La Justicia italiana ha ordenado la detención del financiero italiano Gianluigi Torzi, que ya había arrestado y puesto en libertad condicional por el Vaticano en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades en la compraventa de un inmueble en Londres como parte de las inversiones realizadas por la Secretaria de Estado de la Santa Sede.
La Guardia de Finanzas de Roma indicó en un comunicado que está llevando a cabo la orden de detención de Torzi, que aún no ha sido detenido ya que, según medios italianos, se encuentra en Londres.
La orden de detención se emite tras la solicitud de asistencia judicial formulada por el fiscal del Estado de la Ciudad del Vaticano, se explica en la nota.
También se ordena la inhabilitación profesional durante seis meses de los contables Giacomo Capizzi, Alfredo Camaló y Matteo Del Sette, todos ellos investigados por la emisión de facturas por transacciones inexistentes.
Torzi está siendo investigado por la fiscalía vaticana por la compra de un edificio en el número 60 de Sloane Avenue en Londres, por orden del Vaticano, y de la que se benefició con 15 millones de euros, mientras que la operación financiera fue un auténtico fracaso para las arcas vaticanas.
Los investigadores italianos afirman que la cifra de 15 millones, reclamada a dos empresas inglesas del financiero, se invirtió en parte en la compra de acciones de sociedades cotizadas en la Bolsa italiana, «por un monto de más de 4.5 millones de euros, lo que le permitió después de unos meses lograr un beneficio de más de 750,000 euros y cancelar la deuda de 670,000 euros de otras dos sociedades».
A partir de los elementos adquiridos, «también se constató facturación falsa – no relacionada a la operación inmobiliaria de Londres – realizada por Torzi y Capizzi, contable de referencia del grupo de empresas italianas y extranjeras atribuidas al financiero».
Torzi había sido puesto en libertad provisional por la Justicia Vaticana diez días después de su arresto el 5 de junio de 2020.
Así lo decidió el promotor de Justicia (fiscal) vaticano, Gian Piero Milano, después de interrogarle sobre la operación del edificio en Londres y de haber entregado a las autoridades vaticanas «un detallado informe y numerosos documentos adjuntos» considerados «útiles» para la reconstrucción de los hechos investigados.
En el Vaticano se le imputan los delitos de extorsión, malversación, estafa agravada y blanqueo de capitales, que le podrían acarrear penas de hasta doce años de prisión, de acuerdo con la legislación vaticana.
En una sentencia de un tribunal de Londres el pasado 26 de marzo, se afirmó que la Secretaría de Estado vaticana no fue engañada por el financiero Gianluigi Torzi.
Por esta operación inmobiliaria, fueron suspendidos de empleo algunos funcionarios de la Secretaría de Estado, entre ellos Tommaso Di Ruzza, el director de la Autoridad de Información Financiera (AIF), organismo instituido para la lucha contra el blanqueo de capitales.
Los hechos se enmarcarían en el periodo en el que el cardenal Angelo Becciu era el «número dos» de la Secretaría de Estado, de la que salió en septiembre de 2018 como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, y al que el papa Francisco destituyó de su cargo e incluso le retiró los derechos como cardenal.
Según algunas fuentes, el purpurado está siendo investigado por irregularidades durante su etapa en la Secretaria de Estado.
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