La administración Trump instó a la Corte Suprema a dejar en vigor una orden de deportación contra un inmigrante ilegal mexicano condenado por usar fraudulentamente una tarjeta de Seguro Social para obtener empleo, un argumento que fue recibido con escepticismo por algunos jueces.
Este caso es una apelación de la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito, que se puso del lado del gobierno federal. Si la Corte Suprema falla a favor del posible deportado en el caso sumamente técnico, eso podría traer más desafíos legales a los esfuerzos de la administración de deportar a los inmigrantes ilegales condenados por delitos.
Ocho magistrados, en lugar de los nueve habituales, escucharon los argumentos por teléfono el 13 de octubre, en el caso conocido como Pereida v. Barr.
La Corte Suprema tiene solo ocho miembros debido al fallecimiento de la jueza Ruth Bader Ginsburg el 18 de septiembre. Hoy fue el último día de audiencias ante el Comité Judicial del Senado para la confirmación de la jueza Amy Coney Barrett de la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito, a quien el presidente Donald Trump nominó como reemplazo.
Clemente Avelino Pereida, un ciudadano mexicano casado ahora con tres hijos, quien ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 1995, fue condenado en Nebraska por intento de suplantación de identidad, un delito menor, relacionado con el uso fraudulento de una tarjeta de Seguro Social para obtener empleo, un cargo al que se acusa a los inmigrantes ilegales frecuentemente.
Los funcionarios de inmigración notificaron a Pereida para comparecer en 2009, alegando que era elegible para la deportación. Él admitió las acusaciones y de que era removible, pero en 2011 presentó lo que se conoce como una cancelación de remoción 42B. Pero para calificar a la cancelación 42B, el solicitante debe demostrar que ha sido una persona de buen carácter moral, que no ha sido condenado por un delito que lo haría inadmisible o removible, y que deportarlo resultaría en lo que la ley llama «dificultad excepcional y extremadamente inusual” para un pariente calificado.
En 2014, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. le pidió a un juez de inmigración que ignorara la solicitud de Pereida porque, según las autoridades, él había sido condenado por un delito de vileza moral. El juez estuvo de acuerdo en que usar una tarjeta del Seguro Social de manera fraudulenta era un delito que involucraba vileza moral y rechazó su solicitud de suspender su deportación.
La vileza moral es un término técnico legal que describe «un acto o comportamiento que viola gravemente el sentimiento o el estándar aceptado de la comunidad». El término se utiliza en procedimientos de deportación, inhabilitación y disciplinarios.
Pero, como descubrieron los funcionarios judiciales durante el proceso, no está claro exactamente en qué parte del estatuto de Nebraska se condenó a Pereida. Eso es importante porque parece que podría haber sido condenado en virtud de una subsección de la ley que no tenía relación con la vileza moral. Y era, según las cortes, la responsabilidad legal de Pereida de demostrar que no fue condenado por ningún delito que implicara vileza moral.
Sea como fuere, el gobierno comunicó a la Corte Suprema que Pereida no cumplió con la carga legal correspondiente.
El peticionario “reconoce en su respuesta y nuevamente esta mañana, que su carga incluye demostrar que no tiene condena inhabilitante. El peticionario no ha llevado a cabo ese deber, por lo que no es elegible para la cancelación”, dijo el abogado Jonathan C. Bond de la oficina del fiscal general de Estados Unidos.
Pereida “se declaró culpable de violar un estatuto que cubre múltiples delitos, algunos de los cuales son descalificadores”, dijo Bond. “Por lo tanto, fue su deber demostrar que fue condenado por un delito no inhabilitante en virtud de ese estatuto (…) Si el expediente de condena no es concluyente, la parte con la carga no lo ha llevado a cabo”.
Bond repitió ese razonamiento al responder a una pregunta del juez Stephen Breyer.
“Entonces, en este caso, cuando el inmigrante incluye en su descripción de sus antecedentes penales y está claro que él podría tener una condena que lo descalifica, la regulación es clara en que él tiene el deber de demostrar que no se aplica”, dijo Bond.
En respuesta, la jueza Sonia Sotomayor le dijo a Bond que la carga de la prueba sobre Pereida no es alta, diciendo que es «solo por una preponderancia de la evidencia (…) un estándar muy bajo (…) es el 51 por ciento».
El juez Neil Gorsuch le sugirió a Bond que hay “una gran cantidad de delitos menores en todo el país” en los que es posible que los acusados no puedan discernir fácilmente si han sido condenados por un delito que implique vileza moral.
En este caso, Pereida “no estaba usando una tarjeta del Seguro Social para estafar a nadie en nada, sino solo para conseguir un trabajo”, dijo Gorsuch.
El juez Brett Kavanaugh sugirió que la deportación sería injusta.
Pereida “ha vivido aquí durante 25 años en Estados Unidos, tiene esposa y tres hijos aquí, uno de los cuales es ciudadano estadounidense, trabaja en construcción y limpieza, tuvo un número de Seguro Social fraudulento, lo cual le valió una multa de USD 100 pero sin tiempo de cárcel bajo la ley estatal”, dijo Kavanaugh.
«Eso parece una delgada línea [en la cual apoyarse] para hacer a alguien categóricamente inelegible para cancelar la deportación».
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