La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 10 nuevos cargos del Ejército, entre ellos cuatro coroneles retirados, por «falsos positivos», que es como se conoce en Colombia las ejecuciones extrajudiciales de inocentes para presentarlos como bajas en combate, cometidos durante el conflicto en Antioquia (noroeste).
Entre los imputados por el asesinato de 46 víctimas, según el auto emitido este miércoles por esta instancia especial, están cuatro coroneles en retiro: Jorge Alberto Amor Páez, David Herley Guzmán Ramírez, Efraín Enrique Prada Correa y Edie Pinzón Turcios, todos ellos excomandantes de varios batallones, además de tres sargentos, dos mayores y un soldado profesional retirados.
Se trata de ejecuciones extrajudiciales relacionadas con los crímenes de los cementerios de Dabeiba e Ituango, dos de los camposantos más señalados por albergar «falsos positivos» sin identificar, según dijo este miércoles en una rueda de prensa la magistrada de la JEP Nadiezhda Henríquez.
La JEP, tribunal ad hoc para crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, señaló que se trata de un caso especial porque, a diferencia de otras imputaciones realizadas en otras regiones, en esta había muy pocas investigaciones por la justicia ordinaria y no había informes oficiales e incluso se habían destruido documentos operacionales.
«La investigación se soportó por completo sobre los aportes a verdad plena realizados por diversos comparecientes de la fuerza pública contrastados con las evidencias forenses, así como con las pruebas decretadas y practicadas por la JEP», explicó la magistrada en la lectura del comunicado.
Los imputados pertenecían al Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos (BCG 26), al Batallón de Contraguerrillas No. 79 Sargento Viceprimero Hernando Cómbita Salazar (BGC 79) y a la Brigada Móvil 11 (BRIM 11), que operaban en esta zona cercana al cementerio de las Mercedes en Dabeiba y donde la JEP estudia 508 posibles muertes violentas que podrían pertenecer a ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 1995 y 2008.
«La JEP constató la existencia de un conjunto de graves irregularidades en el Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, las cuales ayudaron a que, por años (desde 1982 y hasta 2010), se convirtiera en un lugar ‘ideal’ para perpetrar el crimen de desaparición forzada», dijo esta instancia.
Así, los imputados deberán responder por 23 hechos criminales en los que 46 víctimas fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate y también, como peculiaridad del caso, por el atentado contra un subteniente del Ejército, Jesús Javier Suárez, que cometieron las mismas fuerzas armadas para «generar terror en el seno del BCG-79 e intimidar a quienes quisieran oponerse o desvincularse de la empresa criminal».
También identificó tres patrones, muy similares a los de otros casos, como recordó el presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes: la estigmatización de «humildes campesinos» que fueron señalados de apoyar a la guerrilla de las FARC y luego fueron víctimas de desaparición u homicidio; el traslado de otros jóvenes similares de municipios cercanos como Medellín o Turbo, y el ocultamiento de los cadáveres en los cementerios de Dabeiba e Ituango.
Justamente este martes la JEP citó a declarar el próximo 28 y 29 de septiembre al excomandante del Ejército colombiano Mario Montoya por el subcaso de Antioquia -el que más víctimas reúne- en el que se enmarcan estas imputaciones, ya que él fue el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército entre 2002 y 2003.
Montoya es uno de los altos cargos de la cúpula militar más señalados por las asociaciones de víctimas por estos delitos de lesa humanidad, uno de los episodios más oscuros del conflicto armado.
Casi 60 imputados
Hasta la fecha, la JEP ha situado en 6402 las víctimas de los llamados «falsos positivos», es decir, de víctimas inocentes a las que el Ejército o civiles cooperantes engañaban con promesas de falsos trabajos para llevárselas y asesinarlas, luego vestirlas con uniformes de la guerrilla y plantarles armas y así engrosar las cifras de bajas guerrilleras, para recibir a cambio recompensas monetarias, ascensos, viajes o premios de otro tipo.
Estos crímenes son estudiados por la JEP en el Caso 03 (aunque estas imputaciones concretas también tienen que ver con el Caso 04 que estudia la región del Urabá antioqueño), que está dividido por regiones y por la que esta instancia judicial ha emitido hasta el momento 4 autos de imputación.
En ellos, se ha imputado a un total de 55 miembros en activo o retirados de las fuerzas militares, a dos civiles y a un funcionario del Estado por la comisión de estos crímenes en el Catatumbo (noroeste), en el Caribe y en Casanare.
Se trata de uno de los casos más avanzados de la JEP, ya que los imputados en el auto del Catatumbo y el Caribe ya han comparecido en sendas audiencias de reconocimiento de crímenes ante los magistrados y las víctimas en los últimos meses.
Está pendiente que el organismo determine si el reconocimiento es auténtico y han dado la suficiente verdad sobre lo ocurrido para poderles poner penas restaurativas que no conllevan privación de libertad.
Si no lo consideran así, o en caso de que los imputados no reconozcan los crímenes -como ha pasado con dos excoroneles del Batallón La Popa en el Caribe- se podrían enfrentar, en un juicio adversarial dentro de la JEP, a penas de prisión de hasta 20 años.
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