Antes de una audiencia el lunes, el ex funcionario del Departamento de Justicia (DOJ) Jeffrey Clark está argumentando que el expresidente Donald Trump cambió la descripción del trabajo del Sr. Clark para abarcar la actividad de las elecciones de 2020, formando la base de que su caso debe ser retirado del estado a la corte federal.
En agosto, Clark fue acusado junto con el presidente Trump y otras 17 personas en un caso de chantaje por su impugnación de los resultados de las elecciones de 2020. La fiscal Fani Willis, fiscal de distrito del condado de Fulton, Georgia, alega que esas acciones constituyeron una «empresa criminal de chantaje».
Todos los acusados fueron imputados por violar la ley estatal de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantajes (RICO, por sus siglas en inglés), y otros 40 cargos en total.
Clark fue acusado de violar la ley RICO, así como de un cargo de «tentativa delictiva de cometer declaraciones y escritos falsos». Todos los actos de chantaje en la acusación, de los cuales hay 161 en total, que nombran a Clark están relacionados con su participación en la emisión de una declaración del DOJ que señalaba que la agencia había «identificado preocupaciones significativas que pueden haber impactado en el resultado de las elecciones en múltiples estados, incluyendo el estado de Georgia.»
«El Presidente discutió la carta y los temas electorales directamente con Clark, y buscó directamente sus opiniones y consejos», escribieron los abogados de Clark, añadiendo énfasis a la línea. «El Presidente tiene el derecho incondicional e ilimitado de buscar y obtener dicho asesoramiento de sus asesores jurídicos superiores. Este acto del Presidente ratificó de forma concluyente que las responsabilidades de Clark incluían las cuestiones relacionadas con las elecciones tratadas en el borrador de la carta, y que toda su conducta imputada estaba amparada por la ley.»
Audiencia de destitución
El juez de distrito Steve Jones ya ha rechazado la comparecencia ante la corte federal del coacusado Mark Meadows, ex jefe de gabinete del presidente. Tras una audiencia que duró todo el día, devolvió el caso a la corte estatal. Meadows ha recurrido la decisión ante el 11º Circuito.
Tanto Meadows como Clark habían argumentado que, como funcionarios federales, solo pueden ser juzgados por una corte federal.
Citaron sentencias precedentes sobre la Cláusula de Supremacía, que eleva la ley federal por encima de la ley estatal, y explicaron que el gobierno federal «dejaría de existir» si no tuviera poder para protegerse en el ejercicio de poderes constitucionales.
La nueva respuesta de Clark, presentada el jueves (pdf), argumenta que muchos de los argumentos de la fiscalía contra la destitución de Meadows eran incorrectos, y ofrece defensas adicionales para Clark en apoyo de la destitución. El caso de Meadows difiere del de Clark en que incluía varios actos, y el juez consideró que algunos de ellos formaban parte de sus funciones oficiales y otros no. Los cargos de Clark solo se refieren a una declaración.
La respuesta también hace referencia a la «inmunidad absoluta» de un presidente de EE.UU. que surgió de un caso civil que un contratista despedido presentó contra el entonces presidente Richard Nixon. El ejercicio del presidente Trump de su autoridad ejecutiva al asignar asuntos a funcionarios como Clark no puede estar sujeto a procedimientos estatales, argumentan.
«La Constitución de los Estados Unidos no permite que ningún gobierno estatal o local examine o regule de otro modo las deliberaciones internas que ocurren a diario entre el Presidente, su oficina y los altos funcionarios del gobierno, incluido el Fiscal General Interino, el PDAG o cualquier Fiscal General Adjunto», dice la presentación.
«Tal interferencia en la esfera federal no puede permitirse. La destitución es la primera línea de defensa para mantener el orden constitucional en este contexto.»
¿Se filtró una reunión del DOJ?
Las pruebas de la acusación incluyen una cadena de correos electrónicos y una descripción de una larga reunión que precedió a la declaración relacionada con la acusación de Clark.
Clark había enviado un borrador de carta a sus colegas el 28 de diciembre de 2020 y, más tarde, en una «reunión polémica» en la que participaron el presidente Trump, Clark, el fiscal general adjunto de la Oficina de Asesoría Jurídica Steven Engel, el asesor de la Casa Blanca Patrick Cipollone, el asesor adjunto de la Casa Blanca Patrick Philbin y el abogado de la Casa Blanca Eric Herschmann, debatieron el envío de la carta.
El presidente Trump estaba inicialmente a favor de enviar la carta, pero había cambiado de opinión al final de la reunión varias horas más tarde. Los abogados de Clark escribieron que esta reunión fue una discusión privilegiada que no fue filtrada por Clark, y que nunca debería haberse hecho pública. Sin embargo, se convirtió en parte de los cargos contra él, ya que la acusación señala que otros funcionarios del ODOJ se opusieron a la carta.
«Clark argumentó que, a efectos de la expulsión, no importa si otros se opusieron a la carta». «La prueba del color de la ley no depende de esas cuestiones. La Constitución otorga al presidente la autoridad última para ‘velar por el fiel cumplimiento de las leyes’, no a esos otros funcionarios.»
Eliminación del procedimiento del Gran Jurado con fines especiales
Además de retirar el caso contra él, Clark ha intentado retirar los procedimientos del gran jurado con fines especiales de la corte estatal.
Antes de que un gran jurado ordinario formulara la acusación de 41 cargos, un gran jurado especial escuchó las declaraciones de 75 testigos antes de emitir un informe y recomendar que se presentaran cargos contra 39 personas.
La oficina del fiscal del distrito ha argumentado que esto no debería ocurrir porque los procedimientos no son una «acción».
Clark argumentó en la respuesta que las «acciones» bajo el estatuto aplicable incluyen «procedimientos (sean o no auxiliares de otro procedimiento)», y el gran jurado de propósito especial era «sin duda eso».
«Los procedimientos del SPGJ están inextricablemente vinculados a la acción de acusación, lo que permite que ambos sean eliminados basándose en el momento de esa acusación», escribieron previamente los abogados de Clark, al argumentar a favor de la eliminación de los procedimientos.
«Georgia está totalmente excluida de tratar de regular a los abogados del Departamento de Justicia federal que participan en deliberaciones internas».
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