Está previsto que Japón retire, por motivos de seguridad, los drones fabricados en China que utiliza actualmente en agencias gubernamentales independientes, según Yomiuri Shimbun.
En los próximos años, el gobierno japonés planea reemplazar su flota de más de 1000 drones elaborados por el fabricante líder de China, DJI, por otros de producción nacional, que están en desarrollo con el apoyo del gobierno, informó Yomiuri Shimbun.
Las autoridades japonesas también introducirán restricciones más estrictas sobre la compra de nuevos drones, que deberán pasar por una evaluación previa de riesgos.
Las actuales decisiones son el resultado de las crecientes preocupaciones de Japón de que, a medida que los estándares para la tecnología inalámbrica 5G se vuelven más comunes, los drones «presenten riesgos de robo de información a través de ataques cibernéticos y secuestro de drones», según el informe.
“Si son secuestrados por un tercero, pueden usarse maliciosamente para terrorismo y delitos”, explicó un funcionario de la Secretaría del Gabinete.
Los drones se utilizan con frecuencia para fotografía, mantenimiento de infraestructura y fines de defensa. Se conectan a redes externas mientras trabajan en el aire, y cualquier información que recopilen podría ser vulnerable sin las precauciones de seguridad adecuadas, según un informe de Nikkei, el cual señala que Tokio está tratando de evitar que los actores externos tomen el control de los drones del gobierno o extraigan datos de ellos.
DJI bajo sospecha
Establecida en 2006 y con sede en la ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong, en el sur de China, DJI es el mayor fabricante mundial de drones comerciales. Según Nikkei, la empresa tiene del 70 al 80 por ciento del mercado mundial de drones. Sus unidades tienen precios favorables, pero se consideran poco seguras.
En enero de 2020, el Departamento del Interior de EE.UU. dejó de utilizar su flota de drones DJI por cuestiones de seguridad.
Investigadores de las empresas cibernéticas Synacktiv y GRIMM descubrieron recientemente que la aplicación móvil de DJI contenía funciones que accedían a grandes cantidades de información personal del usuario y podían dejar a los usuarios vulnerables a ataques maliciosos.
William Evanina, director del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad, dijo en una entrevista del New York Times: “La ley china exige que todas las empresas de tecnología chinas proporcionen la información que obtienen, o la información almacenada en sus redes, a las autoridades chinas si así lo solicitan». Creía que todos los estadounidenses deberían preocuparse de que sus «imágenes, datos biométricos, ubicación y otros datos almacenados en aplicaciones chinas» pudieran ser entregados al aparato de seguridad estatal de China.
La Ley de Seguridad del Estado y la Ley de Inteligencia Nacional de China estipulan que «cualquier organización o ciudadano apoyará, ayudará y cooperará con el trabajo de inteligencia del Estado».
Las dos leyes entraron en vigor respectivamente el 1 de julio de 2015 y el 28 de junio de 2017.
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