Las autoridades de Ecuador investigan un presunto artefacto explosivo dejado por un dron en la madrugada de este martes en el tejado de La Roca, la cárcel de máxima seguridad del país, situada dentro del complejo carcelario de Guayaquil.
El ministro del Interior, Juan Zapata, aseguró que el objeto pretendía ser introducido dentro del recinto carcelario, donde se encuentran los presos más peligrosos del país, entre ellos algunos de los investigados por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
En su mensaje publicado en redes sociales, Zapata difundió las fotos de un dron posado presuntamente en uno de los tejados de La Roca con un objeto colgado de su parte central.
Dentro de la cárcel de La Roca se activaron los protocolos de seguridad, según informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), el organismo estatal encargado de la administración y control de las 35 cárceles que tiene Ecuador.
En las cárceles de Guayaquil existen precedentes de ataques de explosivos con drones así como de ingreso de objetos prohibidos como armas mediante estos objetos voladores, en el marco del enfrentamiento entre bandas criminales que controlan internamente las prisiones y que han asesinado a más de 400 presos desde 2020 en distintas masacres carcelarias.
Hasta la pasada semana se encontraba en La Roca el líder de la banda criminal Los Choneros, Adolfo Macías «Fito», que retornó a la Cárcel Regional de Guayaquil gracias a una orden judicial que revocaba su ingreso en la prisión de máxima seguridad.
«Fito» había sido trasladado a La Roca pocos días después del asesinato de Villavicencio, quien le había señalado como el presunto origen de las amenazas de muerte que había recibido días antes del crimen.
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, confirmó este martes que, pese a que está en completo desacuerdo, el Gobierno acató la medida judicial y retornó a «Fito» a la Cárcel Regional de Guayaquil, una prisión que internamente está controlada por Los Choneros.
Ecuador vive una ola de violencia que las autoridades atribuyen al crimen organizado, dedicado principalmente al narcotráfico, que ha hecho que el país pase en cinco años de 5.8 a 25.32 homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes en 2022, la cifra más alta desde que se tiene registro, y que según los expertos puede llegar este año a 40.
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