Informe anual de DDHH en Venezuela denuncia ejecuciones ilegales del régimen de Nicolás Maduro

Por Anastasia Gubin
11 de marzo de 2020 4:20 PM Actualizado: 11 de marzo de 2020 4:20 PM

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió hoy el informe anual de Derechos Humanos de Venezuela y destacó que durante el último año del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro han sido relevantes «las ejecuciones ilegales o arbitrarias», incluidas las ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad y colectivos armados patrocinados por el régimen.

Enumera flagelos como “desapariciones forzadas; la tortura por las fuerzas de seguridad; la detención arbitraria por las fuerzas de seguridad; las condiciones carcelarias duras y peligrosas para la vida; los presos políticos; la injerencia ilícita en la vida privada; y la falta de independencia judicial”.

El informe señala que este margen de acción se ve facilitado desde que Maduro ya había restringido previamente la libertad de expresión y de prensa bloqueando sistemáticamente las señales e interfiriendo en las operaciones de la televisión, la radio y otros medios de comunicación de propiedad privada, o cerrándolos.

Periodista polaco Tomasz Surdel, corresponsal de Gazeta Wyborcza en Venezuela, luego de ser golpeado por miembros de las FAES en el país sudamericano. (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela)

El régimen socialista también se ha valido de la violencia para reprimir las manifestaciones pacíficas y la libertad de reunión; y para intimidar, acosar y abusar de los miembros de la Asamblea Nacional (AN), “incluida la denegación de las garantías procesales y la inmunidad parlamentaria”.

Sobre las ejecuciones extrajudiciales cita en uno de los ejemplos un reporte de la ONG Observatorio Venezolano de Conflictos Sociales, donde se mencionan al menos seis casos durante las detenciones de manifestantes en los primeros seis meses del año 2019.

«Jhonny Godoy fue asesinado el 25 de enero cuando aproximadamente 20 miembros armados de la PNB y las FAES allanaron su casa en Caracas para arrestarlo. Godoy había publicado un video que se hizo viral en las redes sociales en el que denunciaba a Maduro en medio de las grandes protestas que tuvieron lugar el 23 de enero. Según las declaraciones de los testigos, al entrar en la casa de Godoy, las fuerzas de seguridad del régimen amenazaron y encerraron a su familia en una habitación antes de golpear a Godoy. Posteriormente, los agentes de seguridad lo sacaron al exterior y lo mataron a tiros», relata.

El informe detalla también sobre “la corrupción y la impunidad generalizadas entre todas las fuerzas de seguridad alineadas con el régimen de Maduro y en otras oficinas del régimen nacional y estatal, incluso en los niveles más altos; la trata de personas; la violencia contra los indígenas; y las peores formas de trabajo infantil, que el anterior régimen hizo esfuerzos mínimos por eliminar”.

Aunque Venezuela es legalmente una república constitucional multipartidaria, durante más de una década, el poder político del régimen chavista “se ha concentrado en un solo partido con un ejecutivo autoritario que ejerce un control significativo sobre el poder judicial, el poder ciudadano (que incluye al fiscal general y al defensor del pueblo) y los poderes electorales del gobierno, y que se erige en un órgano legislativo ilegítimo paralelo, la ANC, junto al ya elegido, la AN.

“El antiguo régimen de Maduro utilizó su control sobre el Tribunal Supremo (TSJ) para crear la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que desacreditó a la Asamblea Nacional (AN)” legítimamente constituida tras las elecciones democráticas de 2015. Luego “usurpó su función constitucional de legislar y debilitó el principio de separación de poderes de la Constitución”.

El documento destaca que Maduro, intentó mantenerse en el poder después de finalizar su mandato el 10 de enero de 2019, “basándose en su supuesta ‘victoria’ en las elecciones presidenciales de 2018, ampliamente condenadas por no ser ni libres ni justas, una reivindicación que no fue aceptada por la Asamblea Nacional (AN) elegida democráticamente”.

Juan Guaido durante una manifestación contra la dictadura de Nicolás Maduro, el 10 de marzo de 2020. Caracas, Venezuela. (Edilzon Gamez/Getty Images)

Luego el expresidente Maduro, “con el respaldo de cientos de miembros de las fuerzas de seguridad cubanas, se negó a ceder el control de los instrumentos del poder estatal, impidiendo que el presidente interino Guaido ejerciera su autoridad dentro del país”.

El informe estadounidense destaca cómo el control de las autoridades civiles sobre las fuerzas de seguridad disminuyó y se politizó profundamente y está al mando del régimen.

La Guardia Nacional (GNB) -una rama del ejército, depende tanto del Ministerio de Defensa como del Ministerio del Interior, Justicia y Paz, ministerio que también controla el Cuerpo Nacional de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), que lleva a cabo la mayoría de las investigaciones penales, y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que reúne información de inteligencia dentro del país y en el extranjero y se encarga de investigar los casos de corrupción, subversión y tráfico de armas.

La Policía Nacional Venezolana (PNB) también dependen del Ministerio del Interior, Justicia y Paz y los alcaldes y gobernadores son los que supervisan las fuerzas policiales municipales y estatales.

Por esta razón la PNB se centra principalmente en la vigilancia del municipio Libertador de Caracas; el patrullaje de las carreteras y ferrocarriles manteniendo una presencia mínima en siete de los 23 estados del país.

Un camión de las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales) que responden a Nicolás Maduro transporta a los diputados de la oposición de la Asamblea Nacional Zandra Castillo, Renso Pietro y Angel Torres después de registrar el Hotel en el área de El Rosal el 10 de marzo de 2020 en Caracas, Venezuela. (Leonardo Fernandez Viloria/Getty Images)

El informe anual de Derechos Humanos sobre Venezuela se suma a las graves denuncias sobre reiteradas violaciones de los derechos humanos por parte del régimen de Maduro, emitidas este 10 de marzo por la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, durante la 43° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza.

Frente a la gran cantidad de agresiones y maltratos denunciados, el informe resaltó que “las agresiones suelen estar acompañadas de una retórica que estigmatiza, expone y desacredita a las víctimas y justifica la violencia”.

“Mi oficina sigue recibiendo denuncias de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas”, añadió.

El 27 de febrero pasado, Bachelet también pidió a Maduro la liberación incondicional de todos los presos políticos.”Hemos presentado al Comité de Coordinación más de 130 casos de presuntas violaciones de los derechos de las personas privadas de libertad”.

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