LOS ÁNGELES. Algunos inquilinos en California se enfrentan a un aumento del 10 por ciento en los alquileres a partir del 1 de agosto.
Eso significa un aumento mensual de USD 200 a USD 300 en promedio para muchos inquilinos en el sur de California, que ya están pagando algunas de las tarifas más altas del país.
Los aumentos de alquiler están autorizados por una ley estatal de control de alquileres y protección de inquilinos, el Proyecto de Ley 1482 de la Asamblea, que fue firmado por el gobernador en octubre de 2019.
El aumento podría agregar presión a los inquilinos que ya están gastando cantidades desproporcionadas de sus ingresos en el alquiler, según Unai Montes, portavoz de Housing California, una organización para personas sin hogar.
“Desde la perspectiva de la vivienda, estamos muy preocupados por aquellos que están gastando demasiado en vivienda; eso los hace vulnerables”, le dijo Montes a The Epoch Times.
Muchos inquilinos en el estado están atrapados viviendo donde están, a pesar de que están siendo exprimidos por los altos costos de la vivienda y los precios más altos en todo, dijo.
El estado debe continuar enfocándose en aumentar la oferta de viviendas y otros programas para ayudar a los residentes, dijo.
El AB 1482 limita los aumentos anuales de los alquileres en el estado al 5 por ciento, más el coste de la vida, que alcanzó el 9.1 por ciento a nivel nacional el mes pasado, pero restringe la mayoría de los aumentos al 10 por ciento.
Las moratorias de aumento de alquileres impuestas a los propietarios por las jurisdicciones estatales y locales han estado vigentes durante la mayor parte del período de la pandemia. Para los propietarios que aún luchan por recuperarse, los aumentos podrían no ser de mucha ayuda.
“Hay muchos propietarios a los que todavía no se les ha pagado”, le dijo a The Epoch Times Brittney Benson, gerente general de la Asociación Nacional de Propietarios Independientes con sede en Los Ángeles. “Si alguien no paga el alquiler, aumentarlo no hará una gran diferencia”.
El estado estima que alrededor de 1.5 millones de inquilinos enfrentan el desalojo luego de la moratoria que les permitió reclamar la exención de los pagos de alquiler si se vieron afectados por la pandemia. Algunos propietarios no han recibido pagos de alquiler de los inquilinos durante más de dos años y están esperando para iniciar el proceso de desalojo.
Los aumentos de alquiler pueden dar a los propietarios la oportunidad de ponerse al día, pero también podrían crear más problemas, dijo Benson.
“Eso definitivamente puede ser un salto significativo para [los inquilinos] cada mes”, dijo Benson. “Me temo que, con ese tipo de aumentos, los inquilinos se mudarán y buscarán algo más barato. Definitivamente es un desastre”.
La ley fijó topes de alquiler y estableció requisitos de causa justa que debían cumplirse antes de que un propietario pudiera desalojar a un inquilino. La ley exime a la mayoría de las viviendas unifamiliares y condominios, propiedades comerciales y viviendas construidas en los últimos 15 años, según la Asociación de Apartamentos de California, el grupo comercial estatal más grande del país para propietarios, inversores y desarrolladores de viviendas y apartamentos de alquiler.
En las ciudades que ya cuentan con una ordenanza de control de alquileres, AB 1482 extiende los límites de alquiler a algunas viviendas adicionales que no están cubiertas por las leyes locales existentes, dijo la asociación.
La asequibilidad de la vivienda es un gran problema para la mayoría de los californianos, según los encuestados en marzo por Instituto de Políticas Públicas de California.
“Hoy, los residentes de Los Ángeles, el Área de la Bahía de San Francisco y Orange/San Diego son más propensos que los de otros lugares a decir que es un gran problema”, dijo el instituto en un comunicado.
En Los Ángeles, el 71 por ciento de los encuestados dijo que la asequibilidad de la vivienda es un gran problema, y en el Condado de Orange, el 66 por ciento estuvo de acuerdo.
Según la encuesta, un récord del 46 por ciento de los californianos dice que sus costos de vivienda hacen que ellos y su familia consideren seriamente mudarse fuera del área del estado en el que viven, y la mayoría de ellos dice que ha considerado seriamente mudarse fuera del estado.
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