Diez años después de que los votantes de California aprobaran una controvertida medida conocida como Proposición 47, por la que algunos delitos de drogas y robo pasaban de ser delitos graves a delitos menores, en un esfuerzo por reducir la población carcelaria, crece el apoyo a una propuesta de iniciativa electoral para reformar la proposición, según los organizadores de la nueva propuesta.
El grupo informó a los funcionarios electorales que habían recogido más de 220,000 firmas —lo que representa casi la mitad de las necesarias para poder presentarse a las elecciones de noviembre— en los primeros 30 días de circulación de las peticiones.
Los partidarios dicen que el ritmo de la recolección de las firmas es rápido porque la mayoría de los californianos están a favor de modificar la ley para adaptarla a las necesidades actuales.
Aproximadamente el 70 por ciento de los californianos encuestados por los organizadores en noviembre de 2023 dijeron que están a favor de la propuesta, según el sitio web del grupo.
«Hemos visto un número récord de votantes que buscan firmar la petición para colocar esta medida en la boleta electoral, a veces esperando en la fila para hacerlo», dijo el presidente de la campaña Greg Totten —también director ejecutivo de la Asociación de Fiscales de Distrito de California— en un comunicado de prensa del 25 de enero. «La medida es de sentido común e inyecta responsabilidad de nuevo en nuestras leyes para los reincidentes de robo y para los delitos relacionados con el fentanilo y otros delitos graves de drogas».
Conocida como la Ley de Reducción del Robo, la Drogadicción y la Falta de Vivienda, la medida aumentaría las penas para los reincidentes de robo y ciertos delitos de drogas para contrarrestar la actividad delictiva que afecta al estado.
«No hay duda de que la Prop. 47 nos ha traído desafíos únicos», dijo Ron Freitas, fiscal de distrito de San Joaquín, a The Epoch Times. «La Asociación de Fiscales de Distrito de California está trabajando en esta iniciativa para hacerla más viable para los californianos y las empresas».
Otro experto en aplicación de la ley y partidario de la nueva iniciativa dijo que la medida es urgentemente necesaria porque la Legislatura ha fracasado repetidamente a la hora de actuar sobre las consecuencias imprevistas provocadas por la Proposición 47.
«La única manera de arreglar la Proposición 47 es volviendo a las urnas a través de una iniciativa», dijo a The Epoch Times Jeff Reisig, fiscal de distrito del condado de Yolo. «Históricamente, la Legislatura ha rechazado todos los intentos de reformar la Proposición 47, así que no hay ninguna razón racional para creer que la Legislatura vaya a abordar esto».
Al menos siete proyectos de ley que buscan abordar cuestiones relacionadas con la proposición en los últimos tres años han sido denegados por la Legislatura.
Un proyecto de ley presentado recientemente por el asambleísta Carlos Villapudua, el Proyecto de Ley de la Asamblea 1787, reconoce los desafíos presentados por la ley y busca identificar soluciones.
«Por muy bien intencionada que fuera la Proposición 47, tenemos que ajustarnos a la realidad que ha creado en California», dijo Villapudua a The Epoch Times por correo electrónico a principios de este mes al presentar su proyecto de ley. «Los negocios están cerrando, y los empleados y clientes están siendo puestos en peligro durante incidentes de robos agresivos en comercios».
Algunos señalan que esta propuesta puede contribuir también al reciente aumento del número de personas sin hogar, del consumo de drogas y de los delitos contra la propiedad.
También dicen que permite a los ladrones actuar libremente porque los reincidentes sólo están sujetos a cargos por delitos menores, mientras que antes los fiscales podían acusar de delitos graves a los reincidentes.
«Eso, en particular, ha alimentado esta crisis de robo al por menor donde se ve a la gente salir de las tiendas con los productos día tras día», dijo el Sr. Reisig, el fiscal de distrito del condado de Yolo. «Algunos de ellos lo hacen varias veces al día, 10 veces a la semana, ese tipo de cosas».
Sin consecuencias para los robos por un total de menos de USD 950 por incidente, algunos delincuentes están aprovechando los riesgos limitados para robar, dijo.
«Todo se remonta a la Proposición 47, que eliminó de la ley toda responsabilidad significativa», dijo Reisig. «Se les pone una multa, en el mejor de los casos, y la mayoría no acude a los tribunales por esa multa; simplemente siguen robando».
La nueva medida permitiría a los fiscales sumar los importes de los robos para alcanzar umbrales de delito grave y restablecería el derecho a acusar de delitos graves a los reincidentes.
Mientras que los defensores de la ley de reforma de la justicia penal aprobada hace una década apuntan a datos que sugieren que la delincuencia se ha reducido respecto a las tasas más altas de principios de los 90, otros dicen que las estadísticas son erróneas porque muchos robos no se denuncian.
«Muchos de los comercios han dejado de denunciar porque no pasa nada, porque las leyes son tan débiles y carentes de sentido que se han frustrado», dijo el Sr. Reisig. «Los datos no sirven».
La desconexión entre los datos de las detenciones y las pérdidas experimentadas por los comercios contribuye aún más a que no se comprenda la situación, dijo.
«Cree en lo que ves», dijo el señor Reisig. «Cuando la gente normal entra en las tiendas y ve cosas detrás de un cristal y nuevos guardias de seguridad, y ven videos de personas que salen corriendo con productos, estas son pistas, todas estas son piezas de evidencia de que hay una crisis real».
Señalando la interconexión de los problemas de la indigencia, las drogas y los robos en comercios, dijo que los tres contribuyen a un «círculo vicioso» que está afectando negativamente a las comunidades de todo el estado.
Con la reducción de los cargos por drogas de delitos graves a delitos menores, las opciones de los tribunales de drogas —usadas normalmente para incentivar el tratamiento en lugar de la prisión— disminuyeron porque las sentencias se redujeron hasta un punto en el que las opciones de tratamiento ya no se consideraban atractivas para los condenados, según los expertos.
«Ese cambio también ha alimentado la crisis de los indigentes», dijo Reisig. «La Proposición 47 nos quitó la capacidad de poner a esas personas en tratamiento».
Después de tres detenciones por posesión de drogas «duras» —incluyendo fentanilo, metanfetamina, cocaína o heroína— se aplicarían cargos por delito grave, aunque el tratamiento obligatorio sería una opción y daría lugar a la cancelación si se completa con éxito, según la nueva iniciativa.
También los traficantes de fentanilo serían objeto de penas más severas por posesión de una onza o más, con advertencias de posibles cargos de asesinato para todos los condenados por posesión del opioide sintético mortal si sus acciones futuras provocan la muerte.
«El fentanilo está matando a un número récord de personas en California, y actualmente hay muy pocas penas para los traficantes de fentanilo», dijo Reisig. «Y esta iniciativa los expondría a penas de prisión y penas significativas por vender fentanilo».
Los organizadores dijeron a The Epoch Times que la recolección de firmas ha avanzado mucho en todo el estado. Aproximadamente 560,000 firmas deben ser verificadas antes del 27 de junio para calificar para la boleta electoral de noviembre de 2024 durante las elecciones presidenciales en todo el estado.
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