Cerca de 450 millones de dólares fueron incautados por la Fiscalía de EE. UU. del sur de Florida a socios del régimen de Maduro y magnates venezolanos, según un reciente informe.
“Durante la última década, funcionarios corruptos del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente miles de millones de dólares de Venezuela”, dijo Ariana Fajardo Orshan el 26 de marzo, cuando se presentaron cargos contra Nicolás Maduro y 14 funcionarios venezolanos acusados de narcoterrorismo, corrupción, narcotráfico y otros cargos criminales.
“En los últimos dos años, la Fiscalía de Estados Unidos en el sur de Florida y sus socios en la aplicación de la ley federal se unieron para presentar docenas de cargos criminales contra funcionarios de alto nivel del régimen y cómplices que han resultado en incautaciones de aproximadamente 450 millones de dólares», añadió.
De acuerdo con el diario El Nuevo Herald gran parte de esta cantidad confiscada, es decir 280.4 millones de dólares, corresponde al caso de Alejandro Andrade, extesorero nacional de Venezuela.
El 27 de noviembre en el Distrito Sur de Florida, Andrade fue condenado a 10 años de prisión por conspiración de lavado de dinero. Y tras declararse culpable, admitió que recibió más de mil millones de dólares en sobornos de Raúl Gorrin Belisario y de otros de los que participaba en un esquema de fraude, a cambio de usar su posición como tesorero para seleccionarlos para llevar a cabo transacciones de cambio de divisas a tasas favorables para el régimen venezolano.
Como parte de su acuerdo con el fiscal, Andrade aceptó una sentencia de confiscación de dinero de 1000 millones de dólares y la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema corrupto, incluyendo bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias.
Raúl Gorrin Belisario, dueño de la cadena de noticias venezolana Globovision, fue acusado el 20 de noviembre de 2018 por su papel en un esquema de intercambio de moneda y lavado de dinero de mil millones de dólares.
La acusación alega que Gorrin pagó millones de dólares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel, incluyendo a Andrade, para asegurar los derechos de realizar transacciones de cambio de divisas a tasas favorables para el régimen venezolano.
Además de enviar dinero a los funcionarios, compró y pagó por ellos gastos relacionados con jets privados, yates, casas, caballos de campeonato, relojes de alta gama y una línea de moda. Para ocultar estos pagos realizó pagos a través de múltiples empresas fantasma.
Adicionalmente, se le acusó de asociarse con Gabriel Arturo Jiménez, expropietario del Banco Peravia, para adquirir el banco con el fin de lavar los sobornos pagados a funcionarios venezolanos y el producto del intercambio de moneda.
«Con demasiada frecuencia, estos funcionarios corruptos y sus cómplices han utilizado bancos y bienes raíces del sur de la Florida para ocultar y perpetuar su actividad ilegal”, dijo Fajardo.
Los 170 millones de dólares restantes confiscados por el Distrito Sur de Florida provienen del caso contra Francisco Convit, que involucra a los hijastros de Maduro, a Raúl Gorrín y varios empresarios acusados de estafar a PDVSA, señaló El Nuevo Herald.
Francisco Convit, empresario venezolano, estuvo incluido en una denuncia del 25 de julio sobre un plan internacional de mil millones de dólares para lavar fondos malversados de la petrolera estatal venezolana PDVSA usando bienes raíces de Miami, Florida y sofisticados esquemas de inversión falsa. Y fue acusado de lavado de dinero el 16 de agosto.
Además el 26 de marzo, entre los acusados por el Departamento de Justicia de EE.UU., la fiscal del Distrito Sur de Florida señaló que existe una denuncia penal contra Maikel José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
Se le acusa de conspiración y cometer lavado de dinero en relación con la supuesta intención o recepción de decenas de millones de dólares y sobornos para arreglar ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela.
«La corrupción y el lavado de dinero venezolano en el sur de Florida se extiende incluso a los niveles más altos del sistema judicial de Venezuela», señaló la fiscal del Distrito Sur de Florida.
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