La alguacil de la Corte Suprema, Gail Curley, envió cartas al gobernador de Maryland, Larry Hogan (R), y al ejecutivo del condado de Montgomery, Marc Elrich (D), exigiendo que hagan cumplir las leyes existentes y que hagan un mejor trabajo para proteger a los magistrados cuyas vidas han sido amenazadas.
Greta Van Susteren, de Newsmax, reveló la existencia de las cartas en dos posteos en Twitter la tarde del 1 de julio.
Las cartas surgieron después que las autoridades frustraran un intento de asesinato del juez Brett Kavanaugh, el 8 de junio, en su casa de Maryland en los suburbios de la capital del país.
Según una declaración jurada del FBI (pdf), el sospechoso, Nicholas John Roske, de 26 años, de Simi Valley, California, dijo que quería matar a Kavanaugh para evitar que votara a favor de anular el derecho al aborto y las leyes de control de armas. Roske, a quien se le encontró una pistola, munición, spray de pimienta y otros artículos, fue acusado por un gran jurado federal en Maryland el 15 de junio y se le imputó formalmente el intento de asesinar a un juez de la Corte Suprema, en contra de la ley federal. El acusado se declaró inocente.
Otros individuos han amenazado la vida de varios jueces y las protestas en los domicilios de los jueces en Maryland se han intensificado en las últimas semanas.
Como alguacil, Curley es responsable de la seguridad de la corte, de la fuerza policial del tribunal y de la seguridad personal de los jueces. Ella escribió a Hogan el 1 de julio solicitando que «la policía del estado de Maryland, junto con las autoridades locales, según corresponda, hagan cumplir las leyes que prohíben las concentraciones fuera de los hogares de los jueces de la Corte Suprema que viven en Maryland».
Curley escribió que la ley estatal establece que una persona «no puede reunirse intencionadamente con otra de manera que perturbe el derecho a la tranquilidad de una persona en su hogar». Los infractores se enfrentan a 90 días de prisión o a una multa de 100 dólares, o a ambas cosas, y los tribunales pueden dictar mandatos judiciales contra esa conducta y conceder indemnizaciones por daños y perjuicios, añadió.
El condado de Montgomery prohíbe la formación de manifestaciones «delante o junto a cualquier residencia privada», señala la carta, y añade que los infractores se enfrentan a multas de 100 a 200 dólares, más 30 días de prisión.
Curley indicó que Hogan había dicho en una carta conjunta con el gobernador de Virginia, el republicano Glenn Youngkin, que estaba «profundamente preocupado» por las manifestaciones frente a los domicilios de los jueces en Maryland, las que utilizaban «lenguaje amenazante» y que ponían en peligro «la integridad de nuestro sistema judicial estadounidense y la seguridad de nuestros ciudadanos».
«Desde entonces, la actividad de protesta en los domicilios de los jueces, así como la actividad amenazante, no ha hecho más que aumentar», escribió Curley, añadiendo que «durante semanas, grandes grupos de manifestantes coreando consignas, utilizando megáfonos y golpeando tambores han hecho manifestaciones en las casas de los jueces en Maryland», y que esto «es exactamente el tipo de conducta» que las leyes estatales y del condado prohíben.
La carta de Curley dirigida a Elrich recuerda al ejecutivo del condado sus obligaciones de hacer cumplir la ley y cita un comentario que Elrich hizo tras una reciente protesta frente a la casa de un juez del condado. «Si todo el mundo va a protestar contra todos los que hacen algo, en sus casas, nos va a resultar muy difícil mantener la sociedad civil».
Mientras tanto, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, y el fiscal del condado de Fairfax, Virginia, Steve Descano (D), han sido muy criticados por negarse a aplicar las leyes federales y estatales contra los activistas a favor del aborto que han estado amenazando e intentando intimidar a los jueces de la Corte Suprema y a sus familias que residen en Virginia, según un informe de Hans A. von Spakovsky, de la fundación Heritage Foundation. Esta falta de acción está provocando contra la corte la “Furia de Verano» que los activistas de izquierda prometieron, argumenta el académico.
La ley federal, escribe Von Spakovsky, tipifica como delito el paro o manifestación «cerca de un edificio o residencia ocupada o utilizada por un juez, jurado, testigo o funcionario judicial federal» con la «intención de interferir, obstruir o impedir la administración de justicia, o con la intención de influir en cualquier juez, jurado, testigo o funcionario judicial, en el cumplimiento de su deber».
Von Spakovsky insta a Youngkin y al fiscal general de Virginia, el republicano Jason Miyares, «a que intervengan y utilicen su poder legal para detener, procesar y pedir la pena máxima por cada día que los manifestantes estén violando la ley».
El Congreso tomó medidas el mes pasado.
En respuesta a las amenazas, el senador John Cornyn (R-Texas) presentó la propuesta de Ley de Paridad Policial de la Corte Suprema el 5 de mayo, tres días después que Politico publicara una opinión filtrada de la corte que mostraba que los jueces estaban dispuestos a anular el precedente del aborto Roe vs. Wade, algo que terminaron haciendo en un fallo del 24 de junio. La filtración fue seguida por una ola de ira y amenazas en todo el país por parte de activistas a favor del aborto. Curley está investigando la filtración, pero se han hecho públicos pocos detalles de la investigación.
El proyecto de ley avanzó rápidamente en el Congreso y fue promulgado por el presidente Joe Biden el 16 de junio.
La medida otorga a la Corte Suprema «autoridades relacionadas con la seguridad equivalentes a los poderes legislativo y ejecutivo». También otorga al alguacil de la corte autoridad para brindar protección a los miembros de las familias inmediatas de los jueces y a «cualquier funcionario de la Corte Suprema si el alguacil determina que tal protección es necesaria».
The Epoch Times contactó a Hogan y Elrich, pero no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
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