La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) interpuso este lunes una denuncia en la Fiscalía colombiana por posibles irregularidades de exfuncionarios de ese ente acusador en las garantías de no extradición del exintegrante de las FARC Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias «Jesús Santrich», muerto en 2021.
En concreto, la denuncia de la JEP va en contra de la exdirectora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía Ana Fabiola Castro, aunque pide a la Fiscalía «que investigue a todas aquellas personas que pudieran estar conectadas», según explicó el presidente de este tribunal, magistrado Roberto Vidal.
Santrich, que integró el último mando de las extintas FARC y murió en 2021 en Venezuela en un supuesto enfrentamiento entre guerrillas, fue expulsado de la JEP tras abandonar el acuerdo de paz firmado en 2016 y volver a la clandestinidad con la «Segunda Marquetalia», una de disidencia comandada por el también el exlíder de las FARC alias «Iván Márquez».
Sin embargo, la JEP se pronunció sobre la petición de extradición que constaba contra él cuando aún estaba sometido a la justicia transicional, asegurando que «la Fiscalía de entonces no le entregó a la Jurisdicción toda la información -que fue requerida en varias oportunidades-, para tomar la decisión en el caso Hernández Solarte», según Vidal.
«El ocultamiento de la información requerida por autoridades judiciales es una práctica que no puede tolerarse», asegura la JEP en la denuncia, donde relata que pidió a la Fiscalía de entonces que «hicieran entrega de la documentación que permitiera cumplir el deber de pronunciarse sobre si debía operar o no la garantía de no extradición» de Santrich, información que no fue suministrada.
La JEP habla de lo que «parece ser un ocultamiento sistemático» de la información de este proceso, aunque su presidente aseguró que no se están pronunciando sobre un posible «entrampamiento» a «Santrich», como han alegado miembros del actual Gobierno, que hubo para falsificar, supuestamente, pruebas de sus vínculos con el narcotráfico y forzar así su extradición.
«Es importante precisar que la denuncia penal presentada tiene que ver con las acciones y omisiones de servidores de la Fiscalía General de la Nación, y que la JEP no se está pronunciando sobre la responsabilidad de Hernández Solarte», manifestó el presidente de la JEP.
«No nos estamos pronunciando de manera alguna de la forma de actuar (de Santrich)», insistió Vidal.
Caso polémico
Santrich tenía una orden de extradición a Estados Unidos por los supuestos delitos de asociación para delinquir agravada y tráfico de estupefacientes, presuntamente cometidos entre junio de 2017 y abril de 2018, es decir después de la firma del acuerdo de paz, que tuvo lugar en noviembre de 2016.
Por eso fue detenido en Bogotá el 9 de abril de 2018 por la Fiscalía acatando la petición de extradición, pero tras un tira y afloja en la Justicia colombiana, Santrich quedó finalmente libre y el 11 de junio de 2019 asumió un escaño en la Cámara de Representantes para el que fue designado por el partido FARC, ahora llamado Comunes, surgido de la desmovilización de la antigua guerrilla.
A pesar de ello, el exguerrillero se escabulló semanas después para reaparecer en un video con Márquez anunciando su regreso a la lucha armada al frente de la Segunda Marquetalia, en referencia al caserío donde comenzaron las FARC hace más de medio siglo.
Después de su muerte han salido videos y documentos que apuntan a posibles injerencias extranjeras para supuestamente acusar a Santrich y torpedear el acuerdo de paz.
De hecho, la JEP reconoció el mes pasado, cuando anunció la denuncia, que Santrich «fue víctima de interferencias, omisiones y actuaciones mal intencionadas, que por lo mismo deberán ser examinadas por las autoridades competentes a las cuales se les entregará la información recaudada».
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