La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, llegó este lunes a Panamá para una reunión bilateral sobre seguridad, informó la Embajada estadounidense.
Richardson, que vino a Panamá en junio pasado para tratar temas como la seguridad y la crisis migratoria regional, llegó nuevamente al país centroamericano «para reunirse con autoridades panameñas y participar en el Diálogo de Seguridad de Alto Nivel (DSAN) entre Panamá y EE.UU. que se celebra hoy en Panamá».
La legación estadounidense se limitó a describir así, en un mensaje en sus redes sociales, la visita de la jefa del Comando Sur, que no fue anunciada por las autoridades locales ni diplomáticas.
Panamá pide ayuda a EE.UU. ante nuevos picos en la crisis migratoria
Richardson se encuentra en Panamá cuando este país, puerta de entrada a Centroamérica desde el sur para la migración ilegal, está registrando picos históricos en la llegada de estos viajeros en tránsito hacia Estados Unidos, la gran mayoría venezolanos, que cruzan la peligrosa jungla del Darién, la frontera natural con Colombia.
También pocos días después de la entrada en vigor de una nueva política estadounidense que expulsa a los nacionales de Venezuela que ingresen por la frontera terrestre con México o que hayan llegado de forma ilegal a Panamá.
Este anuncio ha provocado que migrantes se devuelvan a Colombia cuando aún no se han adentrado en la selva, según testimonios de ellos mismos, y que algunos que ya están en los campamentos de acogida temporal en Panamá piensen en optar por el proceso de devolución voluntaria, como dijo a EFE uno de ellos, el venezolano Carlos Figueroa, en el área fronteriza de San Vicente.
Para la gestión del elevado flujo migratorio por Panamá «estamos clamando a la Embajada de Estados Unidos que nos ayuden, nos asistan económicamente como hacen con otros países», dijo este lunes la directora del Servicio Nacional de Migración (SNM), Samira Gozaine, al sostener que cerca de 190,000 personas han llegado al país tras cruzar la frontera selvática en lo que va de año, una cifra sin parangón.
Estos recursos económicos se hacen aún más necesarios tras la nueva política migratoria de EE.UU. hacia los venezolanos, que representan más del 70 % de los que están cruzando Panamá.
«No tenemos los recursos, no tenemos la capacidad logística» para «hacer el retorno voluntario» de la población migrante venezolana que ha llegado a Darién en «tal volumen», argumentó Gozaine.
«Tendríamos que ver cómo se hace (el retorno en avión), estábamos consultando con la encargada de negocios de la Embajada de Venezuela a ver si ellos pudiesen asumir los costos, al igual que los organismos internacionales», añadió.
Panamá recibe a los viajeros ilegales en estaciones de recepción migratoria (ERM) situadas en la frontera con Colombia y con Costa Rica, donde toman sus datos biométricos y reciben alimentación y atención médica, en un operativo único en el continente que consume millones de dólares al año.
Son familias enteras, con niños e incluso bebés, en movilización. Muchos de los venezolanos proceden de segundos o terceros países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile o Brasil, en los que ya habían intentado establecerse.
El Gobierno de Panamá dijo el viernes pasado que requiere «ayuda» para la gestión de este flujo migratorio, y renovó el llamado a Suramérica a que se involucre activamente en el manejo de esta «crisis humanitaria».
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