en las oficinas electorales. PILF ha encontrado registrados muertos y duplicados y votantes registrados en varios estados”, dijo.
“Las listas de votantes son públicas, y así lo dijo el tribunal. Este es el segundo fallo esta semana que gana la Fundación para tener acceso a las listas de votantes. Las listas de votantes precisas son esenciales para elecciones libres y justas”, dijo Adams.
El segundo fallo al que se refería Adams es una decisión del 4 de marzo (pdf) del juez George Z. Singal del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Maine. El caso es PILF v. Bellows, expediente judicial 20-cv-61.
Singal, quien fue designado por el entonces presidente Bill Clinton, rechazó una solicitud de la secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, demócrata, para desestimar la demanda de PILF que buscaba acceso a la información de los votantes del estado.
Después de varias demandas de datos, Bellows informó a PILF en febrero de 2020 que carecía de autoridad legal para entregar los archivos de votantes al grupo. PILF demandó, buscando medidas cautelares y declaratorias bajo la NVRA. En el curso del litigio, Maine promulgó una nueva ley que limita el uso y la difusión de datos de votantes.
Pero Singal descubrió que PILF “alega plausiblemente una violación de la NVRA” por parte de Maine, y desestimó la moción del estado para desestimar.
Adams expresó optimismo sobre el resultado final del caso de Maine.
“Este caso trata sobre la transparencia y el derecho del público a conocer las vulnerabilidades de nuestras elecciones”, dijo Adams. “El tribunal adoptó nuestra interpretación de la Ley Nacional de Registro de Votantes y fortaleció nuestros derechos para garantizar que las listas de votantes se mantengan con precisión. Este fallo es una victoria para la integridad electoral”.
Bellows no respondió al cierre de esta edición a una solicitud de The Epoch Times para comentar sobre el caso de Maine. En el fallo de Illinois, el fiscal general del estado, Kwame Raoul, un demócrata, cuyos abogados representan al estado, no respondió al cierre de esta edición a una solicitud de comentarios.
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