El viernes, un juez federal impidió que el gobierno de Biden desviara ilegalmente fondos de los contribuyentes destinados a la construcción de un muro en la frontera sur.
El juez de la Corte de Distrito del Distrito Sur de Texas, Drew B. Tipton, concedió una medida cautelar después de que Texas y Missouri presentaran una demanda para detener el plan, que incluía desviar el dinero a otros proyectos, como la rehabilitación del medio ambiente.
«Si el poder ejecutivo debe cumplir las leyes federales no es, en general, un ámbito que tradicionalmente se deje a su discreción», escribió el juez Tipton en su orden. El poder ejecutivo incluye el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
El juez Tipton, nombrado por el presidente Donald Trump, falló a favor de los estados liderados por los republicanos, afirmando en su sentencia que el Congreso debe decidir cómo se gasta el dinero, según la Constitución estadounidense, y que el gobierno de Biden no es inmune a cumplir la ley.
El presidente Trump declaró la emergencia nacional en febrero de 2019 y utilizó fondos de los Departamentos de Defensa y del Tesoro para construir barreras en la frontera sur. El Congreso asignó 1400 millones de dólares explícitamente a la construcción del muro fronterizo durante el año fiscal 2020 para frenar el flujo de inmigración ilegal.
Sin embargo, el presidente Joe Biden, demócrata, emitió una orden ejecutiva inmediatamente después de tomar posesión, en enero de 2021, por la que ponía fin a la emergencia y paralizaba la construcción. Posteriormente ordenó al DHS que desviara los fondos a proyectos auxiliares a lo largo de la frontera, pero no al muro.
Esto llevó tanto a Texas como a Missouri a presentar demandas separadas contra el DHS, que finalmente se combinaron.
El gobierno de Biden argumentó que, a pesar de ciertas disposiciones de la ley, el DHS debía poder gastar el dinero a su discreción.
Sin embargo, el juez no estuvo de acuerdo con este argumento, declarando que el presidente Biden se equivocó al gastar fondos destinados específicamente a la construcción del muro en «proyectos de remedio».
El juez dictaminó que el hecho de que el DHS afirmara tener autoridad para tomar determinadas decisiones de gasto no significa que sea libre de hacer lo que quiera.
«Las agencias, cuando disponen de fondos asignados por el Congreso, sólo pueden gastarlos para el fin y la cantidad adecuados, y dentro del periodo de tiempo autorizado», escribió el juez Tipton.
Por tanto, sin esa discrecionalidad, las decisiones de gasto del DHS «infringen» la ley, en concreto la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés).
El juez Tipton escribió en su auto que la forma en que el Congreso redactó la ley era bastante específica al decir que el dinero debía destinarse a barreras a lo largo de la frontera.
«La cuestión central en este caso, por tanto, es la siguiente: ¿Ha dispuesto el gobierno fondos de los ejercicios fiscales 2020 y 2021 para la ‘construcción de [un] sistema de barreras’? La respuesta es, en gran medida, no», escribió el juez.
El nuevo plan fronterizo de la Administración Biden, presentado por el Departamento de Defensa y el DHS en junio de 2021 y actualizado aproximadamente un año después, contemplaba gastar los fondos en proyectos de control de inundaciones, limpieza y saneamiento medioambiental. Esto incluiría añadir iluminación, cámaras y tecnología de detección en lugares donde ya se hubiera construido una barrera física.
Según el plan, se cancelaron la mayoría de los proyectos del muro fronterizo, y toda la infraestructura de la barrera existente financiada anteriormente por el Departamento de Defensa se transfirió al control del DHS.
Los fiscales generales de Texas y Missouri, que impugnaron estas decisiones de gasto, celebraron la sentencia el viernes.
«Hoy he conseguido una orden judicial preliminar contra el intento del gobierno de Biden de desviar ilegalmente los fondos asignados por ley de la construcción de un muro fronterizo», declaró en un comunicado el fiscal general de Texas, Ken Paxton.
«Biden actuó de forma totalmente impropia al negarse a gastar el dinero que el Congreso destinó a la construcción del muro fronterizo, e incluso al intentar redirigir esos fondos», continuó. «Sus acciones demuestran su desesperación por abrir las fronteras a cualquier precio, pero Texas ha prevalecido».
El fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, calificó la sentencia de «gran paso» en la lucha por asegurar la frontera sur.
«La Administración Biden ha incumplido la ley para terminar la construcción de un muro a lo largo de la frontera suroeste», declaró el Sr. Bailey en un comunicado. «Joe Biden se niega a cumplir las responsabilidades que le impone la Constitución, por lo que lo llevamos a los tribunales para obligarlo a hacer su trabajo. Éste es un gran paso adelante en la lucha por asegurar nuestra frontera en un momento clave de la historia de nuestra nación».
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