Indiana presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema el 13 de julio, instándola a acelerar la tramitación de un caso relacionado al aborto que se remandó después de que se revirtiera el fallo de Roe vs. Wade, y así poder aplicar las regulaciones que habían quedado suspendidas en los tribunales inferiores.
La petición se produjo mientras los estados se plantean cómo hacer frente a la sentencia de Roe. Varios estados, entre ellos Indiana, están listos para empezar a aplicar las restricciones al aborto.
Las normas de la Corte Suprema establecen que el «mandato» del tribunal se emite 25 días después de que se dicte la sentencia, a menos que el tribunal acorte el período de espera o las partes acuerden que se emita antes. Eso significaría que el mandato en este caso estaría en camino de ser emitido el 25 de julio.
El fiscal general de Indiana, el republicano Todd Rokita, quiere acelerar el proceso para que el estado pueda empezar a aplicar una ley que exige que se notifique a los padres cuando un tribunal permite que una menor obtenga un aborto sin el consentimiento de sus genitores.
El 24 de junio, la Corte Suprema anuló el precedente Roe de 1973, devolviendo la regulación del aborto a los estados y confirmando las restricciones al aborto de Mississippi.
Box vs. Planned Parenthood
El 30 de junio, el alto tribunal concedió una sentencia sumaria (pdf) en un caso pendiente titulado Box vs. Planned Parenthood de Indiana y Kentucky sin escuchar los argumentos orales, devolviéndolo a la Corte de Apelaciones de EE. UU. del 7º Circuito para que lo examine de nuevo a la luz de la sentencia del 24 de junio. En este caso ampliamente litigado que llegó a la Corte Suprema, la corte de apelaciones confirmó el 12 de marzo de 2021 una medida cautelar preliminar de un tribunal federal de distrito que impide la aplicación de la ley de notificación a los padres.
El requisito de notificación es importante porque «ayuda a la consulta de los padres en lo que puede ser una ‘decisión moral difícil y dolorosa'», argumentó el procurador general de Indiana, Thomas M. Fisher, en la solicitud de emergencia del 13 de julio (pdf), citando una sentencia anterior.
«Cuando una menor busca un aborto basándose en la suposición incorrecta de que sus padres desaprobarían que lleve el embarazo a término o basándose en el temor de que carece de recursos financieros suficientes para cuidar de un niño, la notificación oportuna puede permitir a los padres corregir las apreciaciones erróneas u ofrecer apoyo financiero», escribió Fisher.
La notificación «también permite a los padres aconsejar y reconfortar a las menores que abortan y que se enfrentan a emociones o remordimientos. También la notificación a los padres garantiza que éstos conozcan el historial médico completo de su hijo, lo que puede ser importante a la hora de tomar futuras decisiones médicas para el niño».
Dado que la medida cautelar ahora carece de «base legal y (…) está infligiendo un daño irreparable a importantes intereses estatales, no hay razón para retrasar la transmisión de la sentencia de esta Corte. El retraso solo serviría para impedir la aplicación de una ley estatal debidamente promulgada y diseñada para proteger a los menores, las familias y los no nacidos», escribió Fisher.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, ordenó a la parte demandada, Planned Parenthood, que responda a la solicitud de Indiana antes de las 5 de la tarde, hora del este del 15 de julio.
La jueza Amy Coney Barrett está recusada de la causa porque participó en ella como jueza cuando estaba ante el 7º Circuito.
The Epoch Times se puso en contacto con Planned Parenthood para recibir sus comentarios, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
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