La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este miércoles por primera vez a un excomandante del Ejército colombiano, al acusar al general retirado Mario Montoya, junto a otros 8 militares, de 130 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes inocentes (los conocidos en Colombia como «falsos positivos») en el noroccidente del país.
La JEP, el tribunal ad hoc creado por el acuerdo de paz con las FARC, considera a Montoya posible autor de «crímenes de guerra y de lesa humanidad» por «asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado» entre 2002 y 2003 en el oriente del departamento de Antioquia, cuando era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército.
Y le acusa de «mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas ‘en combate’, emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados», explicó la magistrada de reconocimiento de verdad de la JEP, Catalina Díaz.
Junto a Montoya, por los mismo crímenes, la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la JEP también imputó a los tenientes coroneles Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda Recuero, además de cuatro subtenientes, un teniente y un soldado regular, todos antiguos integrantes del Batallón de Infantería No. 4 «Jorge Eduardo Sánchez» (BAJES) y retirados del Ejército.
Montoya y los dos excomandantes del BAJES son acusados, «por su posición de liderazgo», por la presión que cada uno de ellos ejerció para que se produjeran las bajas en combate, «una práctica que se replicó a lo largo de toda la cadena de mando militar, hasta constituir el punto de partida del patrón macrocriminal de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate».
«Según el auto de la Sala, esos oficiales, mediante la articulación de órdenes genéricas y, en algunos casos, implícitas, y de medidas de diversa naturaleza, instigaron o indujeron a los ejecutores materiales, a pesar de no tener siempre contacto directo con ellos y encontrarse, por regla general, relativamente alejados del lugar de la perpetración», consideró la sala de imputaciones.
A Montoya la JEP -que ofrece penas alternativas a prisión por reconocimiento de verdad- le pidió que reconozca su responsabilidad a «título de autor» de haber mentido sobre los números de supuestas bajas de las extintas FARC y su encubrimiento de estos crímenes de guerra, así como por esta presión que ejerció sobre sus inferiores.
Montoya es el militar de mayor rango que ha rendido versión ante este tribunal por los «falsos positivos», uno de los episodios más oscuros del conflicto en el que militares ofrecían trabajo a jóvenes, sobre todo de clases bajas, para llevárselos a otras partes del país y asesinarlos con el objetivo era presentarlos como guerrilleros muertos en combate y así conseguir incentivos y premios de sus superiores.
Hasta el momento, la JEP considera que en el país se produjeron 6402 muertes o desapariciones forzosas ilegítimamente presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008″, que corresponde con el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), del que Montoya fue comandante del Ejército entre 2006 y 2008.
67 imputaciones por «falsos positivos»
Con estas nuevas nueve, la JEP ha imputado hasta el momento a 62 personas por «falsos positivos» en el Caso 03, de las cuales 55 (el 89 %) han reconocido su responsabilidad.
De estos nuevos 130 crímenes imputados (entre los que hay 4 niñas, 11 niños y 3 personas en condición de discapacidad) a los nueve exmilitares, 53 corresponden a 2002 y 77 a 2003.
La JEP destacó tres modalidades en los «modus operandi» en estos crímenes: a algunas víctimas las sacaron de sus casas, trabajos o de transportes y luego los señalaron de ser guerrilleros; a otras personas en condiciones de vulnerabilidad las engañaron con promesas de trabajo para luego asesinarlas, y por último también hubo asesinatos y desapariciones de posibles guerrilleros pero que fueron asesinados fuera de combate, lo que atenta contra el DIH.
Esta determinación se da dentro del subcaso en el departamento Antioquia (noroeste), una de las seis zonas priorizadas en el Caso 03, el de los llamados «falsos positivos», explicó la magistrada, que añadió que se sigue investigando otros casos donde también podría tener responsabilidad.
Ahora los imputados tendrán 30 días hábiles para reconocer o rechazar los hechos, tras lo cual la JEP fijará una audiencia pública (si los reconocen) y se adoptará una resolución para que Tribunal para la Paz para que este imponga una sanción propia, si es el caso, que podría excluirles de ir a prisión.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), donde podrían enfrentar penas de prisión de hasta 20 años.
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