Los jueces de la Corte Suprema serán protegidos las 24 horas del día tras el aumento de amenazas violentas, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Por orden del fiscal general Merrick Garland, el Servicio de Alguaciles de EE. UU. está proporcionando la seguridad en las casas de los nueve jueces, dijo el Departamento de Justicia (DOJ) el 18 de mayo después de que Garland se reuniera con funcionarios de la Corte Suprema en Washington.
De acuerdo a un informe de la reunión, los funcionarios repasaron diferentes aspectos de la seguridad judicial, incluido el intercambio de información.
Garland, nombrado por Biden, hizo hincapié en que el DOJ «no tolerará la violencia o las amenazas de violencia contra los jueces o cualquier otro servidor público en el trabajo, el hogar o cualquier otro lugar».
Ron Davis, director del Servicio de Alguaciles; Paul Abbate, subdirector del FBI; Gail Curley, Marshal de la Corte Suprema; y Paul Coleman, jefe de la policía de la Corte Suprema, estaban entre los presentes en la reunión.
Después de que se filtrara un borrador del dictamen de la Corte Suprema en el que se indicaba que la corte estaba dispuesta a anular el caso Roe vs. Wade, la sentencia de 1973 que concluyó que el acceso al aborto fuera un derecho constitucional, los jueces se han enfrentado a «un aumento significativo de amenazas violentas», dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un memorando obtenido y publicado por Washington Free Beacon, citando a la Policía de la Corte Suprema.
Muchas de las amenazas se hicieron en línea en las redes sociales y algunas se están investigando, según el memorando.
Por otra parte, un consorcio de agencias policiales identificó al menos 25 amenazas violentas.
Las amenazas hablaban de quemar o asaltar la Corte y de asesinar a los jueces y a sus secretarios, a los miembros del Congreso y a los manifestantes.
Todavía no se ha acusado a nadie de proferir amenazas violentas ni de protestar ante los domicilios de los jueces, a pesar de que la ley federal prohíbe ambas cosas.
Garland y el Departamento de Justicia fueron objeto de críticas por la falta de acusaciones, incluso por parte del gobernador de Maryland, Larry Hogan, y el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin.
Los gobernadores, ambos republicanos, instaron el 11 de mayo a los funcionarios federales a perseguir a los infractores, como los que violan una ley que prohíbe hacer manifestaciones o desfilar ante las casas de los jueces con la intención de influir en ellos.
«Esto está en sus manos, el garantizar que se aplique la ley federal vigente para preservar la integridad de nuestro sistema judicial estadounidense y la seguridad de nuestros ciudadanos», dijeron los gobernadores a Garland en una carta.
El Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios sobre la petición de procesamiento.
Youngkin dijo el miércoles en Fox News que parece que Garland no hará cumplir la ley.
«No creo que lo haga, y debería hacerlo. Está claro en el estatuto que eso es ilegal, y debería hacerlo cumplir», dijo.
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