La oficina de la Alta Comisionada para los DD. HH. (ACNUDH), Michelle Bachelet, dio a conocer el jueves un nuevo informe sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela, detallando tortura y tratos crueles e inhumanos.
La ACNUDH detalló en su informe que recibió informes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación, además de que continuaron las desapariciones forzadas y detenciones incomunicadas.
En los casos documentados por la ACNUDH de desapariciones forzadas, el régimen de Nicolás Maduro ha mantenido indocumentadas a las personas, sin informar de su paradero a sus abogados y familiares. Además señala que las prácticas observadas en los casos continúan suscitando preocupaciones ya que los jueces o fiscales del régimen no adoptaron medidas preventivas para proteger los derechos de las víctimas o la procuración del debido proceso, además de informes sobre violación sexual a mujeres en prisión preventiva.
Un caso mencionado en el informe es el de Juan Pablo Pernalete, quién fuera asesinado durante las protestas de 2017, por lo que la familia a través de un mensaje de Twitter respondió: «Nosotros, los padres de Juan Pablo Pernalete, queremos expresar que nos sentimos profundamente consternados al leer la actualización del informe de la ACNUDH en relación al caso de nuestro hijo, asesinado por funcionarios de la GN el #26Abril de 2017″, refiriéndose a los funcionarios de la Guardia Nacional del régimen venezolano.
El informe de la ACNUDH indica que: «El 1 de mayo de 2021, se anunció que 12 miembros de la Guardia Nacional
Bolivariana habían sido acusados por el homicidio de Juan Pablo Pernalete, quien habría resultado muerto por el impacto de una bombona de gas lacrimógeno durante una protesta en 2017».
La familia respondió: «queremos aclarar algunos aspectos del caso: 1) NO es cierto que existan 12 militares de la GN acusados. Hasta la fecha, solo están IMPUTADOS y además, en libertad», agregando que «2)El 14/6/21 entregamos documento al MP solicitando información del caso sin obtener respuesta» y además denunciaron que «3) Hemos manifestado nuestro rechazo a los delitos imputados ya que los mismos no reflejan la realidad ni la gravedad de lo ocurrido en 2017».
La denuncia ante las redes sociales de la familia de Pernalete finaliza diciendo que «4) Consideramos que esta nueva actualización del informe de la ACNUDH refleja una versión que beneficia y lava la cara del MP y del gobierno ante la Alta Comisionada. Por último, consideramos que se envía un mensaje muy peligroso de impunidad».
En el informe también menciona las 7371 protestas entre junio de 2020 y marzo de 2021 por parte de Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, la gran mayoría de ellas eran para reclamar acceso a combustible y servicios básicos.
Por otro lado, la presidenta de un partido de oposición al régimen, Delsa Solorzano escribió en un tuit: «Queremos agregar, que resulta indignante, que el informe de @mbachelet, no reconozca que la apertura de algunas investigaciones individuales, como el caso de Juan Pernalette (sic), o el Cap Acosta Arévalo, se deben a la pretensión del régimen de evadir la justicia de @IntlCrimCourt», haciendo referencia a la Corte Penal Internacional, la cual definió entre otros, los crímenes de lesa humanidad al aprobarse el Estatuto de Roma de la CPI de 1998.
La crisis de DD. HH. que suceden en Venezuela continúan ocurriendo pese a que Venezuela formara parte en 1998 de una histórica votación llevada a cabo en Roma por 139 países a favor de la creación de la Corte Penal Internacional, el cual tiene como competencia perseguir los crímenes graves para la comunidad internacional, entre ellos los crímenes de lesa humanidad. En el 2000 Venezuela suscribió y ratificó el Estatuto de Roma de la CPI.
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