El gobierno de Irán suspendió los planes para aplicar una nueva y controvertida ley por la que las mujeres del país se enfrentarían a penas de hasta 15 años de prisión de no llevar un hiyab que cubra la cabeza.
La legislación obligatoria fue aprobada por primera vez por el Parlamento del país en septiembre de 2023.
No se enviará al gobierno como estaba previsto esta semana, dijo Shahram Dabiri, vicepresidente encargado de asuntos parlamentarios.
«Según las discusiones mantenidas, se decidió que esta ley no será remitida al Gobierno por el Parlamento por ahora», declaró Dabiri en una entrevista concedida el lunes al periódico Ham Mihan Daily.
La decisión de no promulgar la ley —al menos temporalmente— provino de los principales órganos ejecutivos, legislativos y judiciales, añadió Dabiri.
Por el momento, «no es factible aplicar este proyecto de ley», dijo Dabiri, sin dar más detalles.
La ley en cuestión aumenta drásticamente las sanciones económicas y sociales para las personas que no cumplan con el estricto código de vestimenta del gobierno, que incluye la obligación de que las mujeres lleven hiyab, chador o pañuelo en la cabeza.
Prevé multas de 800 dólares para los infractores por primera vez y de 1500 dólares para los reincidentes, seguidas de penas de prisión de hasta 15 años para quienes cometan infracciones por tercera vez.
La legislación también habría impuesto multas y la posibilidad de cierres a los dueños de negocios si atendían a mujeres y niñas que no llevaran hiyab. También se habría prohibido viajar a los infractores.
Además, la medida habría incentivado a empresarios, taxistas y extranjeros, incluidos los millones de afganos que viven en Irán, a denunciar ante el gobierno a mujeres y niñas que no lleven el hiyab.
El presidente iraní dice que la legislación es «muy ambigua»
También habría permitido a la policía acceder a las imágenes de vigilancia privada y a las grabaciones de las fuerzas de seguridad, el Ministerio de Defensa y la agencia nuclear civil del país.
La ley, de haberse promulgado, habría permanecido en vigor durante un periodo de prueba de tres años, según Human Rights Watch.
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, que habría tenido que aprobar la ley en un plazo de cinco días si el gobierno la hubiera aprobado, ha expresado su preocupación por la medida.
«En mi opinión, la ley sobre el hiyab, que tengo que implementar, es muy ambigua. No debemos hacer nada que altere la armonía y la empatía de la sociedad. Tenemos que hablar e interactuar sobre este tema», escribió Pezeshkian en una declaración publicada el 2 de diciembre en la plataforma de redes sociales X, según una traducción.
Amnistía Internacional, entre otras organizaciones de derechos humanos, también criticó la legislación.
Su directora adjunta para Oriente Medio y el Norte de África, Diana Eltahawy, afirmó en un comunicado el 11 de diciembre que las autoridades iraníes están «tratando de afianzar el ya asfixiante sistema de represión contra mujeres y niñas, al tiempo que hacen su vida cotidiana aún más intolerable».
Eltahawy instó a la comunidad internacional a «buscar vías legales para que los funcionarios iraníes rindan cuentas por cometer violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos de mujeres y niñas mediante la aplicación del velo obligatorio».
Muchos creen que de haberse aplicado el proyecto de ley, hubiera reavivado protestas similares a las que sacudieron Irán a mediados de septiembre de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, una joven kurda que falleció mientras estaba bajo custodia de las autoridades iraníes.
Amini, de 22 años, fue detenida debido a lo que la policía dijo que era un «atuendo inapropiado».
Con información de The Associated Press.
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