El gran jurado de Florida que investiga las presuntas irregularidades relacionadas con las vacunas contra COVID-19 se encontró con dificultades para obtener la cooperación de la administración Biden, según un informe preliminar publicado el viernes.
El gran jurado, constituido a raíz de la petición del gobernador Ron DeSantis a la Corte Suprema del estado, se centró en la seguridad y eficacia de las vacunas en su primer informe preliminar.
Sr. DeSantis, tratando de hacer frente a las denuncias de información errónea sobre las vacunas y su eficacia, solicitó a la Corte Suprema del estado convocar al gran jurado en diciembre de 2022.
En cambio, el primer informe interno del gran jurado, se focalizó en la falta de cooperación federal y en la eficacia de los cierres y las mascarillas.
El panel subrayó la complejidad de la cuestión de las vacunas, afirmando que las respuestas buscadas por la investigación no podían determinarse «en el vacío» y que la cooperación de la administración Biden era crucial para comprender la aprobación, el despliegue y la administración de las vacunas.
Sin embargo, según el gran jurado, el gobierno de Biden no cooperó «plenamente» en la obtención de testimonios de los funcionarios. Esta falta de cooperación fue uno de los principales obstáculos a los que se enfrentó el gran jurado, que tenía una autoridad legal limitada para obligar a prestar testimonio a las partes pertinentes.
Se solicitó el testimonio de testigos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Ejército de Estados Unidos, entre otros.
El informe destaca que estas agencias tenían un papel sustancial en el proceso de contratación, aprobación y distribución de las vacunas.
«Estas agencias han optado por no proporcionar representantes que testifiquen ante este órgano, y la ley federal nos prohíbe obligarles a cooperar», indica el documento.
El jurado añade que algunos «posibles testigos» expresaron su preocupación por la «imparcialidad subyacente» del gran jurado y decidieron no testificar por miedo a las «consecuencias».
«Desgraciadamente, no todos nuestros esfuerzos de investigación se han visto correspondidos con una cooperación plena. Algunos posibles testigos han optado por no testificar, a menudo citando posibles consecuencias profesionales o personales derivadas de su participación en el proceso del Gran Jurado Estatal», sostiene el informe.
El jurado señaló que, independientemente de su participación, existía una gran cantidad de información a disposición del público sobre sus justificaciones para la toma de decisiones en torno a las vacunas.
El panel dijo además que no penalizaría a nadie por negarse a participar y que daría la bienvenida a cualquier representante o testigo de una entidad gubernamental que no estuviera de acuerdo con sus conclusiones para que «viniera a Tampa y ofreciera su testimonio bajo juramento.»
En su informe inicial, el gran jurado se centró en el riesgo de COVID-19 y exploró «otras modalidades» para contener el virus, como los cierres y las mascarillas.
El informe criticó la falta de «pruebas sólidas sobre la eficacia contra la transmisión del SARS-CoV-2» de las mascarillas y cierres.
Este concluyó que los cierres «intercambiaban» el bienestar de los adultos de más edad y más ricos que podían permitirse estar en cuarentena con niños, jóvenes y adultos de entre 20 y 30 años «escasamente representados».
«En todo caso, el resultado fue un modesto beneficio para el primer grupo a expensas del segundo», afirma el documento.
Los autores acusan a las autoridades sanitarias de no administrar intervenciones basadas en los mejores datos científicos disponibles y destacan casos en los que se ignoraba o atacaba dicha investigación.
Las agencias sanitarias y el gobierno federal fueron duramente reprendidos por no facilitar información precisa sobre las mascarillas.
«Siempre ha habido dudas legítimas sobre la inviabilidad del cumplimiento individual de las recomendaciones sobre el uso de mascarillas, pero una vez que quedó claro que el principal vector de transmisión del SARS-CoV-2 era el aerosol, su eficacia potencial se redujo aún más», sostiene el informe.
«Las agencias de salud pública no explicaron adecuadamente esta importante distinción al público estadounidense en favor de una amplia recomendación de mascarillas que no distinguía lo suficiente entre los tipos de mascarillas disponibles y ponía en riesgo a aquellos a los que pretendía ayudar».
El informe acusa a las agencias federales de esconderse tras estudios defectuosos «para evitar la posible vergüenza de que el consejo de salud pública que defendían fuera invalidado por las evidencias».
Los requisitos en torno al «distanciamiento social» también fueron ridiculizados en el informe, que encontró que el público fue engañado cuando se les dijo que se mantuvieran a dos metros de distancia.
«La distancia entre las personas no es tan importante como el hecho de que se encuentren en un entorno interior o exterior y de que dicho entorno esté sujeto a una circulación de aire adecuada», sostiene el informe. «Incluso hoy en día, esta importante información falta en las directrices de distanciamiento social de los CDC».
Estas intervenciones no farmacéuticas impuestas en respuesta a la pandemia no se basaban en los mejores datos científicos disponibles, según el panel. Además, se apartaron significativamente de la investigación disponible.
«A menudo esta investigación fue ignorada por los responsables políticos institucionales. En ocasiones, incluso fue atacada. Es triste que algo tan simple como seguir la ciencia constituya un acto de herejía, pero aquí estamos», indica el informe.
En su petición a la corte, el 13 de diciembre de 2022, el Sr. DeSantis argumentó que los individuos y las empresas pueden haber creado la percepción de que recibir la vacuna contra COVID-19 evitaría la propagación de la enfermedad.
La Corte Suprema de Florida designó al juez Ronald Ficarrotta, con sede en Tampa, para presidir el gran jurado.
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