Un informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación de Nicaragua reavivó este miércoles el clamor ante las violaciones denunciadas en el país, donde los organismos especializados tienen vetado el ingreso.
Según el informe de Bachelet, el régimen de Daniel Ortega «no ha reconocido la responsabilidad del Estado por las múltiples violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios y detenciones arbitrarias, cometidas desde abril de 2018».
«La impunidad ha provocado la reiteración de violaciones de derechos humanos documentadas», precisó la expresidenta chilena.
La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) también apunta a que la falta de independencia del Poder Judicial y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos humanos, la reducción de espacios cívicos, falta de rendición de cuentas sobre la pandemia de la covid-19, retraso de reformas electorales y leyes contra los derechos civiles, «socavan» los derechos de los nicaragüenses.
Uno de los primeros en reaccionar fue el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Paulo Abrao, quien presenció las manifestaciones en abril de 2018, en las que, según la ONU, se reportaron «homicidios y detenciones arbitrarias».
«El nuevo informe de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) muestra el panorama general de la situación de derechos humanos en Nicaragua: las crecientes restricciones del espacio cívico y la persistente impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas de 2018», refirió Abrao, quien recordó que «Ortega ha ignorado 37 llamados de la ONU sobre situación de derechos humanos».
Impunidad
«El hecho de que el Gobierno de Nicaragua no reconozca la responsabilidad del Estado en las múltiples violaciones de derechos humanos, ha perpetuado la impunidad y fomentado la repetición de dichas violaciones», reiteró la Acnudh, en una declaración.
La Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) demando a Ortega «una verdadera y abierta colaboración, permitiendo el ingreso de los órganos de derechos humanos, los relatores, y grupos de trabajo, la Acnudh, y los mecanismos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH)».
Por su parte, Daysi Godoy, integrante del Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, afirmó que el informe de Bachelet «muestra un panorama muy preocupante» sin embargo, retrató una realidad peor, al recordar que en Nicaragua permanecen más de un centenar de opositores encarcelados, con restricciones al derecho de la libertad de expresión, asociación o reunión, y acciones contra los defensores de los derechos humanos.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) demandó «una nueva resolución, que mantenga el mandato de la Alta Comisionada, exhorte a Nicaragua a cumplir las recomendaciones pendientes, y reanude la cooperación con la Acnudh y la CIDH, autorizando su ingreso inmediato al país.
El representante de Bachelet, Alberto Brunori, resaltó que la «rendición de cuentas, la clave para acabar con la crisis de derechos humanos en Nicaragua».
En tanto, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, expuso a Nicaragua como uno de los países de América donde se cometen «abusos» contra los derechos humanos.
La crisis de Nicaragua permanece desde abril de 2018, cuando la sociedad civil organizó protestas contra medidas de Daniel Ortega, que calificó el movimiento ciudadano de «intento» de golpe de Estado.
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