La jueza federal que supervisa el caso de documentos clasificados del expresidente Donald Trump en Florida necesita aclarar instrucciones recientes a las partes para que el gobierno pueda buscar un fallo de un tribunal superior, dijo el fiscal especial Jack Smith el 2 de abril.
En marzo, la jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon, nombrada por el presidente Trump, ordenó a los fiscales y a los abogados del acusado que presentaran propuestas de instrucciones para el jurado.
Las partes deben ofrecer un “borrador de texto alternativo” que asuma que dos “escenarios en competencia” son “una formulación correcta de la ley que se presentará al jurado”, escribió. Los escenarios son que los expresidentes puedan conservar registros personales según la Ley de Registros Presidenciales (PRA) y que los presidentes puedan designar registros como personales.
Pero ambos escenarios se basan en una “premisa legal fundamentalmente defectuosa”, escribieron Smith y su equipo en el nuevo documento.
La distinción que hace la PRA entre registros personales y presidenciales es irrelevante porque el presidente Trump ha sido acusado en virtud de la Ley de Espionaje, dijeron los fiscales.
«Basándonos en los antecedentes actuales, la PRA no debería desempeñar ningún papel en el juicio», escribieron, instando a la jueza Cannon a «decidir si la premisa legal no declarada que subyace a la orden reciente representa, en opinión del Tribunal, ‘una formulación correcta de la Ley'».
Si la jueza Cannon decide erróneamente que así es, afirma el expediente, entonces el gobierno puede solicitar la intervención de un tribunal superior.
Citaron un fallo de un tribunal de apelaciones en un caso separado que concluía que “la adopción de una instrucción del jurado claramente errónea que implica una alta probabilidad de fracaso de un procesamiento—un fracaso que el gobierno no podría intentar remediar mediante apelación o de otra manera— constituye el tipo de situación extraordinaria en la que estamos facultados para emitir la orden de mandamus”.
Una orden judicial de mandamus es una orden dirigida a un tribunal inferior.
«La cuestión de si la PRA tiene un impacto en el elemento de posesión no autorizada… no gira en torno a ninguna cuestión probatoria y no se puede aplazar», dijeron los fiscales. “Es puramente una cuestión de derecho que debe decidirse con prontitud. Si el tribunal aplazara una decisión sobre esa cuestión jurídica fundamental, provocaría un retraso sustancial en el juicio y, peor aún, impediría que el gobierno solicitara una revisión antes de que se inicie el juicio”.
El presidente Trump, acusado de 32 cargos de violar la Ley de Espionaje por retener lo que el gobierno describió como documentos de defensa nacional y otros materiales sensibles después de su presidencia, ha declarado que, bajo la PRA, podría designar incluso registros clasificados como personales y retenerlos al dejar el cargo.
“No hay base para que la oficina del fiscal especial, este tribunal o un jurado cuestionen las categorizaciones de PRA específicas de documentos del presidente Trump”, escribieron sus abogados en una presentación separada el 2 de abril.
Las instrucciones propuestas al jurado por el presidente Trump decían que, para establecer la posesión no autorizada de los registros en cuestión, «el gobierno debe demostrar más allá de toda duda razonable que el documento que está considerando es un ‘expediente presidencial’ y no un ‘expediente personal'».
“Antes de que finalizara el mandato del presidente Trump el 20 de enero de 2021, el presidente Trump tenía autoridad exclusiva en virtud de la Ley de Registros Presidenciales para, él mismo o trabajando con su personal, clasificar los registros como ‘registros presidenciales’ o ‘registros personales’ y se le autorizó a poseer ambos tipos de registros”, señala el instructivo propuesto.
En las instrucciones propuestas por los fiscales, se les diría a los jurados que la posesión de registros clasificados no está autorizada si una persona “no posee una autorización de seguridad o el individuo no necesita conocer la información”.
“Les instruyo, sin embargo, que, en cuanto a un expresidente, incluso si carece de una habilitación de seguridad, carece de la necesidad de conocer información clasificada y almacena información fuera de una instalación segura, está autorizado a hacerlo si la información clasificada está contenida dentro de un ‘registro personal’, como ese término se define en la Ley de Registros Presidenciales (PRA), un estatuto que establece la propiedad pública de los registros presidenciales y garantiza la preservación de los registros presidenciales para el acceso público después de la terminación del mandato de un presidente», dicen las instrucciones.
«Por lo tanto, para determinar si el acusado tuvo ‘posesión no autorizada’ de los documentos imputados en los cargos 1 a 32, se debe determinar si cada documento era un ‘expediente presidencial’ o un ‘expediente personal’ en el sentido de la PRA».
Los fiscales dijeron que proponían el borrador de las instrucciones para cumplir la orden de la jueza Cannon, aunque protestaban contra la premisa.
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