La pausa de la administración Biden en el arrendamiento de tierras y aguas federales para la perforación de petróleo y gas natural es ilegal, según argumenta una docena de grupos de la industria petrolera en una demanda presentada en un tribunal federal el lunes.
El Departamento del Interior, en aparente respuesta a la orden ejecutiva del presidente Joe Biden de «hacer frente a la crisis climática», detuvo las ventas de arrendamiento ese día.
«Los demandados intentaron un reempaquetado post hoc de sus recientes acciones federales de arrendamiento de petróleo y gas como ‘cancelaciones’ o ‘aplazamientos’ individuales, supuestamente sin relación entre sí o con la Orden Ejecutiva 14008. Pero desde la promulgación de la Orden Ejecutiva 14008, los Demandados no han realizado ni una sola venta de arrendamiento—un período que se extiende por más de seis meses. Por lo que sabemos, la duración de este período sin ninguna venta de arrendamiento federal de petróleo y gas no tiene precedentes», afirma la demanda de 32 páginas, presentada en el tribunal federal de Lake Charles, Luisiana.
La moratoria viola leyes federales como la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Arrendamiento de Minerales y la Ley de Política y Gestión de Tierras Federales, alega la demanda.
Los grupos, encabezados por el Instituto Americano del Petróleo (API), piden a un juez que obligue a la administración a reanudar las ventas.
«Con la pausa indefinida en el arrendamiento federal de petróleo y gas, el departamento no cumplió con los requisitos de procedimiento e ignoró los mandatos del Congreso para la celebración de las ventas de arrendamiento», dijo Paul Afonso, vicepresidente senior y director jurídico del API, en un comunicado.
«La ley es clara: el departamento debe celebrar ventas de arrendamientos y proporcionar una justificación para los cambios de política significativos. Todavía no han cumplido estos requisitos en los ocho meses transcurridos desde que se instituyó una pausa en el arrendamiento federal, lo que sigue creando incertidumbre para los productores estadounidenses de gas natural y petróleo», añadió.
El Departamento del Interior (DOI) no respondió a una solicitud de comentarios.
Los organismos federales no suelen hacer comentarios sobre los litigios pendientes.
En sus primeros días en el cargo, Biden emitió una serie de órdenes ejecutivas, incluida la mencionada en la demanda. En ella, cumpliendo una promesa de campaña, declaró que Estados Unidos y el mundo se enfrentan a «una profunda crisis climática» y ordenó al director del DOI que «suspenda los nuevos arrendamientos de petróleo y gas natural en tierras públicas o en aguas marinas hasta que se complete una revisión exhaustiva y se reconsideren las prácticas federales de concesión de permisos y arrendamientos de petróleo y gas».
Ese mismo día, la Oficina de Gestión de Tierras de Nevada pospuso una licitación de arrendamiento programada. Otras oficinas no tardaron en hacer lo mismo, como las de Utah y Colorado.
En abril, la oficina dijo que no celebraría ninguna venta de arrendamientos en el segundo trimestre del año. No se mencionaron los trimestres futuros.
Los demandantes, entre los que se encuentran diferentes grupos comerciales como la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación, dicen que se ven «significativamente perjudicados» por la pausa indefinida, ya que han invertido millones de dólares en la adquisición de arrendamientos con la expectativa de poder obtener extensiones adyacentes.
«Si los operadores no pueden obtener acceso a estos arrendamientos adicionales necesarios para completar el desarrollo, su importante inversión se ve sustancialmente disminuida o puede perderse por completo», afirma la demanda.
La administración se enfrenta a otras demandas relacionadas con la pausa de los arrendamientos.
Trece fiscales generales, encabezados por el fiscal general republicano de Luisiana, Jeff Landry, ganaron en junio una orden judicial preliminar parcial contra la pausa después de que un juez federal dijera que los funcionarios de la administración no habían justificado suficientemente la moratoria.
Sin embargo, la administración aún no ha celebrado ninguna licitación hasta la fecha.
Dakota del Norte demandó posteriormente los aplazamientos de dichas licitaciones.
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