La impugnación de un grupo de izquierda a la candidatura de la representante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) en las elecciones de este año, la cual se basa en afirmaciones de que ella violó la Cláusula de Inhabilitación de la Constitución al participar en una supuesta insurrección contra el gobierno de EE.UU., puede seguir adelante de acuerdo a la decisión de un juez federal.
Esta insurrección supuestamente culminó con la brecha de seguridad del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de EE.UU. en la que los partidarios del entonces presidente Donald Trump retrasaron la certificación del Congreso a los resultados de las elecciones de 2020 durante varias horas. Los demócratas y algunos republicanos dicen que el disturbio fue una insurrección o un intento de golpe de Estado destinado a derrocar al gobierno de Estados Unidos, una afirmación que Trump y sus partidarios han negado rotundamente.
Greene, partidaria abierta del expresidente Donald Trump, representa el distrito 14 del Congreso de Georgia. Greene es conocida por hacer contundentes declaraciones, a menudo controvertidas.
Los partidarios de una organización sin fines de lucro llamada Free Speech for People presentaron la impugnación (pdf) el 24 de marzo ante el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, un republicano. La impugnación alegaba que Greene “ayudó y participó en una insurrección para obstruir la transferencia pacífica del poder presidencial, inhabilitándola para servir como miembro del Congreso bajo la Sección 3 de la Enmienda 14 y la hace inelegible bajo la ley estatal y federal a la hora de postularse a la candidatura para dicho cargo”.
La Cláusula de Inhabilitación rara vez invocada en la Sección 3 de la Enmienda 14 se promulgó a raíz de la Guerra Civil para mantener a los exconfederados fuera del Congreso.
Raffensperger remitió la impugnación al tribunal administrativo del estado, la Oficina de Audiencias Administrativas del Estado (OSAH), que asignó el caso al juez de derecho administrativo Charles Beaudrot. El 3 de abril, Greene hizo una moción para desestimar la impugnación. Una audiencia ante Beaudrot está programada para el 13 de abril.
Pero el 1 de abril, Greene también presentó una demanda federal para detener la impugnación por motivos constitucionales. La petición en el caso, Greene vs Raffensperger, expediente judicial 1:22-cv-01294, se presentó en el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Atlanta.
El 8 de abril, la jueza federal, Amy Totenberg, del Distrito Norte de Georgia, habría dicho durante una audiencia sobre la demanda federal que tiene «preguntas e inquietudes importantes» con respecto a un fallo reciente en un caso similar que bloqueó una impugnación basada en la cláusula de descalificación contra el representante Madison Cawthorn (R-N.C.).
Totenberg fue nombrada por el entonces presidente Barack Obama y es hermana de la corresponsal legal de NPR, Nina Totenberg. La jueza dijo que dará un dictamen sobre el asunto la próxima semana, posiblemente el 11 de abril, que es dos días antes de la audiencia a nivel estatal ante Beaudrot.
La impugnación presentada por Free Speech for People alega que Greene no puede servir en el Congreso porque «antes, durante y después del 6 de enero de 2021, Greene ayudó voluntariamente y participó en una insurrección para obstruir la transferencia pacífica del poder presidencial, lo que la descalifica para servir como miembro del Congreso en virtud de la Sección 3 de la 14° Enmienda y la hace inelegible bajo la ley estatal y federal para ser candidata a dicho cargo».
El abogado de Greene, James Bopp Jr., le dijo a la corte federal que el desafío consistía en “50 páginas de artículos periodísticos, rumores e hipérboles políticas”, según CNN. Si se permite que el desafío avance, animará a los grupos de izquierda a tratar de descalificar a Trump para que no se postule a la presidencia en 2024.
Bopp, quien representó el caso Cawthorn, dijo en la audiencia que nadie ha sido acusado de insurrección relacionada con el 6 de enero, “pese a todos los recursos del Departamento de Justicia y el FBI”. Agregó que sacar a Greene de la boleta sería lo mismo que “despojar a los votantes de su derecho al voto y poner patas arriba la democracia justo antes de una elección”.
Greene niega enérgicamente las afirmaciones de la impugnación y argumenta que la ley estatal que rige las impugnaciones electorales es inconstitucional porque transfiere la carga de la prueba del acusador al acusado. Señaló en documentos judiciales que cuando un candidato en Georgia es impugnado “por un votante calificado basado en la mera creencia de que un candidato no cumple con los requisitos constitucionales o legales para el cargo… la ‘carga completa’ recae sobre el candidato ‘para establecer afirmativamente su elegibilidad para el cargo’”.
Cambiar la carga probatoria viola la Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda, argumenta. “Aquí, se requiere que la representante Greene produzca evidencia compensatoria para probar una negativa (es decir, que ella no participó en una insurrección), basada nada más que en la ‘creencia’ del impugnador”.
El estatuto de impugnación también “usurpa el poder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para emitir un juicio final e independiente sobre las calificaciones de sus miembros”, por lo que viola el Artículo I de la Constitución”, argumenta.
The Epoch Times contactó repetidamente a Ron Fein, director legal de Free Speech for People, pero no recibió ninguna respuesta hasta el momento de la publicación.
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