La Policía de Brasil inició este martes una nueva fase de la operación Lava Jato para investigar unos pagos «sospechosos» realizados por las compañías del grupo de telefonía Oi a empresas del grupo Gamecorp/Gol, vinculadas a uno de los hijos del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Según informó la Fiscalía en una nota, el grupo Oi/Telemar habría realizado pagos de más de 132 millones de reales (unos 31,3 millones de dólares) a empresas controladas por Fábio Luís Lula da Silva, hijo mayor de Lula, por los hermanos Fernando Bittar y Kalil Bittar y por el empresario Jonas Suassuna, entre 2004 y 2016.
«Las evidencias apuntan que parte de los recursos ha sido utilizada para la adquisición de la casa de campo de Atibaia en el interés del expresidente Lula», señaló el Ministerio Público del sureño estado del Paraná en el comunicado.
Hace dos semanas, un tribunal superior elevó a 17 años una pena dictada en primera instancia contra Lula, acusado de haberse beneficiado de obras realizadas por las constructoras Odebrecht y OAS en una casa de campo en Atibaia, en el estado de Sao Paulo, a cambio de favorecerlas en contratos con la estatal Petrobras.
Según las autoridades, en la operación iniciada este martes participan unos 200 policías federales, que cumplen 47 órdenes de registro y allanamiento en cuatro estados brasileños.
La operación, bautizada «Mapa de la Mina», investiga delitos de corrupción, tráfico de influencia y lavado de dinero supuestamente llevados a cabo a través de contratos entre operadoras de telefonía, internet y televisión que actúan dentro y fuera de Brasil.
Según la Fiscalía, los pagos a las empresas de Gamecorp/Gol fueron realizados «sin justificativa plausible, al tiempo que el grupo Oi fue beneficiado por diversos actos practicados por el Gobierno Federal» entre 2004 y 2016.
Entre las «pruebas documentales» obtenidas en las investigaciones figuran contratos y recibos, además de datos recogidos tras la supresión del secreto bancario y fiscal de los sospechosos.
Asimismo, las inversiones y contrataciones alcanzadas entre los dos grupos no contaron con «la cotización de precios con otros suministradores», mientras que los pagos realizados superan «los valores contratados y practicados en el mercado».
Aún de acuerdo con la Fiscalía, parte de los recursos repasados ilícitamente fueron destinados a la compra de la casa de Atibaia, que sería utilizada de forma recurrente, según la acusación, por el expresidente Lula (2003-2010) y sus familiares.
El pasado febrero, la Justicia condenó al exmandatario a 12 años y 11 meses de prisión por corrupción pasiva y blanqueo de capitales al concluir que quedó comprobado que Lula se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos 236,000 dólares) realizadas en la casa de Atibaia.
A fines de noviembre, un tribunal de segunda instancia ratificó y elevó a 17 años y un mes la segunda condena contra el expresidente, quien se encuentra en libertad tras pasar 580 días en la cárcel por una causa similar.
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