Miguel Martínez, mexicano de 39 años residente en Bakersfield (California), fue condenado el jueves a seis años de prisión por liderar un fraude de 25 millones de dólares contra el IRS. Se enfrenta a 10 años de prisión.
Era uno de los dos hombres de la zona de Bakersfield acusados de conspiración para defraudar a Estados Unidos y presentación de reclamaciones falsas al IRS. También fue acusado de usurpación de identidad.
Agentes especiales de Investigación Criminal del IRS investigaron la red delictiva, cuyo objetivo eran los contribuyentes.
Martínez, que se declaró culpable en junio, estuvo a cargo de un esquema que duró desde noviembre de 2019 hasta junio de 2023 en el que se presentaron cientos de declaraciones de impuestos fraudulentas, lo que le permitió a Martínez reclamar millones de dólares en reembolsos.
Para llevar a cabo su delito, Martínez robó identidades y creó empresas falsas, declaró salarios falsos y retuvo información comercial al IRS. Martínez también presentó cientos de declaraciones de renta individuales al IRS basándose en identidades robadas, declarando que las personas trabajaban para sus empresas falsas e informando sobre sus salarios falsos. Martínez no actuó solo.
Martínez utilizó a varias personas para ayudarle a llevar a cabo la estafa. Entre ellas se encontraba el coacusado de Martínez, Víctor Cruz, un hombre de 38 años que preparaba declaraciones de renta en Bakersfield y que supuestamente ayudó a presentar algunas de las declaraciones fraudulentas.
También incluía a un exexaminador fiscal del IRS que asesoró a Martínez sobre cómo evitar los sistemas de detección de fraude del IRS. A cambio, Martínez “les pagaba miles de dólares y les invitaba a cenas de lujo”, según el comunicado.
Como resultado de la estafa, el IRS pagó 2.3 millones de dólares en devoluciones de impuestos. Cuando los agentes federales arrestaron a Martínez y registraron sus tres domicilios, encontraron 750,000 dólares en cheques fraudulentos de devolución de impuestos, las tarjetas de identificación de más de 200 personas y múltiples armas de fuego y munición que no podía poseer legalmente debido a su situación ilegal en Estados Unidos.
Al principio de la investigación, Martínez dijo inicialmente a los agentes de la Administración que no tenía conocimientos ni participación en la preparación de impuestos para terceros, y que sólo vendía oro y dirigía un negocio de alquiler de material para fiestas. También dijo que no conocía a otras personas implicadas en la trama y que no tenía ningún mensaje de texto u otras pruebas relevantes. Esas declaraciones, sin embargo, fueron posteriormente desmentidas por su condena en este caso.
“Martínez trató de robar millones en fondos de los contribuyentes destinados a proporcionar servicios para todos nosotros”, anunció el fiscal Phillip A. Talbert. “La sentencia de hoy es apropiada para alguien que encarna un desprecio tan imprudente por la ley. Esta oficina continuará nuestros esfuerzos para llevar ante la justicia a quienes organicen y dirijan tales esquemas”.
Añadió: “[La] sentencia es un fiel reflejo del compromiso de colaboración entre el IRS-CI y la Oficina del Fiscal de EE.UU. para proteger a las personas en nuestras comunidades, defender un sistema fiscal justo y sacar a la luz la justicia”.
Tanto Martínez como Cruz fueron acusados en octubre de 2023. Víctor Cruz está a la espera de juicio.
A pesar de las crecientes tensiones en torno a la inmigración ilegal, California ha seguido adelante con polémicos proyectos de ley, como la aprobación el mes pasado por el Senado de California de un proyecto de ley para ayudar a los inmigrantes ilegales a obtener el pago inicial de una vivienda. El gobernador Gavin Newsom vetó la ley.
Un proyecto de ley aprobado por la legislatura estatal también ampliaría los beneficios de desempleo a los inmigrantes ilegales. Se introduciría un Programa de Trabajadores Excluidos permanente para dar asistencia en efectivo similar a las prestaciones del seguro de desempleo a los trabajadores desempleados que no son elegibles para el seguro de desempleo debido a su estatus migratorio. El Estado también está estudiando la posibilidad de conceder descuentos en la telefonía móvil a los inmigrantes ilegales.
Un informe titulado “El coste de la inmigración ilegal para los contribuyentes”, elaborado para la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Representantes, califica el actual aumento de la inmigración ilegal como algo “sin precedentes” y a los inmigrantes ilegales como una “fuga fiscal neta, lo que significa que reciben más en servicios gubernamentales de lo que pagan en impuestos”.
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