Tras la publicación de un informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Xinjiang, legisladores estadounidenses y la Casa Blanca condenaron las atrocidades cometidas contra las minorías étnicas y religiosas en la región china.
El informe (pdf), publicado el 31 de agosto por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, detalla los abusos cometidos por el Partido Comunista Chino (PCCh) e indica que equivalen a crímenes de lesa humanidad.
Los dirigentes de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China emitieron una declaración conjunta el 1 de septiembre describiendo al informe como una “evaluación condenatoria del trato brutal de las autoridades chinas hacia los uigures y otras minorías étnicas en la región”.
“La conclusión de que con la detención masiva arbitraria de uigures y de otros por parte de las autoridades [del PCCh] se puede haber cometido crímenes de lesa humanidad corrobora lo que los defensores de los derechos humanos y los miembros de la diáspora uigur han documentado durante años”, dijo el senador Jeff Merkley (D-Ore.) quien preside el comité y el representante James McGovern (D-Mass.), quien lo copreside.
El informe es el resultado de años de investigaciones sobre presuntas detenciones masivas arbitrarias, vigilancia, tortura, violación y esterilizaciones forzadas en Xinjiang.
Merkley y McGovern aprovecharon la oportunidad para pedir a la comunidad internacional que detenga los excesos del PCCh y brinde asistencia a quienes huyen de China.
“Nosotros hacemos un llamado a todos los países para que presten atención al llamado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de abstenerse de devolver a los uigures y otras minorías predominantemente musulmanas a China y, en cambio, brinden asistencia humanitaria a estas personas perseguidas”, dijeron ambos legisladores.
“También instamos a otros gobiernos a implementar políticas y leyes similares a la Ley de prevención del trabajo forzado de los uigures para proteger a los consumidores y evitar que las empresas sean cómplices de actividades que secundan estas atrocidades. Aquí no hay tiempo que perder.»
“Crímenes contra la humanidad’
Xinjiang es la región más occidental y geográficamente más grande de China. Comparte fronteras con Afganistán, India, Kazajstán, Kirguistán, Mongolia, Pakistán, Rusia y Tayikistán. Xinjiang es también la patria ancestral de muchas minorías étnicas predominantemente musulmanas en China.
En 2017, comenzaron a extenderse por la comunidad internacional numerosas denuncias de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias entre estas comunidades minoritarias, según el documento.
El informe de la ONU encontró que la escala y la brutalidad de las detenciones, enmarcadas por las autoridades del PCCh como campos de reeducación obligatoria o “centros de educación de habilidades vocacionales”, probablemente califican como un crimen contra la humanidad.
“El alcance de la detención arbitraria y discriminatoria de miembros de uigures y otros grupos predominantemente musulmanes (…) pueden constituir crímenes internacionales, en particular crímenes de lesa humanidad”, dice a continuación.
Basando sus conclusiones en análisis estadísticos, imágenes satelitales, documentos del PCCh y 40 entrevistas con uigures y otras personas afectadas, el documento dice que la campaña del PCCh en Xinjiang impuso “restricciones indebidas a la identidad y expresión cultural, lingüística y religiosa; a los derechos a la privacidad y al movimiento; a los derechos reproductivos; así como en materia de empleo y derechos laborales”.
Mecanismo de represión
El informe encontró que las desapariciones forzadas y los programas de reeducación eran parte de una campaña más amplia llamada “Golpea duro” del PCCh, cuyo objetivo era frenar los riesgos planteados por el extremismo islámico.
Para impulsar la iniciativa, el PCCh usó el miedo al extremismo islámico luego de un ataque terrorista, dice a continuación. Según un libro blanco del PCCh citado en el informe, las autoridades comunistas llegaron a afirmar que los extremistas habían lanzado “miles de ataques terroristas” en Xinjiang entre 1990 y 2016.
Por ello el PCCh promulgó su Ley Antiterrorista, que clasificaba cualquier acto que creara “pánico social” como un acto de terrorismo.
El libro blanco del PCCh citado dice además que el régimen arrestó a casi 13,000 personas y “castigó” a más de 30,000 por “extremismo religioso” entre 2014 y 2019.
Sin embargo, el número real de detenidos podría ser más de un millón y los llamados «centros de educación» que se crearon para delincuentes no violentos a menudo se estaban usando para detener a personas en función de su origen étnico, religioso o trasfondo cultural, añade el informe.
Esto probablemente, según el documento, fue una violación directa del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que prohíbe la detención arbitraria
“Se han cometido graves violaciones de los derechos humanos en XUAR [Región Autónoma Uigur de Xinjiang] en el contexto de la aplicación por parte del Gobierno de estrategias contra el terrorismo y contra el ‘extremismo’”, indica a continuación.
“La implementación de estas estrategias y políticas asociadas en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang ha dado lugar a patrones entrelazados de restricciones severas e indebidas en una amplia gama de derechos humanos”.
Tortura y Genocidio
El informe encontró que «entre el 10 y el 20 por ciento de la población étnica adulta» en la región estuvo sujeta a algún tipo de detención entre 2017 y 2018, y que muchos pobladores fueron torturados con golpizas, electrocución, hambre y privación del sueño.
A otros se les prohibió hablar su lengua materna, se les obligó a hablar sólo mandarín y a recitar «canciones rojas» y otro tipo de propaganda comunista.
Además, el informe revela que las mujeres detenidas han sido obligadas con frecuencia a abortar y a ser esterilizadas como parte de un aparente esfuerzo por destruir a la población no china de la región.
Estados Unidos reconoce desde hace tiempo ese aspecto de la campaña china como un genocidio. Sin embargo, el informe de la ONU no mencionó el genocidio y optó por decir que el PCCh puede haber cometido crímenes contra la humanidad en Xinjiang.
El senador Marco Rubio (R-Fla.) denunció el hecho de que el informe no destaque el genocidio en Xinjiang, como una prueba de la influencia que está teniendo el PCCh sobre las Naciones Unidas.
«Lamentablemente, [este informe] hizo exactamente lo que esperábamos: restar importancia a la gravedad de los crímenes del Partido Comunista Chino», dijo Rubio.
«Todo el mundo, excepto aparentemente la gente de las Naciones Unidas, sabe que el Partido Comunista Chino está cometiendo un genocidio contra los uigures y otros grupos étnicos predominantemente musulmanes».
El informe señalaba que, desde el año 1953 hasta la actualidad, el número de uigures en Xinjiang descendió del 75 por ciento de la población total al 45 por ciento. Mientras que la etnia Han en la región se disparó del 7 por ciento al 42 por ciento.
Además concluyó que este dramático cambio se debe, al menos en parte, a las políticas de «hanificación» del PCCh, a través de las cuales el régimen supuestamente pretende obligar sistemáticamente a los pueblos que no son Han a adoptar la cultura Han y el idioma mandarín.
También reveló que entre 2017 y 2019, la tasa de natalidad en Xinjiang se desplomó en un 48.7 por ciento.
Por su parte, la Casa Blanca respondió favorablemente al informe, aunque calificó lo ocurrido en Xinjiang como un genocidio.
«El informe profundiza nuestra grave preocupación por el genocidio en curso y los crímenes contra la humanidad que China está perpetrando», dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, durante una conferencia de prensa el 1 de septiembre.
«Nosotros seguiremos trabajando estrechamente con nuestros socios y la comunidad internacional para que China rinda cuentas y pediremos a China que deje de cometer inmediatamente estas atrocidades, que libere a los que están detenidos injustamente, que dé cuenta de los desaparecidos y que permita a los investigadores independientes un acceso pleno y sin obstáculos a Xinjiang, Tíbet y toda China».
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