El abogado especial Jack Smith reveló en una presentación judicial la noche del miércoles que las autoridades federales están investigando las amenazas hechas contra un posible testigo del gobierno. El testigo hace parte del caso en el que el expresidente Donald Trump está acusado de mal manejo de documentos sensibles.
La revelación se produce en la presentación del Sr. Smith el 7 de febrero, que pide a la jueza Aileen M. Cannon permiso para presentar una prueba documental ex parte y clasificada porque contiene información sobre un posible testigo del gobierno que podría poner en peligro a esa persona.
«La prueba documental describe con cierto detalle las amenazas que se han hecho a través de las redes sociales a un posible testigo del gobierno y las circunstancias que las rodean», escribió el Sr. Smith en la presentación, añadiendo que «esas amenazas son objeto de una investigación federal en curso a cargo de una Fiscalía de Estados Unidos».
«La divulgación de los detalles y circunstancias de las amenazas podría perturbar la investigación», añadió Smith.
Sostuvo que la presentación de una versión con tachaduras de la prueba documental no sería suficiente para proteger la integridad de la investigación, ya que incluso con los nombres tachados, los métodos de investigación podrían deducirse del contenido de la prueba documental y, o bien poner potencialmente en peligro a la víctima, o bien proporcionar inadvertidamente información al sospechoso.
Los abogados del presidente Trump se han opuesto a que cualquier prueba sea presentada ex parte, es decir, presentada al tribunal por una parte sin la presencia o notificación de la parte contraria, según la presentación.
También han dicho que se oponen a que cualquier prueba sea presentada bajo sello, pero que no presentarían una objeción formal hasta que hayan tenido la oportunidad de revisar el contenido.
«Los abogados de la defensa en este caso tienen habilitaciones de seguridad y, como funcionarios de la corte, se les debe permitir revisar la prueba pertinente para permitir una respuesta adecuada», dijeron los abogados del presidente Trump en un comunicado, según la presentación.
Han acusado al Sr. Smith de infringir los derechos del presidente Trump y del público para abrir procedimientos mediante la presentación de exposiciones ex parte.
El Sr. Smith pidió a la jueza Cannon que emitiera una orden que le permitiera presentar la prueba ex parte y clasificada, y que se mantuviera clasificada hasta que la investigación se cerrara o se resolviera con la presentación y adjudicación de cargos.
El caso, en el que se acusa al presidente Trump de manejar indebidamente documentos sensibles del gobierno, ha estado marcado por una batalla sobre los documentos, extendiendo la etapa de mociones previas al juicio y retrasando el juicio que inicialmente estaba programado para el 20 de mayo.
El presidente Trump se ha declarado inocente de los 40 cargos a los que se enfrenta en el caso.
«Cuestiones de dominio público»
Como parte de la lucha por los documentos, los abogados del presidente Trump presentaron múltiples mociones el 16 de enero, solicitando a la jueza Cannon que obligue al descubrimiento de las pruebas.
Las mociones incluyeron varias pruebas clasificadas, incluidos correos electrónicos obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información y que contienen nombres e información de identificación sobre funcionarios del gobierno.
Los abogados del expresidente argumentan que las pruebas demuestran que la fiscalía y el gobierno de Biden se han confabulado para atacar al presidente Trump.
Los abogados defensores han pedido desclasificar esta información, argumentando que los expedientes judiciales son «asuntos de dominio público».
El 6 de febrero, la jueza Cannon ordenó revelar algunos nombres e información contenidos en las pruebas clasificadas, accediendo parcialmente a la moción del presidente Trump.
«Se recuerda a las partes la fuerte presunción de acceso público en los procedimientos penales», escribió la jueza Cannon en la presentación, ordenando que ningún material no clasificado en el caso se presente como clasificado en adelante.
Dijo que todos los archivos clasificados total o parcialmente requerirán la aprobación de la juez en el futuro a menos que haya «casos claros y respaldados de riesgo para la seguridad personal o la seguridad nacional».
La última presentación del Sr. Smith el 7 de febrero está solicitando la presentación de una prueba clasificada, con el argumento de «seguridad personal» al afirmar que el posible testigo del gobierno podría estar en peligro por la divulgación de información en la prueba.
Además del caso de los documentos clasificados, el presidente Trump se enfrenta a una serie de problemas legales que suponen un reto para él a medida que se intensifica la campaña presidencial de 2024.
Esto incluye un total de 91 cargos por delitos graves en todas las jurisdicciones estatales y federales, junto con una demanda civil en Nueva York que podría afectar su panorama empresarial.
Solo en 2023, los gastos legales drenaron más de 47 millones de dólares de los fondos de campaña del presidente Trump, según las revelaciones con la Comisión Federal Electoral.
El presidente Trump también se enfrenta a intentos en múltiples estados de descalificarlo de la votación bajo la 14ª Enmienda con la premisa de que su llamamiento a protestar, por lo que él afirma que fueron unas elecciones robadas en 2020, equivalió a incitar a una «insurrección» cuando una multitud irrumpió en el Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021.
El 8 de febrero, la Corte Suprema de EE. UU. tiene previsto escuchar los primeros alegatos orales en el caso de la inhabilitación electoral.
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