La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés) describió a China como uno de los perseguidores más atroces de las religiones en el mundo, en su informe anual de 2019, publicado el 29 de abril.
Durante el último año, el régimen comunista chino intensificó su persecución contra los musulmanes uigures, los practicantes de Falun Dafa, los cristianos y los budistas tibetanos, según el informe de la USCIRF.
“No creo que sea una exageración sugerir que el gobierno chino declaró esencialmente la guerra a la fe religiosa”, dijo el comisionado de USCIRF Gary L. Bauer a La Gran Época.
Aunque en el informe se destaca que un total de 16 países violan gravemente la libertad religiosa, Bauer dijo que China se encuentra en una categoría por sí misma, a la luz de la magnitud y el alcance de la persecución a los creyentes por parte del régimen chino.
En comparación con otros transgresores que no tienen tanta influencia en el escenario mundial, China es una potencia en ascenso que está ejerciendo su influencia en todo el mundo, dijo.
“Así que tener este nivel de violación de un derecho humano básico a este nivel es realmente preocupante”, dijo Bauer.
“Es algo que más países de todo el mundo necesitan hablar, incluso es algo que podría perjudicar sus propias metas económicas”.
Guerra contra la fe
Las condiciones para los creyentes religiosos van de mal en peor en China, bajo los esfuerzos del régimen comunista para “sinicizar” las creencias religiosas, una campaña destinada a cooptar a las religiones que no están autorizadas por el Estado y que permanecen fuera del control del régimen chino, según el informe.
“China sigue siendo un país ateo y comunista”, dijo Bauer. “El Partido Comunista parece sentirse muy amenazado cuando cualquier ciudadano chino presta más atención a su propia espiritualidad y a su propia fe religiosa, que a las exigencias del gobierno chino”.
El informe menciona la creciente persecución del régimen contra las minorías religiosas y étnicas, en particular los musulmanes uigures y los budistas tibetanos.
El Departamento de Estado de EE. UU. estima que más de un millón de musulmanes uigures y otras minorías musulmanas están recluidas en campos de concentración como parte de los supuestos esfuerzos del régimen para combatir el “extremismo”.
El informe también señala que un millón de miembros del Partido Comunista Chino fueron desplegados para vivir con las familias musulmanas uigures y para informar sobre cualquier signo de comportamiento religioso “extremista”, como tener una barba “anormal”, llevar velo y acceder a materiales religiosos en línea.
Mientras tanto, el régimen continuó persiguiendo a los budistas tibetanos a través de su estrategia de asimilación forzada y represión, de acuerdo con el informe. Esta incluye el control de la educación monástica, decidir si los lugares religiosos pueden ser construidos o usados para el culto, y restringir las reuniones religiosas.
El informe afirma que la represión contra los católicos clandestinos aumentó en la segunda mitad de 2018, incluso después de la firma de un acuerdo histórico entre el Vaticano y China realizado en septiembre de 2018 que dio al régimen comunista el derecho de nombrar obispos en el lugar de la Santa Sede.
Además, las autoridades cerraron cientos de casas-iglesias y congregaciones protestantes que se negaron a registrarse en el Estado. También restringieron la práctica del cristianismo al prohibir la venta de Biblias en línea en abril de 2018, según el documento.
Sustracción de órganos
La persecución del régimen de dos décadas de duración contra los practicantes de la disciplina espiritual Falun Dafa, también conocida como Falun Gong, también fue resaltada en el informe.
En 2018, el régimen encarceló al menos a 931 practicantes de Falun Dafa por practicar su fe o distribuir material sobre la práctica al público o en línea, según el informe, citando a los defensores legales.
Bauer también dijo que la comisión recibió muchos informes creíbles de que el régimen está extirpando por la fuerza órganos de prisioneros de conciencia en China, principalmente de practicantes de Falun Dafa.
“Hay evidencia creíble de sustracción de órganos”, dijo.
El informe agregó que en 2018, “los defensores de los derechos humanos, los profesionales médicos y los periodistas de investigación presentaron pruebas adicionales de que la práctica [de la sustracción de órganos] continuaba a una escala significativa”.
“Es difícil entender… en este momento… que esta práctica bárbara todavía se está llevando a cabo, y parece que está creciendo en China”, dijo Bauer.
El régimen sostuvo que desde 2015, los órganos utilizados en el sistema de trasplante de órganos de China provienen de donantes voluntarios, pero los investigadores independientes y los abogados han puesto seriamente en duda esta afirmación.
Un informe exhaustivo de 2016 del grupo de ética de trasplantes, la Coalición Internacional para Poner Fin al Abuso de Trasplantes en China, encontró una enorme discrepancia entre las cifras oficiales de trasplantes de China y el número de trasplantes realizados en los hospitales.
Al analizar los registros públicos de 712 hospitales chinos que realizan trasplantes de hígado y riñón, el informe mostró que cada año se realizan entre 60.000 y 100.000 trasplantes, superando con creces la cifra oficial de 10.000 a 20.000 por año.
El informe concluyó que el déficit se debe en gran parte por órganos sustraídos por la fuerza a practicantes de Falun Dafa encarcelados, basados en llamadas telefónicas encubiertas a hospitales, relatos de sobrevivientes y otras pruebas.
Recomendaciones
En sus recomendaciones al gobierno de Estados Unidos, la comisión instó a la administración a emitir sanciones selectivas contra individuos en China responsables de campañas de persecución contra grupos religiosos.
Además, la administración debería plantear la cuestión de la libertad religiosa y los derechos humanos en todos los compromisos bilaterales con China, incluso en las negociaciones comerciales en curso, dijo la comisión.
El informe también enfatiza la necesidad de trabajar con las empresas estadounidenses para protegerlas contra las campañas de influencia del régimen diseñadas para suprimir la información sobre las violaciones de la libertad religiosa en China.
Bauer dijo que esta recomendación estaba dirigida a ayudar a las empresas estadounidenses a “comprender que pueden hacer más para evitar que el gobierno chino las utilice, casi como un brazo de relaciones públicas del gobierno chino”.
“Muchas empresas estadounidenses están tan preocupadas por su acceso al mercado chino, que están dispuestas a pasar por alto las violaciones de los derechos humanos y las violaciones de la libertad religiosa, o se inclinan a presionar a nuestro propio gobierno para que no sea duro con China por temor a que pueda afectar los resultados de las empresas estadounidenses”, dijo.
“Y creemos que eso es inaceptable”.
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