Las autoridades de Puerto Rico investigan este jueves un ataque cibernético que supuso una pérdidas por valor de 2,6 millones de dólares a la Compañía de Fomento Industrial, un fraude en el que pueden haber caído otras agencias estatales.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Félix Lassalle, anunció este jueves la puesta en marcha de una investigación para aclarar el ataque cibernético, en el que también está implicada la Administración de los Sistemas de Retiro del Gobierno de la isla.
La iniciativa llega después de que saliera a la luz el fraude cometido contra esa agencia pública, que generó una avalancha de críticas por supuesta negligencia de funcionarios de alto nivel ante asuntos críticos como el envío de dinero público.
La Policía confirmó este jueves que la Compañía de Fomento Industrial hizo en enero un desembolso de 2,6 millones de dólares a través de la Dirección de Finanzas a una cuenta fraudulenta en el extranjero.
El envío del dinero se produjo después de que un desconocido enviara un correo electrónico a la institución informando de un supuesto cambio de cuentas para que se emitieran los pagos de remesas.
El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) dio a conocer que consiguió congelar el dinero transferido a la cuenta fraudulenta, según confirmó la portavoz de esa agencia federal en Puerto Rico, Limary Cruz.
Ataque a otras estatales
Medios locales apuntan que la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) fue también víctima de un ataque cibernético en diciembre al enviar, supuestamente, 1,5 millones de dólares a una cuenta fraudulenta en un esquema de ataque informático denominado «phishing».
Millones de dólares de otras agencias del Gobierno de Puerto Rico destinados al pago de pensiones también habrían terminado en cuentas creadas por piratas cibernéticos, lo que según medios de la isla afectó a la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Carreteras.
«Estamos realizando una investigación profunda de lo que acaba de suceder en la Compañía de Fomento Industrial y Retiro para, no solo fijar responsabilidad a quienes fallaron, sino también para asegurarnos que esto no vuelva a pasar», señaló Lassalle.
«Actos criminales como este que hoy se reporta en la prensa local coloca al pueblo en tensión, pues los sistemas de datos del Gobierno tienen de todo, desde nombres a direcciones pasando por registros de propiedades y hasta cuentas bancarias», añadió.
El portavoz del opositor Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara Baja, Ramón Luis Cruz, dijo que se solicitó una investigación para determinar con exactitud cómo pudo llevarse a cabo este fraude millonario.
«Resulta preocupante y alarmante que se efectúen desembolsos millonarios de dinero público sin que se cuente con una verificación que permita filtrar transacciones dudosas. Resulta inverosímil que se transfieran 2,6 millones de dólares porque alguien pide un correo electrónico bajo la excusa de que hubo un cambio de cuenta», resaltó Cruz.
«El cambio de cuentas para realizar desembolsos de remesas como fue denunciado en la querella ante la Policía es un trámite que requiere múltiples aprobaciones que no se resuelven con un correo electrónico», denunció el legislador.
Fraude en medio de crisis
Cruz subrayó además que el Gobierno atraviesa por una crisis fiscal y no tiene dinero suficiente para cumplir con sus obligaciones y costear los servicios que necesitan las familias, pero, sin embargo, «se toma con cierta liviandad el que sus dependencias sean objeto de fraudes millonarios».
Martha Quiñones, antigua presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, advirtió a Efe que este caso denota falta de interés.
«Uno de los problemas es que se reparten cargos por contactos políticos y no a la gente que está mejor preparada», indicó Quiñones, para quien hechos como estos dejan entrever «falta de interés en los asuntos públicos».
«No hay una fiscalización adecuada del dinero del pueblo de Puerto Rico», sostuvo, tras matizar que a pesar de lo que se dice sí hay dinero suficiente en las administraciones públicas, pero que el problema es cómo se administra.
«Desde el pasado 23 de enero, el gobierno de Puerto Rico ha estado trabajando con las autoridades federales y estatales varios procedimientos investigativos sobre una intervención externa indebida a la Administración de Sistemas de Retiro, que afectó cuentas de la Compañía de Turismo, PRIDCO, la Autoridad de Carreteras y la Compañía de Comercio y Exportación», dijo hoy, el secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, en un comunicado.
El administrador de los Sistemas de Retiro, Luis M. Collazo, continúa trabajando junto al Negociado de Investigaciones Federales (FBI), quienes han expresado que los fondos fueron congelados y se devolverán, agregó, por su parte Collazo en el mismo comunicado que Soto.
«El pueblo de Puerto Rico y los pensionados pueden estar tranquilos ya que sus pensiones no se vieron, ni se verán afectadas, debido a que este fraude cibernético a los sistemas de retiro en nada afecta a los pensionados», añadió Collazo.
«Según las autoridades, en casos como estos lo que puede ser más complejo es la identificación de la o las personas que cometen estos delitos. Es preciso señalar que las autoridades han estado trabajando conjuntamente y de manera coordinada para lograrlo», subrayó.
En este momento, se trata del mismo delito y los jefes de agencias están instruidos a colaborar en todas las investigaciones administrativas y criminales que se llevan a cabo. Además, se han asignado recursos especializados contratados desde la notificación del incidente.
Los pensionados continuarán recibiendo sus pensiones como de costumbre sin ningún tipo de problema.
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