Después de un 2022 difícil en la Corte Suprema, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, dijo en un informe anual que la seguridad personal de los jueces debe ser una prioridad.
“La ley requiere que todos los jueces presten juramento para realizar su trabajo sin temor ni favoritismo, pero debemos apoyar a los jueces garantizando su seguridad”, escribió Roberts (pdf) en el “Informe de fin de año de 2022 sobre el poder judicial federal”, que se hizo público el 31 de diciembre.
“Un sistema judicial no puede ni debe vivir con miedo”, agregó.
En el informe, Roberts rindió homenaje al juez federal Ronald N. Davies, quien en 1957 falló a favor de los estudiantes negros en Little Rock, Arkansas, a quienes se les había prohibido asistir a una escuela secundaria local a pesar del fallo histórico de la Corte Suprema en 1954 que anuló la desegregación escolar por motivos constitucionales.
El gobernador de Arkansas, Orval Faubus, un demócrata, ordenó a la Guardia Nacional del estado que bloqueara a los estudiantes, pero “cuando llegó el momento de dictar sentencia en el litigio sobre la segregación escolar, Davies ni se inmutó”, escribió Roberts.
Multitudes enojadas resistieron el esfuerzo de eliminación de la segregación, pero el presidente republicano, Dwight D. Eisenhower, ordenó a la 101° División Aerotransportada que se asegurara de que los estudiantes negros pudieran asistir a la escuela.
En su papel como presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Roberts, designado en 2005 por el presidente George W. Bush, supervisa el poder judicial federal.
El informe no hace referencia a la filtración sin precedentes en mayo de 2022 del proyecto de opinión mayoritaria del juez Samuel Alito en el caso Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization, que anuló el caso Roe vs Wade, el precedente de 1973 que legalizó el aborto en todo el país.
Se dice que la Corte Suprema está investigando la filtración, pero aún se desconoce la identidad del filtrador o los filtradores. Varios jueces han dicho pública y repetidamente en los últimos meses que se informará al público sobre el progreso de la investigación, pero no se han emitido actualizaciones.
El informe tampoco hace referencia a las estridentes protestas en las casas de los jueces conservadores en Maryland y Virginia, ni a los ataques a jueces como Brett Kavanaugh, que fue blanco de un intento de asesinato frustrado y de hostigamiento flash-mob en salidas públicas por parte de activistas de izquierda.
Roberts defendió el derecho de los estadounidenses a no estar de acuerdo con los fallos judiciales.
“Las opiniones judiciales hablan por sí solas y no hay obligación en nuestro país libre de estar de acuerdo con ellas. De hecho, los jueces disentimos con frecuencia, a veces con fuerza, de las opiniones de nuestros colegas, y explicamos por qué, en escritos públicos, sobre los casos que tenemos ante nosotros”.
Roberts dijo que la reciente legislación de seguridad fue un paso en la dirección correcta.
Roberts reconoció que el mes pasado el Congreso aprobó la Ley de Seguridad y Privacidad Judicial Daniel Anderl para ayudar a proteger a los jueces y a sus familias. La medida lleva el nombre del hijo de la juez federal Esther Salas, de Nueva Jersey, que fue asesinado por un asaltante cuando abría la puerta de la casa de su madre.
Roberts no mencionó que el 16 de junio de 2022, el presidente Joe Biden promulgó la Ley de paridad policial de la Corte Suprema. La medida otorga a los funcionarios de la Corte Suprema mayor autoridad para proteger a la corte, a los miembros de la familia inmediata de los jueces y a otros empleados de la corte.
El informe también establece que el número de casos para el poder judicial federal, incluida la Corte Suprema, disminuyó el año pasado.
En el período de 12 meses que terminó el 30 de septiembre de 2022, la cantidad de casos registrados por la Corte Suprema se redujo en un 8 por ciento en comparación con el período anterior de 12 meses. Se observaron descensos similares en los tribunales federales de apelaciones, los tribunales de distrito y los tribunales de quiebras.
The Epoch Times contactó al Departamento de Justicia de EE.UU. en busca de comentarios, pero no recibió una respuesta inmediata.
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