El representante Jim Jordan (R-Ohio) exige respuestas del jefe del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional sobre cómo la administración Biden está protegiendo la propiedad y al personal federal en Portland, Oregon.
El verano pasado, la ciudad presenció constantes manifestaciones que acabaron convirtiéndose en noches de violencia y disturbios tras la muerte de George Floyd. Los enfrentamientos con la policía y los violentos disturbios provocaron numerosos daños materiales, heridos y muertos. Varios edificios federales, incluido un juzgado, fueron objeto de ataques y sufrieron importantes daños durante los disturbios.
Jordan envió cartas por separado el lunes al fiscal general Merrick Garland y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en busca de información sobre los esfuerzos que están realizando los departamentos para proteger a los empleados y a las edificaciones federales en Portland. Aunque el número de manifestaciones se ha reducido, en distintas partes de la ciudad aún siguen ocurriendo brotes de violencia, incluido el Palacio de Justicia de Estados Unidos Mark O. Hatfield.
Apenas un día después de que se retirara la valla protectora alrededor del palacio de justicia llegaron alborotadores que intentaron ingresar y prender fuego en la entrada del edificio. En otras partes de la ciudad también ocurrieron protestas que se tornaron violentas, lo que provocó la intervención policial y arrestos.
Las cartas de Jordan también pedían transparencia sobre los planes de los jefes de departamento para «prevenir daños futuros y destrucción de propiedad federal» en la ciudad, y buscaban que los departamentos dijeran con claridad si consideraban criminales los actos observados durante el verano. Los disturbios en Portland han causado, al menos, USD 2.3 millones en daños a edificios federales, dijo a Oregon Live el fiscal federal de Oregon, Billy J. Williams. El precio de la reparación de los daños podría aumentar con las reparaciones en curso.
Otros edificios que resultaron dañados en los disturbios son el Edificio Federal Edith Green-Wendall Wyatt, el Palacio de Justicia de Estados Unidos Gus J. Solomon, el Palacio de Justicia Pioneer y el edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, dijo Jordan.
“La administración de Biden tiene el deber de garantizar que se aplique la ley federal y que tanto la propiedad federal como el personal federal estén protegidos de los extremistas violentos en Portland”, dijo Jordan.
En su carta, el miembro de mayor rango del Comité Judicial de la Cámara de Representantes señaló que la violencia se agravó a causa de un recorte de USD 16 millones a la Policía de Portland. Esto resultó en la disolución del equipo de reducción de la violencia armada, de los oficiales de recursos escolares y de la división de policía de tránsito.
El año pasado, la administración Trump envió fuerzas federales a Portland para responder a la escalada de violencia, el envío buscaba proteger edificios y monumentos federales. En ese momento, la ciudad tuvo más de 100 noches consecutivas de violencia.
El año pasado el exfiscal general, William Barr, defendió el despliegue de las fuerzas de seguridad federales, ordenado por la administración Trump, durante una audiencia del Poder Judicial de la Cámara.
“Sorprendentemente, la respuesta de muchos en los medios de comunicación y de funcionarios públicos locales a este asalto organizado ha sido culpar al gobierno federal”, dijo Barr. “Para decir lo que debería ser obvio, los manifestantes pacíficos no arrojan explosivos a los juzgados federales, no derriban madera contrachapada con palancas ni arrojan materia fecal a los agentes federales. Tales actos son, de hecho, delitos federales según las leyes promulgadas por este Congreso”.
Tanto Garland como Mayorkas tienen hasta las 5 p.m. del 12 de abril para entregar la información solicitada por Jordan.
Ni el DOJ ni el DHS respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de The Epoch Times. La oficina del alcalde de Portland, Ted Wheeler, tampoco respondió a una solicitud de comentarios.
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