La Interpol en España detuvo a un ciudadano ecuatoriano, antiguo responsable de Inteligencia del gobierno de Rafael Correa vinculado con el presunto secuestro de un exdiputado, informó hoy el ministro del Interior de Ecuador, Mauro Toscanini.
La detención se realizó hoy a las 12:36 hora de España, (5:36 de Ecuador) en el municipio madrileño de El Escorial, después que a primera hora de la madrugada del sábado, se activara la alerta roja de Interpol por solicitud de las autoridades ecuatorianas, precisó.
«Las oportunas acciones del Estado ecuatoriano permitieron que la Interpol en España detuviera al ciudadano ecuatoriano Pablo Romero Quezada, exsecretario nacional de Inteligencia del gobierno de Rafael Correa, vinculado al caso de presunto secuestro de Fernando Balda», indica un boletín de la Secretaría de Comunicación.
Además, la justicia ecuatoriana ha solicitado la extradición del detenido para que pueda ser puesto bajo disposición de la Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que realiza una instrucción fiscal sobre el caso, admitido a trámite a principios de este año.
La nota añade que la jueza del tribunal Daniela Camacho solicitó la difusión de la orden de detención internacional de Pablo Romero por el «supuesto delito de asociación ilícita y secuestro del exasambleísta Fernando Balda, ocurrido en agosto de 2012».
Y precisa que de conformidad con la legislación española, la audiencia de formulación de cargos para el proceso de extradición del ciudadano se producirá en las próximas 72 horas.
Tras la audiencia, la Fiscalía General tendrá un plazo de 30 días para enviar todas las pruebas procesales para su extradición.
El caso del presunto secuestro del exdiputado ecuatoriano, que se encontraba en Colombia en 2012 cuando ocurrieron los hechos, podría conducir mañana a la vinculación del expresidente Correa en una audiencia programada en la CNJ en Quito.
La nota concluye asegurando que «el Gobierno Nacional respeta la autonomía de las funciones del Estado. A la Fiscalía General y a la Corte Nacional de Justicia les corresponde proceder con la extradición y con el desarrollo de los procesos respectivos».
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