Una investigación interna de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) no encontró «ninguna evidencia» que se diera una directiva a los trabajadores de socorro de huracanes para evitar las casas de los partidarios del presidente electo Donald Trump que viniera de altos funcionarios de la agencia, según el administrador de FEMA Deanne Criswell.
La declaración se produjo a raíz de la revelación de que una supervisora de la FEMA ordenó a los trabajadores de socorro del huracán Milton que exploraban la zona de Lake Placid, Florida, que «evitaran las casas que anunciaban a Trump».
La empleada en cuestión, Marn’i Washington, fue despedida desde entonces por emitir órdenes que Criswell dijo que estaban «completamente en desacuerdo con la misión de FEMA».
«Mi equipo de alto liderazgo me proporcionó esta evidencia visual de que la empleada, de hecho, había emitido esta declaración, estas instrucciones, y recomendaron que esta empleada fuera despedida. Yo estuve de acuerdo y ordené el despido, y la empleada fue despedida», informó Criswell a los miembros del Comité de Transporte e Infraestructuras de la Cámara de Representantes el 19 de noviembre.
Aunque la administradora dijo que ese comportamiento «no será tolerado en FEMA», añadió que no creía que las acciones de Washington fueran indicativas de problemas culturales generalizados en la agencia.
Washington, sin embargo, relató una historia diferente.
En una serie de entrevistas con varios medios de comunicación, Washington, que tenía el papel de supervisión más bajo de jefe de equipo, acusó a FEMA de usarla como chivo expiatorio. La directiva alegó, no era suya, sino que procedía de un nivel superior de la cadena de mando como medida de seguridad basada en incidentes sobre el terreno.
«Dio la casualidad de que, por desgracia, la mayoría de los encuentros hostiles, que fueron tendencias, tenían esos carteles de campaña [de Trump]», dijo Washington a NewsNation el 18 de noviembre.
«Así que, reitero, esto es un esfuerzo colectivo para que todo el mundo se sienta cómodo, con el fin de servidumbre. Yo no tengo un caballo en esta carrera. Mis órdenes vienen de mi superior, y yo simplemente las ejecuto».
Citando las afirmaciones de Washington, el representante Scott Perry ( R-Pa.) preguntó a Criswell si se había investigado a los superiores de la exempleada como parte de la investigación en curso.
«La investigación incluye a los que fueron desplegados en este incidente en particular, y no hemos encontrado pruebas de que haya algo más allá de la dirección específica de esta única empleada», respondió Criswell.
Cuando se le preguntó si iba a solicitar una investigación independiente realizada por la Oficina del Inspector General, dijo que sí lo haría.
Preocupación por la financiación
El 18 de noviembre, el presidente Joe Biden pidió al Congreso que aprobara unos 100,000 millones de dólares en fondos de emergencia para apoyar las labores de socorro en caso de catástrofe, incluidos 40,000 millones para la FEMA.
En septiembre, los legisladores aprobaron 20,000 millones de dólares para el Fondo de Ayuda para Catástrofes (DRF) de la FEMA con la aprobación de una ley de financiación a corto plazo. Pero la agencia está agotando esos fondos rápidamente después de dos huracanes devastadores, y solo le quedan unos 5000 millones de dólares, según la representante Dina Titus (D-N.V.).
«El Congreso debe aprobar el suplemento para financiar suficientemente el DRF para que FEMA pueda seguir apoyando los esfuerzos de recuperación en curso, así como hacer frente a los que sin duda surgirán en el futuro», dijo Titus en la audiencia.
El congresista republicano Garret Graves declaró que le parecía «ridículo» que la FEMA pudiera encontrar dinero para alojar y alimentar a inmigrantes ilegales y cubrir sus gastos de viaje, pero se quede sin fondos para ayudar a los ciudadanos estadounidenses necesitados.
«Ahora mismo tenemos una deuda, 35 billones de dólares como nación, y estamos ayudando a ciudadanos de otros países cuando ni siquiera estamos cubriendo las necesidades fundamentales de nuestros propios ciudadanos», dijo Graves. «Esta es realmente una situación inaceptable».
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, informó que retrasará el proceso de asignaciones hasta enero de 2025, cuando los republicanos tendrán el control del Congreso y de la Casa Blanca.
«Se nos acaba el tiempo; el 20 de diciembre es la fecha límite», dijo Johnson a Fox News el 17 de noviembre, refiriéndose a la fecha en que expira la financiación del gobierno.
«Todavía tenemos esperanzas de que podamos conseguirlo, pero si no, tendremos una medida temporal. Creo que llegaría hasta la primera parte del año que viene y nos daría el tiempo necesario para conseguirlo».
Con la contribución de Emel Akan
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