Una doctrina judicial que da poder a la burocracia y a la que los críticos culpan del crecimiento explosivo del gobierno de Estados Unidos en las últimas décadas, debería ser revocada, dijeron a la Corte Suprema el 17 de enero.
La corte podría anular o limitar la aplicación de la llamada doctrina de deferencia Chevron, que la Corte Suprema estableció en 1984. La «deferencia Chevron», como la llaman los abogados, sostiene que la interpretación de una agencia sobre una ley que administra merece deferencia a menos que el Congreso haya indicado lo contrario.
La decisión final de la corte podría alterar el actual equilibrio de poder entre el Congreso, las agencias ejecutivas y el poder judicial de la nación, frenando los fundamentos jurídicos del moderno Estado administrativo, que los críticos ridiculizan como una cuarta rama ilegítima del gobierno.
En la histórica sentencia del caso Chevron contra el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC), la corte sostuvo que, si bien los tribunales «deben dar efecto a la intención expresada sin ambigüedades por el Congreso», cuando los tribunales consideran que «el Congreso no ha abordado directamente la cuestión precisa en cuestión» y «la ley no dice nada o es ambigua con respecto a la cuestión específica, la cuestión para la corte es si la respuesta de la agencia se basa en una interpretación permisible de la ley».
Los conservadores y los responsables políticos republicanos llevan mucho tiempo criticando la doctrina, afirmando que contribuyó al crecimiento explosivo del gobierno y otorga a los reguladores no elegidos demasiado poder para hacer política yendo más allá de lo que el Congreso pretendía cuando aprobó diversas leyes. En los últimos años, a medida que la mayoría conservadora ha ido creciendo en la Corte Suprema, la autoridad de las agencias reguladoras se cuestiona cada vez más.
Los jueces conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch expresaron su escepticismo ante la doctrina Chevron.
Los que están en el otro lado dicen que la doctrina Chevron faculta a un gobierno federal activista para servir al interés público en un mundo cada vez más complicado sin tener que buscar la autorización específica del Congreso para todo lo que hay que hacer.
El tribunal escuchó dos casos relacionados: Relentless Inc. contra el Departamento de Comercio y Loper Bright Enterprises contra Raimondo.
En los casos en cuestión, en 2020, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del Departamento de Comercio de EE. UU. y su Servicio Nacional de Pesca Marina aplicaron una norma definitiva para obligar a las empresas pesqueras a pagar por los monitores humanos a bordo de sus buques.
Las empresas dicen que la carga de pagar por los monitores es una dificultad que reduce significativamente sus márgenes de beneficio.
El abogado de Relentless Inc., Roman Martinez, dijo a los jueces que la deferencia Chevron debe ser anulada.
«Durante demasiado tiempo, Chevron ha distorsionado el proceso judicial y socavado la interpretación legal», dijo.
«Chevron viola la Constitución. El artículo III faculta a los jueces para decir cuál es la ley … [y] para interpretar los estatutos federales utilizando su mejor e independiente juicio. Chevron socava ese deber. Reasigna la autoridad interpretativa de los tribunales a las agencias, y obliga a los tribunales a adoptar interpretaciones inferiores de las agencias que se emiten por razones políticas o normativas».
«Con ello, Chevron impide que los jueces actúen como fieles agentes del Congreso. Obliga a la parcialidad judicial y fomenta la extralimitación de las agencias, y al eliminar controles clave sobre el poder ejecutivo, amenaza la libertad individual. Chevron también viola la APA», en referencia a la Ley de Procedimiento Administrativo.
La APA «contempla que sean las cortes, y no las agencias, quienes resuelvan con autoridad las ambigüedades de las leyes», dijo Martinez.
«La única justificación de este tribunal para Chevron es la teoría de la delegación implícita, pero esa teoría es una ficción. No hay ninguna razón para pensar que el Congreso pretende que cada ambigüedad y cada estatuto de agencia otorgue a las agencias un poder continuo para interpretar y reinterpretar la ley federal de maneras que anulen su mejor significado».
«En este caso, la agencia interpretó erróneamente la MSA [es decir, la Ley Magnuson-Stevens de Conservación y Gestión de la Pesca] para obligar a los pescadores en apuros a pagar hasta el 20% de sus beneficios anuales a los agentes federales».
El gobierno argumenta que «incluso si los nueve están de acuerdo con nosotros en que la interpretación de la agencia es peor que la nuestra, deberían no obstante deferirse a esa interpretación y confirmar su programa en virtud de Chevron».
«Eso no es coherente con el Estado de Derecho. Si tenemos la mejor interpretación de la ley, deberíamos ganar este caso», dijo el abogado.
La jueza Elena Kagan ofreció una hipótesis para mostrar la dificultad a la que podrían enfrentarse los legisladores si se anulara la deferencia a las agencias.
La jueza preguntó cómo decidirían los legisladores si un suplemento destinado a aliviar el colesterol malo era un suplemento dietético o un medicamento. Disponer de agencias especializadas dotadas de expertos que entiendan de estas cosas puede ser útil, dijo.
En una línea similar, la jueza Ketanji Brown Jackson dijo que veía a Chevron como «haciendo el trabajo de mantener a los jueces alejados de la formulación de políticas».
El juez Samuel Alito sugirió que Chevron se hizo popular porque se veía como una forma de disuadir a los jueces de imponer sus propios puntos de vista en un caso.
La procuradora general de EE. UU., Elizabeth Prelogar, dijo al tribunal que la deferencia Chevron debería confirmarse.
«El marco Chevron es un principio básico del derecho administrativo con profundas raíces en la jurisprudencia de este tribunal», dijo.
«Anular un precedente nunca es un asunto menor. Pero anular un precedente tan fundacional como Chevron debería requerir una justificación verdaderamente extraordinaria. Y los peticionarios no la tienen».
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