El director de la Subdivisión de Delitos Electorales del Departamento de Justicia renunció luego que el fiscal general William Barr emitiera un memorándum a los fiscales federales autorizándolos de investigar las denuncias de fraude electoral antes de que los resultados de las elecciones sean certificados.
Richard Pilger, en un correo electrónico a sus colegas, dijo que «lamentablemente debo renunciar a mi cargo» como jefe de la rama que procesa los delitos electorales en el Departamento de Justicia (DOJ) después del memorándum de Barr, que autorizó a los fiscales «a investigar las acusaciones sustanciales de irregularidades en la votación y la tabulación de votos antes de la certificación de las elecciones en sus jurisdicciones en ciertos casos».
Barr señaló en el memorándum que esas indagaciones solo podían realizarse en presencia de «denuncias claras y aparentemente creíbles de irregularidades que, de ser ciertas, podrían repercutir potencialmente en el resultado de unas elecciones federales en un estado concreto». Al mismo tiempo, Barr instó a los fiscales a «tener mucho cuidado y criterio al abordar las denuncias de irregularidades en la votación y la tabulación de los votos», y añadió que «si bien las denuncias graves deben manejarse con mucho cuidado, las afirmaciones engañosas, especulativas, fantasiosas o descabelladas no deben servir de base para iniciar investigaciones federales».
Pilger, al anunciar su intención de renunciar, calificó la idea central del memorándum de Barr como «una nueva e importante política que deroga la política de no interferencia de cuarenta años de antigüedad para las investigaciones de fraude electoral en el período anterior a que las elecciones se certifiquen y sean inobjetables», refiriéndose a un documento de orientación del DOJ sobre el enjuiciamiento federal de delitos electorales (pdf).
El documento, que sirve de orientación interna del DOJ y no pretende crear derechos exigibles en materia penal, estipula que la función del Departamento es investigar los delitos electorales «para disuadir la corrupción de futuras elecciones» en lugar de tomar determinaciones sobre qué candidato ganó un a elección en particular, o si la presencia de un presunto fraude electoral es motivo de una repetición de las elecciones.
«En la mayoría de los casos, estas cuestiones son para que los candidatos litiguen en las cortes o aboguen ante sus órganos legislativos o juntas electorales», dicen las directrices, añadiendo que las pruebas de fraude electoral deben sopesarse cuidadosamente para mitigar «el importante riesgo de interponer la investigación en sí misma como un problema, tanto en la campaña como en la adjudicación de cualquier contienda electoral subsiguiente».
«No se deben tomar medidas de investigación criminal abierta de manera general en asuntos que impliquen un presunto fraude en la forma en que se emitieron o contaron los votos hasta que las elecciones en cuestión hayan concluido, sus resultados estén certificados y todos los recuentos y contiendas electorales hayan concluido», afirma el documento.
Barr, en su memorándum, reconoció la política de esperar a investigar el fraude electoral hasta que se hayan certificado las elecciones y se hayan concluido todos los recuentos y las contiendas electorales, pero añadió que «un enfoque de aplicación tan pasivo y retrasado puede dar lugar a situaciones en las que no se puede rectificar de manera realista la mala conducta electoral».
El fiscal general añadió que «nada de esto debe tomarse como una indicación de que el Departamento ha concluido que las irregularidades en la votación han afectado el resultado de cualquier elección», añadiendo que la directriz se está proporcionando para que los votantes puedan tener «plena confianza en los resultados de nuestras elecciones».
El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de The Epoch Times.
El candidato presidencial demócrata Joe Biden fue declarado por la mayoría de la prensa como presidente electo el sábado luego que las victorias proyectadas en Pensilvania y Nevada lo colocaran por encima del umbral de los 270 votos electorales. Biden también ha reclamado la victoria en la contienda presidencial, modificando su biografía en Twitter para incluir el título de «presidente electo».
El presidente Donald Trump ha alegado fraude electoral y ha dicho que cualquier declaración de victoria es prematura, con su campaña anunciando una serie de demandas judiciales.
«Es un simple hecho que estas elecciones están lejos de haber terminado», dijo Trump en una declaración. «Joe Biden no ha sido certificado como ganador de ningún estado, y mucho menos de ninguno de los estados altamente disputados que se dirigen a los recuentos obligatorios, o estados donde nuestra campaña tiene demandas judiciales válidas y legítimas que podrían determinar el ganador final».
«Los votos legales deciden quién es presidente, no los medios de comunicación», añadió Trump.
The Epoch Times no declarará un ganador de la contienda hasta que todas las demandas judiciales sean resueltas.
No ha habido elecciones en décadas en las que se haya alegado un fraude tan generalizado, siendo las más cercanas las elecciones de 1960 en las que el demócrata John F. Kennedy venció al republicano Richard Nixon y hubo alegaciones de que el fraude ayudó a Kennedy a ganar.
La controversia sobre el presunto fraude electoral en la contienda presidencial de 2020 también refleja la amplia diferencia de actitud entre republicanos y demócratas respecto a las elecciones en cuestión, ya que el Partido Republicano está presionando para tomar medidas enérgicas contra el presunto fraude electoral, invalidando algunas boletas e insistiendo en que solo deben contarse los votos «legales», mientras que los demócratas argumentan que el nivel de fraude es insignificante y subrayan el mensaje de que cada voto debe ser contado.
La base de datos de Heritage Foundation sobre fraude electoral contiene 1298 casos comprobados de fraude electoral a lo largo de décadas, aunque señala que «no es una lista exhaustiva o completa» que no recoge los casos denunciados que no se investigan o enjuician.
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