En un informe de investigación publicado el 21 de diciembre, el Comité Judicial del Senado instó al Congreso a exigir a la Corte Suprema el cumplimiento de las normas éticas judiciales.
Parece poco probable que se tomen medidas sobre el informe, ya que los republicanos se están preparando para asumir el control del Senado el mes que viene. El liderazgo republicano está en contra de las propuestas de la reforma judicial presentadas por los demócratas.
En los últimos años, los congresistas demócratas han exigido reformas debido a su creciente indignación por las sentencias de la Corte Suprema con las que no están de acuerdo en temas como el aborto, el derecho a portar armas, la política ambiental y el poder del Estado administrativo.
Los republicanos afirman que la propuesta de Ley de Ética, Recusación y Transparencia de la Corte Suprema (SCERT, por sus siglas en inglés) propuesta por los demócratas es inconstitucional y está motivada por una animadversión partidista. El proyecto de ley, presentado por el senador Sheldon Whitehouse (D-R.I.), exigiría a la Corte adoptar un código de conducta vinculante que sería aplicado por un panel de jueces de tribunales inferiores facultados para investigar las quejas contra los jueces y ordenar medidas disciplinarias.
Los jueces han discrepado públicamente sobre si el Congreso tiene autoridad constitucional para controlar la Corte.
El juez Samuel Alito dijo el año pasado que el Congreso no puede hacerlo.
«El Congreso no creó la Corte Suprema» — la Constitución lo hizo, dijo. «Ninguna disposición de la Constitución les da autoridad para emitir regulaciones sobre la Corte Suprema — y punto».
Días después, la juez Elena Kagan dijo lo contrario en una conferencia en Oregón.
«No puede ser que la Corte sea la única institución que, de alguna manera, no esté sujeta a los controles y equilibrios de ninguna otra. No somos imperiales», aseguró.
El Comité Judicial del Senado aprobó el proyecto de ley en julio de 2023, pero desde entonces está paralizado.
El informe de 921 páginas presentado por la mayoría demócrata del panel, que ha criticado duramente al alto tribunal —especialmente después de que el presidente electo Donald Trump agregara tres jueces de tendencia conservadora a la corte en su primer mandato— encontró que algunos jueces estarían dispuestos a violar las leyes federales de ética judicial y que la Conferencia Judicial de los Estados Unidos, un organismo creado por el Congreso, no toma «en serio las quejas de mala conducta ética contra los jueces.»
El informe, que estuvo en proceso de preparación durante dos años, también afirma que la Corte, bajo el liderazgo del Presidente de la Corte Suprema, John Roberts, no ha preparado adecuadamente las declaraciones financieras de los jueces ni ha revisado las recusaciones en casos pendientes.
El senador Dick Durbin (D-Ill.), presidente del comité, criticó a la Corte en una declaración publicada con el informe.
«Ahora más que nunca, como resultado de la información obtenida por las citaciones, sabemos hasta qué punto la Corte Suprema está sumida en una crisis ética de su propia creación. Ya sea por no revelar lujosos regalos o por no recusarse en casos con aparentes conflictos de intereses, está claro que los jueces están perdiendo la confianza del pueblo estadounidense a manos de una pandilla de multimillonarios aduladores».
La Corte Suprema adoptó su primer código de conducta en noviembre de 2023, pero los demócratas dicen que es ineficaz porque se basa en el cumplimiento voluntario. Además, dicen que ese código no arreglará una Corte que consideran excesivamente afín a los intereses empresariales y las causas conservadoras.
El nuevo informe recomienda que el Congreso elabore e imponga a la Corte Suprema un código de conducta de obligado cumplimiento.
El informe también dice que la Conferencia Judicial «debe ser reformada y se debe mejorar su funcionamiento interno». Para ello sería necesario que el Congreso intervenga, además de introducir cambios en la Conferencia Judicial y en la Oficina Administrativa de los Tribunales de Estados Unidos.
El informe critica a los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito por supuestamente no revelar los regalos que han recibido.
Thomas, que supuestamente recibió millones de dólares en regalos de amigos como el multimillonario donante republicano Harlan Crow, «ha aceptado generosidades de benefactores en cantidades que no tienen comparación en la historia moderna de los Estados Unidos».
Alito presuntamente violó la ley federal al no revelar inicialmente un viaje de pesca a Alaska en 2008 financiado por el magnate multimillonario de fondos de cobertura Paul Singer.
Ambos jueces han negado haber actuado mal, diciendo que cumplieron con las directrices vigentes en ese momento que se basaban en una definición amplia de «hospitalidad personal».
Los republicanos del Senado han respondido que no hay pruebas de que los regalos que recibieron los dos jueces estuvieran relacionados con casos ante la Corte Suprema.
Mark Paoletta, ex asesor general de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) durante la primera administración de Trump y exasesor del entonces vicepresidente Mike Pence, dijo que el comité apuntó injustamente a los conservadores de la corte por sus decisiones.
«Toda esta investigación nunca fue sobre ‘ética’, sino sobre tratar de socavar la Corte Suprema porque la Corte ya no está emitiendo opiniones que implementan la agenda política de los demócratas», escribió Paoletta en X el día antes de que se publicara el informe.
Thomas y Alito «cumplieron las leyes, los reglamentos, los consejos y las resoluciones de la Conferencia Judicial en relación con la presentación de informes sobre viajes con amigos», añadió.
El presidente electo Donald Trump nominó a Paoletta para volver a ocupar el cargo de consejero general de la OMB.
The Epoch Times se puso en contacto con la Corte Suprema, Roberts, Thomas y Alito para pedirles comentarios. Al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.
Con información de Associated Press.
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