El equipo de fiscales del fiscal especial Jack Smith presentó una respuesta a los intentos del expresidente Donald Trump de desestimar su caso federal del 6 de enero, señalando que ciertas declaraciones que el expresidente hizo después de la irrupción en el Capitolio del 6 de enero se usarían en su contra durante el juicio en el próximo año.
En un extenso expediente judicial presentado el lunes, los fiscales federales alegaron que el presidente Trump elogió a algunas de las personas que luego fueron acusadas en relación con la irrupción del 6 de enero por una versión coral del himno nacional de Estados Unidos en un mitin en Texas.
«Del coro del 6 de enero, el acusado dijo a la multitud: ‘[N]uestra gente ama a esa gente, aman a esa gente'», escribieron los fiscales. «En los años transcurridos desde el 6 de enero, a pesar de su conocimiento de las acciones violentas en el Capitolio, el acusado ha elogiado y defendido públicamente a los alborotadores y su conducta», añadieron.
El expediente judicial agregó que «la acusación imputa directamente al acusado por esta conducta, y las impugnaciones constitucionales y legales del acusado carecen de fundamento».
Uno de los argumentos del expresidente estipula que sus comentarios públicos diciendo que las elecciones de 2020 estuvieron plagadas de fraude electoral están protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución.
Pero los fiscales federales rechazaron esa afirmación el lunes y escribieron que «la Primera Enmienda no protege el discurso fraudulento o el discurso que de otra manera es parte integral de la conducta criminal, particularmente los delitos que atacan la integridad y el funcionamiento adecuado de los procesos gubernamentales», aunque no explicaron en detalle cómo pueden probar que el presidente Trump sabía conscientemente que su discurso era fraudulento.
Sin embargo, si el presidente Trump pudiera proporcionar evidencia de que creía que las elecciones de 2020 se llevaron a cabo de manera fraudulenta, su uso de ciertas afirmaciones que decían que las elecciones fueron robadas lo haría culpable de un esfuerzo por lo que dijeron es un intento de cometer fraude contra el gobierno, escribieron los fiscales.
“Si fuera de otra manera, los acusados capturados camino a un robo a un banco no podrían ser acusados de conspiración porque su crimen no tuvo éxito. De hecho, se puede cometer una conspiración incluso si el objetivo de la conspiración es inalcanzable”, dijeron los fiscales.
Yendo un paso más allá, el equipo de Smith escribió que el presidente Trump «está solo en la historia de Estados Unidos por sus presuntos crímenes» y que «ningún otro presidente ha participado en conspiración y obstrucción para anular resultados electorales válidos y retener el poder ilegítimamente».
El expresidente ha negado los cargos en su contra, afirmando que son parte de intentos de demonizarlo para perjudicar sus posibilidades políticas. En publicaciones recientes en las redes sociales, el presidente Trump escribió que el caso electoral federal, así como otros que se presentaron en su contra a principios de este año, fueron intentos de interferir en las elecciones de 2024, y señaló que las encuestas muestran que es el principal candidato republicano por un amplio margen.
La jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan, designada por el expresidente Barack Obama y que recientemente impuso una orden de silencio al presidente Trump, tendrá la última palabra sobre si el caso electoral continuará. Aún no ha emitido un fallo sobre las mociones de Trump para desestimar la acusación.
El mes pasado, los abogados del presidente Trump escribieron en una moción que los fiscales federales «se comportaron de manera discriminatoria e inconstitucionalmente selectiva» al atacar a su cliente, añadiendo que él tiene un discurso protegido bajo la Primera Enmienda. También sostiene que la acusación está siendo impulsada por «un propósito discriminatorio inconstitucional» y solo promueve el «objetivo de la administración Biden de utilizar el sistema de justicia penal para incapacitar [a Trump], su principal rival político y principal candidato en las próximas elecciones».
Es más, los fiscales están apuntando a la capacidad del presidente Trump para ejercer «sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y a solicitar la reparación de agravios, y su decisión de postularse para un cargo político».
El equipo legal de Trump también escribió en mociones judiciales que él es inmune al procesamiento porque actuaba en su capacidad oficial como presidente. El fiscal especial respondió a ese argumento el mes pasado, rechazando esas afirmaciones.
A fines de la semana pasada, el equipo del fiscal especial escribió que se opone a tener cámaras en el juicio relacionado con las elecciones del presidente Trump cuando comience en marzo de 2023. Esto se produjo en respuesta a las mociones judiciales presentadas por un grupo de medios de comunicación que buscaban que se transmitiera en vivo, lo que podría ir en contra de las reglas de décadas con respecto a las cámaras dentro de los tribunales federales.
Los fiscales dijeron que «todos los tribunales que han considerado el tema han llegado a la conclusión de que no existe ningún derecho constitucional a un juicio televisado», según su presentación judicial del 3 de noviembre. La norma que prohíbe desde hace tiempo la retransmisión de los juicios federales se implantó para «evitar los riesgos que los responsables políticos han determinado que plantean las cámaras para la administración imparcial de la justicia», dijeron los abogados de Smith.
Sin embargo, los medios de comunicación dijeron que sería de interés público tener cámaras en la sala del tribunal, ya que ningún otro presidente ha sido acusado de delitos graves en la historia de Estados Unidos.
Elie Honig, analista legal de CNN, señaló durante un segmento reciente que no tener cámaras sería problemático porque «tendremos reporteros jóvenes entrando y saliendo de la sala del tribunal enviándonos mensajes de texto, tratando de contar lo que sucede».
«Dos o tres horas después del final de cada juicio, recibirán una transcripción de 300 páginas que algún taquígrafo judicial escribió, y nosotros recibiremos dibujos», dijo. «¡Aquí no estamos en 1918! Es 2023. Tenemos que avanzar».
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