SACRAMENTO, California —California está pagando indemnizaciones a los sobrevivientes de las esterilizaciones forzadas o involuntarias patrocinadas por el estado —que ocurrieron hace más de cuatro décadas— a raíz de una ley que entró en vigor el 1 de enero.
«California se ha comprometido a hacer frente a este oscuro capítulo del pasado del estado y a abordar los impactos de esta vergonzosa historia que todavía sienten los californianos hoy en día», dijo el gobernador Gavin Newsom en una declaración del 31 de diciembre. «Aunque nunca podremos compensar totalmente lo que han soportado, el estado hará todo lo posible para garantizar que los supervivientes de la esterilización injusta reciban una indemnización».
La asambleísta Wendy Carrillo (D-Los Angeles), que propuso el programa de compensación por esterilización forzada en el proyecto de ley 1007 de la Asamblea en febrero de 2020, consiguió un total de 7.5 millones de dólares para financiar el programa.
Las solicitudes de indemnización se aceptarán desde ahora hasta el 31 de diciembre de 2023. El programa distribuirá equitativamente 4.5 millones de dólares entre los supervivientes; se calcula que al menos 600 personas son elegibles.
Aparte de los 4.5 millones de dólares que se distribuirán entre los supervivientes, 2 millones se destinarán a la administración del programa y a los esfuerzos de divulgación. El millón de dólares adicional se destina a miles de placas para recordar a las víctimas de la esterilización ilegal.
Según el Laboratorio de Esterilización y Justicia Social —un equipo de investigación multiinstitucional sobre la esterilización en Estados Unidos— se hicieron cuatro intentos anteriormente antes de que se aprobara un proyecto de ley en 2021 para compensar a las supervivientes de las esterilizaciones patrocinadas por el Estado.
«El [Laboratorio de Esterilización y Justicia Social] se siente satisfecho de que este proyecto de ley proporcione la tan esperada compensación a las sobrevivientes de la esterilización involuntaria en California y continuará aportando información a este proceso y resaltando los vínculos entre las experiencias pasadas y presentes de la injusticia reproductiva», afirma el sitio web de la organización.
Las supervivientes pueden visitar o dirigirse a la Junta de Compensación de Víctimas de California en el teléfono 800-777-9229 o en [email protected] para obtener una solicitud.
En virtud de las leyes estatales de eugenesia de 1909 a 1979, se esterilizó a más de 20,000 californianos en hospitales, hogares e instituciones estatales, lo que supone un tercio de las esterilizaciones realizadas en Estados Unidos, según la legislatura estatal.
Las leyes, promulgadas en 1909 y derogadas en 1979, autorizaban a los funcionarios médicos a esterilizar a las personas identificadas como portadoras de enfermedades mentales heredables, mentalidad anormal, «retraso mental», «perversión» y «enfermedad de naturaleza sifilítica».
Según el proyecto de ley 3052 de la Asamblea, que estableció el programa de compensación, los eugenistas de California creían que el programa de esterilización era una herramienta eficaz para evitar que las personas no aptas para la paternidad tuvieran hijos que pudieran convertirse en «defectuosos» en la sociedad, reduciendo así las personas dependientes de los programas de asistencia social.
Un estudio de la Universidad de Vermont sobre la eugenesia descubrió que, a lo largo de los 70 años de esterilización patrocinada por el Estado, aproximadamente el 60% del total de pacientes esterilizados fueron considerados enfermos mentales por las autoridades, y más del 35% fueron considerados con discapacidad mental.
Las mujeres y las niñas fueron esterilizadas un 14 por ciento más que los hombres y los niños, según la ley de la asamblea.
Aunque las leyes de esterilización no se dirigían específicamente a ningún grupo racial o étnico, según el proyecto de ley de la asamblea, los latinos fueron esterilizados un 23% más que los pacientes no latinos, y las latinas fueron esterilizadas un 59% más que las pacientes no latinas.
Entre 1965 y 1975, al menos 240 mujeres, muchas de las cuales eran de origen mexicano, fueron obligadas a someterse a la esterilización posparto o, en algunos casos, fueron esterilizadas sin consentimiento informado en el Centro Médico del Condado de Los Ángeles+Universidad del Sur de California.
Sin embargo, el número total de personas que se sometieron a la esterilización por las leyes eugenésicas sigue siendo desconocido debido a la confidencialidad de los registros de los pacientes.
Sin embargo, la esterilización forzada no desapareció tras la derogación de las leyes en 1979. Un informe de auditoría estatal (pdf) descubrió que las prisiones estatales y otros centros penitenciarios continuaron con las esterilizaciones de las reclusas sin un proceso adecuado de obtención del consentimiento.
Entre 2006 y 2010, 144 reclusas fueron esterilizadas —aproximadamente 40 sin consentimiento— mientras daban a luz, según la auditoría.
«Da miedo saber que tu vida está en manos de alguien y que pueden hacer lo que quieran sin tu consentimiento», dijo Crystal Nguyen, una superviviente, a The Center for Investigative Reporting y The Young Turks en «Sterilized Behind Bars», un documental sobre las esterilizaciones en las cárceles y centros penitenciarios de California.
«Me sentí como si no fuera completamente mujer», dijo Nguyen. «Dios mío, ni siquiera puedo explicarlo emocionalmente —lloré y lloré— me quitaron parte de mi femineidad».
Aunque el exgobernador Gray Davis y el fiscal general Bill Lockyer emitieron una disculpa en 2003 por las esterilizaciones eugenésicas forzadas, hasta ahora no existía un programa de indemnización.
El Senado de California también aprobó una resolución en 2003 en la que expresaba su «profundo arrepentimiento» y abordaba «el fanatismo y la intolerancia del pasado» contra las personas con discapacidades u otras consideradas «genéticamente inadecuadas» por el movimiento eugenésico.
La asambleísta Wendy Carrillo no quiso hacer comentarios.
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