El abogado especial Jack Smith tiene la autoridad constitucional para procesar al expresidente Donald Trump en su caso de registros clasificados, argumentó un grupo de analistas legales y exfuncionarios estadounidenses en una nueva moción judicial esta semana.
En una moción presentada ante la jueza de distrito de Estados Unidos Aileen Cannon, el grupo argumentó que «la corte debe rechazar como cuestión de derecho el argumento del acusado Donald J. Trump de que el nombramiento del abogado especial es ilegal».
Entre los firmantes del escrito se encuentran el exvicefiscal general Donald Ayer, varios exfiscales federales, un profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown, el exsecretario del Ejército de Estados Unidos Louis Caldera, el exrepresentante Tom Coleman (R-Mo.) y el analista de televisión y frecuente crítico de Trump George Conway, entre otros.
Agregaron que el Congreso tiene la «autoridad conferida al fiscal general para nombrar al abogado especial como funcionario inferior», y agregaron que «esta corte no debería adoptar un enfoque novedoso e injustificado para resolver si el fiscal general nombró legalmente al abogado especial». Sostuvieron, mientras tanto, que el «abogado especial no es un funcionario principal porque, por ley, está subordinado al fiscal general».
«La base adecuada para estas determinaciones es el alcance legal de la función del abogado especial, tal y como se define en la carta del fiscal general en la que se le nombra, los reglamentos que cita la carta y los estatutos en virtud de los cuales el fiscal general hizo ese nombramiento», continuaba diciendo su escrito.
«En consecuencia, en consonancia con el enfoque de larga data de la Corte Suprema a la interpretación de la ley y sus análisis en virtud de la Cláusula de Nombramientos, esta Corte debe sostener como cuestión de derecho que el fiscal general nombró legalmente al abogado especial, sin necesidad de un procedimiento probatorio para desarrollar un expediente de hechos para informar a esa determinación».
El presidente Trump fue acusado de 40 cargos relacionados con el presunto mal manejo de documentos clasificados al retenerlos después de dejar la Casa Blanca en 2021 y luego presuntamente obstruir a los funcionarios para que los recuperaran. El Sr. Smith fue nombrado abogado especial a finales de 2022 para procesar el caso de los registros clasificados, así como un caso relacionado con las elecciones contra el expresidente.
Polémica por el nombramiento
La presentación se produce en respuesta a un informe amicus presentado por el ex fiscal general Edwin Meese y varios profesores de derecho que habían argumentado que el Sr. Smith fue nombrado ilegalmente por el fiscal general, argumentando que el caso debería ser abandonado por la jueza Cannon.
El Sr. Smith, escribió, «no tiene autoridad para procesar este caso» porque tal individuo tiene que ser «debidamente nombrado como funcionario federal para cargos federales debidamente creados».
«Ni Smith ni el cargo de abogado especial bajo el que supuestamente actúa cumplen esos criterios», escribió el Sr. Meese a principios de este año. «Ejerce un tremendo poder, sin rendir cuentas a nadie. Y eso es un grave problema para el Estado de Derecho», añadió.
En una respuesta a las afirmaciones del Sr. Meese, el abogado especial escribió en mayo que sus afirmaciones son «sin mérito» y agregó que no hay precedentes legales. «Ni la impugnación de Trump ni las teorías adicionales del Meese Amicus son novedosas o meritorias; por el contrario, todos los tribunales que las han considerado las han rechazado, incluidas decisiones autorizadas de la Corte Suprema», afirmó.
A principios de este mes, la jueza Cannon dictaminó que celebraría una audiencia con partes externas, incluido el Sr. Meese, sobre los argumentos relativos a si el nombramiento de Smith fue ilegal. Tres expertos externos, dijo, podrán exponer sus argumentos durante la próxima vista del 21 de junio.
«Estoy deseando tener la oportunidad de ayudar a la jueza Cannon a entender mejor por qué Jack Smith no tiene autoridad para procesar al presidente Trump, y responder a cualquier pregunta que pueda tener sobre el análisis jurídico que hemos ofrecido en nombre de (entre otros) dos respetados ex fiscales generales de Estados Unidos», dijo Gene Schaerr, uno de los expertos, a The Epoch Times a principios de este mes.
No se ha fijado una fecha para el juicio en el caso de los documentos clasificados de Trump, lo que ha llevado a varios expertos legales a especular con que probablemente no se celebre antes de las elecciones de noviembre. El expresidente se enfrenta a cargos en otros dos casos, entre ellos en Georgia y Washington, mientras se enfrenta a una sentencia en Nueva York después de que un jurado lo declarara culpable de falsificar registros comerciales.
Pero Matthew Seligman, exsecretario del juez de circuito Douglas Ginsburg, escribió en un escrito legal que la Cláusula de Nombramientos permite al fiscal general nombrar al Sr. Smith como abogado especial. El exsecretario será uno de los analistas externos autorizados a presentar argumentos durante la audiencia del 21 de junio, también.
«El Sr. Trump aparentemente admite que el fiscal general Garland podría constitucionalmente nombrar al abogado especial Smith como funcionario inferior si el Congreso le hubiera conferido ese poder, pero argumenta que el Congreso no lo hizo. Pero ese argumento simplemente ignora el texto llano de la Sección 533, que autoriza inequívocamente al fiscal general a nombrar ‘funcionarios’ como el abogado especial para ‘perseguir delitos contra Estados Unidos'», escribió el Sr. Seligman.
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