El abogado especial Jack Smith respondió a la moción de los abogados del expresidente Donald Trump para obligar a la fiscalía a presentar pruebas, intentando rebatir las acusaciones de que la fiscalía es selectiva y vengativa.
El expresidente está siendo procesado por presunto manejo indebido de documentos clasificados y también por no responder adecuadamente a una citación, ya que el caso se ha visto envuelto en millones de páginas de documentos y meses de videos compartidos en el proceso de presentación de pruebas, gran parte de los cuales, según la defensa, los fiscales aún no han entregado.
El alegato del 26 de febrero se presentó después de obtener permiso expreso de la corte, ya que los fiscales argumentaron que la defensa había presentado nuevos argumentos en su contestación a la respuesta inicial de la fiscalía y que se les debía dar la oportunidad de refutar los nuevos argumentos legales.
Los fiscales argumentaron que las pruebas solicitadas por la defensa exceden el ámbito de lo requerido y solo se especula con que puedan «ayudar a fundamentar sus infundadas teorías de animadversión y parcialidad política».
El 16 de enero, la defensa presentó una moción para requerir a los fiscales una serie de materiales. Los fiscales respondieron que no estaban en posesión de algunos de los materiales y que no tenían obligación de entregar otros. El proceso de investigación sigue su curso y la fiscalía ha presentado recientemente varios miles de páginas más de documentos que la defensa solicitó hace meses.
La semana pasada, la defensa también presentó cuatro mociones para desestimar el caso, basadas en la inmunidad presidencial, la vaguedad inconstitucional, el nombramiento ilegal del abogado especial y la Ley de Registros Presidenciales. En los documentos presentados ante la corte, alegaron una acusación vengativa y selectiva, argumentando que los fiscales estaban actuando en nombre del presidente Joe Biden, a quien el expresidente Trump se opone en las elecciones presidenciales de este año.
De hecho, algunos de los documentos solicitados tienen que ver con la defensa basada en la persecución selectiva y vengativa. La defensa reveló en una presentación judicial anterior que los correos electrónicos publicados a través de la Ley de Libertad de Información supuestamente mostraban que la Casa Blanca se coordinó con el Departamento de Justicia en asuntos relacionados con el caso. Han exigido material adicional relacionado con el caso para que se desestime.
Los fiscales alegaron el 26 de febrero que los acusados no han aportado «pruebas claras y convincentes» y calificaron los argumentos de la defensa de «teoría de la conspiración».
Para demostrar claramente que la acusación fue selectiva y vengativa —lo que violaría la cláusula del debido proceso y sería motivo de desestimación— la defensa tiene que demostrar que «individuos en situación similar no fueron procesados» y que el fiscal actuó con «animadversión genuina» hacia el acusado.
Los fiscales argumentaron que nadie en la historia de Estados Unidos ha estado «en una situación similar» a la del presidente Trump en este caso.
«Ha habido muchos funcionarios del gobierno que han poseído documentos clasificados después del final de sus mandatos en el cargo, a menudo inadvertidamente, a veces por negligencia y muy ocasionalmente voluntariamente. También ha habido un número muy pequeño de casos en los que exfuncionarios del gobierno que han sido encontrados en posesión de documentos clasificados se han resistido brevemente a los esfuerzos legales del gobierno para recuperarlos», dice el escrito.
«Pero nunca ha habido un caso en la historia de Estados Unidos en el que un exfuncionario haya tenido una conducta remotamente similar a la de Trump».
Argumentaron que el expresidente «intencionalmente tomó posesión de un vasto conjunto de algunos de los documentos más sensibles de la nación» y «retrasó, ofuscó y disimuló» cuando la Administración Nacional de Archivos y Registros solicitó los documentos.
El presidente Trump ha mantenido que no hizo nada malo y se ha declarado inocente de 40 cargos. Su ayuda de cámara, Walt Nauta, y el administrador de la propiedad de Mar-a-Lago, Carlos De Oliveira, han sido nombrados coacusados y acusados de colaborar en una supuesta conducta obstruccionista.
Los fiscales indicaron que seguirán argumentando contra las acusaciones de persecución selectiva y vengativa en futuras respuestas a las peticiones de los abogados defensores de desestimar el caso.
Este caso es uno de los dos casos penales federales que el abogado especial está procesando contra el expresidente Trump; el otro ha estado estancado durante meses después de que la defensa presentara mociones de desestimación.
A principios de diciembre de 2023, un juez federal denegó la primera de las cuatro peticiones de desestimación, lo que llevó al expresidente Trump a llevar el caso ante una corte de apelaciones, que finalmente falló en contra de Trump a principios de febrero. Este apeló a la Corte Suprema para que suspendiera el proceso mientras solicitaba una revisión del alto tribunal.
Los fiscales se oponen a la suspensión y han solicitado una vista en marzo ante el alto tribunal por si se inclina por llevar el caso.
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