La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Trabajo de EE.UU. ha dicho que los delincuentes robaron miles de millones de dólares en subsidios por desempleo, que se emitieron durante la pandemia, y usaron una parte para comprar drogas y armas.
En marzo de 2020, el Congreso lanzó un programa de ayuda por desempleo para los estadounidenses que no pudieron trabajar como resultado de los confinamientos, en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES).
Sin embargo, la OIG descubrió que varios estados no protegieron de pagos indebidos, incluido el fraude, a algunos de los fondos y que la Asistencia por Desempleo a causa de la Pandemia se otorgó a personas que en realidad no eran elegibles.
En un informe (pdf) publicado el 30 de septiembre, la OIG señaló que entre los cuatro estados en los que centró su investigación -California, Georgia, Kentucky y Michigan- se pagaron indebidamente un total de USD 30,400 millones de los USD 71,700 millones de la Ayuda al Desempleo por la Pandemia y de la Compensación Federal por Desempleo a causa de la Pandemia, lo que supone el 42.4 por ciento de los pagos.
Se estima que probablemente se pagaron USD 9900 millones a los estafadores en esos estados, incluidas las «empresas criminales» que descubrieron que el fraude al seguro de desempleo es un «delito de bajo riesgo y alta recompensa», según el informe.
“Han invertido ingresos fraudulentos del UI [Seguro de Desempleo] para promover otras actividades delictivas, como la compra de armas y drogas. Las personas que encontramos, que son fundamentales para esta conducta, han sido acusadas de cargos que incluyen la conspiración para extorsionar”, afirma el informe.
El informe se centró en los pagos de beneficios por desempleo realizados entre el 28 de marzo de 2020 y el 14 de marzo de 2021.
Solo en California, los criminales robaron aproximadamente USD 20,000 millones en dinero de desempleo, según el Departamento de Desarrollo de Empleo de California (pdf).
“Una parte importante es atribuible al fraude”
La OIG culpó de los pagos fraudulentos a una serie de problemas, incluido que los estados no realizaron las pruebas de elegibilidad, inicialmente permitieron a los reclamantes autocertificar su elegibilidad, y a que la Administración de Empleo y Capacitación había sido lenta en la supervisión de los pagos.
A principios de este año, la OIG le dijo al Congreso (pdf) que “al menos USD 163,000 millones en beneficios de UI por la pandemia” podrían haberse pagado indebidamente a los estadounidenses, “con una parte significativa atribuible al fraude”.
Tras crecientes informes de fraude, el fiscal general Merrick Garland estableció el Grupo de Trabajo anti-Fraude de COVID-19 en 2021 para ayudar a identificar, investigar y enjuiciar el fraude al estímulo pandémico por COVID-19.
Las autoridades han presentado cargos contra una serie de empresas delictivas relacionadas con el fraude al seguro de desempleo, entre ellas la banda Robles Park de Tampa (Florida), que supuestamente recibió más de USD 420,000 y utilizó el dinero para comprar drogas y armas buscando aumentar su dominio, según expedientes judiciales (pdf).
Once miembros de la pandilla Woo, con sede en Brooklyn, también fueron acusados en un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, a principios de este año. Los fiscales dijeron (pdf) que los pandilleros obtuvieron de manera fraudulenta USD 4.3 millones en beneficios por desempleo.
Sin embargo, miles de delincuentes más aún no se han enfrentado a ninguna repercusión por los miles de millones de dólares robados de los fondos.
El mes pasado, el Departamento de Justicia anunció la creación de tres equipos de fuerza de choque para reforzar los esfuerzos en curso para combatir el fraude relacionado con el COVID-19 y evitar que se repita en el futuro.
«Estos equipos de fuerza de choque se basarán en los esfuerzos históricos del Departamento para disuadir, detectar y desbaratar el fraude pandémico dondequiera que ocurra», dijo Garland en un comunicado de prensa. Agregó: «Desde el comienzo de esta pandemia, el Departamento de Justicia ha incautado más de USD 1200 millones en fondos de ayuda que los delincuentes intentaban robar, y ha acusado a más de 1500 personas por delitos en los distritos federales de todo el país, pero nuestro trabajo está lejos de terminar».
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