Israel comunicó a la Corte Penal Internacional (CPI) que apelará las órdenes de detención emitidas la semana pasada contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa, Yoav Gallant.
El 21 de noviembre, la CPI, con sede en La Haya, emitió órdenes de detención contra Netanyahu, Gallant y el líder militar de Hamás, Ibrahim Al-Masri, conocido como Mohammed Deif, acusándoles de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad desde que comenzó el conflicto el 7 de octubre de 2023, cuando terroristas de Hamás cruzaron la frontera y mataron a 1200 israelíes.
«Israel presentó hoy una notificación a la Corte Penal Internacional de su intención de apelar ante la corte, junto con una demanda para retrasar la ejecución de las órdenes de arresto», declaró el 27 de noviembre Netanyahu.
El primer ministro también dijo que el senador estadounidense Lindsey Graham (R-S.C.) le había puesto al día, «sobre una serie de medidas que está promoviendo en el Congreso de EE. UU. contra la Corte Penal Internacional y contra los países que cooperarían con ella».
El miércoles, el ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, declaró que no tendría más remedio que acceder a la petición de la CPI de detener a Netanyahu, si entraba en Gran Bretaña.
Gran Bretaña, a diferencia de Israel y Estados Unidos, es signataria de la CPI.
El fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, es un abogado británico.
Pero Lammy dijo al comité selecto de asuntos exteriores del parlamento que continuaría hablando y reuniéndose con Netanyahu y otros altos funcionarios del gobierno israelí sobre la resolución del conflicto en Gaza y la obtención de ayuda para los civiles palestinos.
«Creo que son asuntos importantes que requieren el compromiso de los que estamos en el gobierno. No veo las circunstancias en las que no hablaría con los representantes electos del gobierno israelí», dijo Lammy.
El ministro de Asuntos Exteriores declaró que tenía la «obligación» de trasladar la petición de orden judicial a una corte británica, añadiendo que «eso no me permite ninguna discreción. La emitiré y la transmitiré a los tribunales. Entonces los tribunales tomarán su determinación».
Si Netanyahu visitara Londres, u otro país europeo miembro de la CPI, podría desencadenarse un incidente diplomático, como el asunto de Pinochet.
En 1998, el exlíder de Chile, el general Augusto Pinochet, fue detenido en Gran Bretaña en virtud de una orden de detención de un magistrado español, Baltasar Garzón, que investigaba presuntas violaciones de los derechos humanos en la década de 1970.
Pinochet, que había ayudado a Gran Bretaña en su guerra por las islas Malvinas en 1982, permaneció bajo arresto domiciliario durante 18 meses antes de que se le permitiera volar a su país.
Francia sugiere inmunidad para Netanyahu
Francia también afirmó el miércoles que seguiría colaborando con Netanyahu.
El Ministerio de Asuntos Exteriores francés emitió un comunicado el 22 de noviembre diciendo que respetaría sus obligaciones internacionales, pero dijo que el Estatuto de Roma que estableció la CPI dice que un país no puede actuar de manera incompatible con sus obligaciones, «con respecto a las inmunidades en los Estados que no son parte de la CPI».
«Dichas inmunidades se aplican al primer ministro Netanyahu y a otros ministros relevantes y deberán tenerse en cuenta en caso de que la CPI solicite su detención y entrega», dice la declaración.
Orden de detención a Ming Aung Hlaing
El miércoles, el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, presentó una solicitud de orden de arresto contra el jefe del régimen militar de Myanmar, el general Min Aung Hlaing, por crímenes cometidos contra la minoría musulmana rohingya del país en 2016 y 2017.
«Después de una cuidadosa revisión de las pruebas, mi oficina llegó a la conclusión de que hay motivos razonables para creer que Min Aung Hlaing (…) tiene responsabilidad penal por los crímenes de lesa humanidad de deportación, y la persecución de los rohingya cometidos en Myanmar y en partes de Bangladesh (…) en 2017».
Min Aung Hlaing arrebató el poder a la líder electa de Myanmar, Aung San Suu Kyi, en un golpe de Estado en 2021.
Casi un millón de personas huyeron a la vecina Bangladesh para escapar de presuntos asesinatos en masa y violaciones cometidas por el ejército y turbas de civiles.
El PCCh es un estrecho aliado del régimen militar de Myanmar y el jueves, el ministerio de Asuntos Exteriores de China instó a la CPI a ser, «justa y equitativa» y ejercer su deber «con prudencia».
El régimen de Beijing no es signatario de la CPI.
Con información de The Associated Press y Reuters.
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