El 13 de noviembre, unos investigadores instaron a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito a ordenar la publicación de documentos retenidos relacionados con el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963.
La Fundación Mary Ferrell pretende anular la desestimación de su caso por parte de una corte inferior, cuyo objetivo es obligar a la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA) a divulgar el resto de los registros del asesinato.
El abogado William Simpich, que representa a la fundación y a los investigadores Josiah Thompson y Gary Aguilar, argumentó que la Ley de Archivos de JFK exige la rápida publicación de todos los documentos relacionados con el asesinato.
«Esta ley correctiva fue diseñada para hacer públicos estos documentos lo antes posible», declaró Simpich durante una vista celebrada en San Francisco el 13 de noviembre.
Sostuvo que la autoridad del presidente para retener documentos en virtud del artículo 5(g)(2)(D) de la ley (que permite aplazar la divulgación si pudiera perjudicar la defensa militar, las operaciones de inteligencia, la aplicación de la ley o el desarrollo de las relaciones exteriores) no debe interpretarse de forma aislada.
«Y la Sección 6… dice que hay que cumplir con las limitaciones de la ley», argumentó Simpich.
El gobierno sostuvo que la determinación del presidente de que la divulgación de ciertos registros perjudicaría la seguridad nacional es motivo suficiente para retenerlos.
Los jueces preguntaron a Simpich cómo podía la corte anular la decisión presidencial en relación con la seguridad nacional.
«En su opinión, ¿podemos decir que… se equivoca al pensar que la publicación de los archivos podría ser perjudicial?», preguntó un juez.
Simpich aclaró que no estaban cuestionando la valoración del presidente, sino que buscaban especificidad en las razones para retener cada registro.
«Lo único que pedimos es que diga de qué se trata», dijo. Dijo que la falta de una justificación detallada socava la intención de la ley de promover la transparencia.
Simpich señaló que muchos documentos considerados sensibles se han hecho públicos sin efectos adversos.
«Muchos de estos documentos que se consideraban de seguridad nacional ya se han hecho públicos, y en general se refieren a las relaciones exteriores con México», afirmó.
Cuando un juez comentó: «Las relaciones exteriores con México son importantes», Simpich reconoció: «Todo es importante. Lo que digo es que la cuestión es si la mayoría de estas cosas suelen ser embarazosas, no la seguridad nacional».
En representación del gobierno, el abogado Peter Starcher afirmó que la corte de distrito actuó correctamente al denegar el requerimiento judicial preliminar.
«La corte aquí presente no abusó de su discreción al denegar la solicitud de medida cautelar preliminar… ante este tribunal hoy», dijo Starcher.
La fundación también cuestionó el uso de «planes de transparencia» por parte de NARA y el Centro Nacional de Desclasificación (NDC), argumentando que dichos planes eluden la función del archivero y los requisitos de la ley.
Simpich expresó su preocupación por el hecho de que las decisiones relegadas al NDC, que trabaja en estrecha colaboración con las agencias de inteligencia, pudieran dar lugar a una influencia indebida.
«En lugar de que sea el archivero quien haga estas recomendaciones, está ocurriendo con el NDC, donde los reguladores pueden dejarse influir fácilmente por los regulados cuando trabajan con ellos a diario», dijo.
La corte no emitió una decisión inmediata y tomó el caso bajo sumisión.
La Fundación Mary Ferrell, que lleva el nombre de una célebre investigadora del asesinato de JFK, sigue abogando por la plena divulgación de todos los registros relacionados con el asesinato.
Tanto el presidente electo Donald Trump, cuando era presidente, como el presidente Joe Biden han invocado la autoridad ejecutiva para posponer la divulgación de ciertos registros del asesinato de JFK, citando preocupaciones de seguridad nacional.
Estos aplazamientos han retrasado la divulgación completa exigida por la Ley de Registros de JFK, que había establecido 2017 como fecha límite para la divulgación de todos los documentos relacionados con el asesinato, a menos que el presidente certificara la necesidad de un aplazamiento continuo.
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