Un juez federal de California dictaminó el 18 de junio que una demanda colectiva en la que se acusa a Google, de Alphabet Inc., de infringir varias leyes, incluidas las destinadas a proteger a los niños en Internet, puede seguir adelante.
El juez estadounidense P. Casey Pitts, de la Corte de Distrito del Distrito Norte de California, denegó los esfuerzos de la gran empresa de tecnología por desestimar las demandas presentadas por padres que alegan que los datos de sus hijos se recopilaron sin su permiso.
Sus demandas, que incluyen violaciones de la Ley de Competencia Desleal de California (UCL), del derecho constitucional a la privacidad de California, de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y Desleales de Florida (FDUTPA), de la Ley General de Comercio de Nueva York y de enriquecimiento injusto, entre otras, no están excluidas por la Ley federal de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA), dictaminó el juez.
La sentencia tiene su origen en una demanda presentada en junio de 2023 por los padres de seis menores de 13 años residentes en California, Florida y Nueva York.
En ella se alega que la filial de publicidad móvil de Google, AdMob, que muestra anuncios en aplicaciones, invadió ilegalmente la privacidad de los niños al recopilar su información personal a través de varias aplicaciones móviles sin el consentimiento de los padres.
«La demanda de los demandantes, interpretada liberalmente, alega hechos que demuestran una posible controversia fáctica al alegar suficientemente que la conducta supuestamente ilícita de los demandados continuó dentro del plazo de prescripción pertinente», escribió el juez Pitts en su sentencia.
En su demanda, los demandantes señalan el programa para niños Designed for Families (DFF) de Google, desarrollado en abril de 2015 y que supuestamente imponía los requisitos establecidos por la COPPA para proteger a los niños menores de 13 años de la recopilación de su información personal sin el consentimiento paterno.
Seguimiento subrepticio y recopilación de datos
El programa en la práctica categoriza miles de aplicaciones para niños en la tienda Google Play como para un «público mixto» o «no destinadas principalmente a niños», y esto último indicó que los desarrolladores podían «eludir las prohibiciones de la COPPA sobre la recopilación de datos de menores de 13 años», según la demanda.
Los demandantes señalaron un estudio de 2018, realizado por investigadores de la Universidad de California, Berkeley, que encontró un «seguimiento subrepticio y recopilación de datos en violación de COPPA por parte de los desarrolladores de apps incluidos en el programa DFF de Google.»
En concreto, los investigadores descubrieron que 2667 aplicaciones estaban potencialmente incluidas de forma incorrecta, lo que permitía recopilar sus datos y utilizarlos para anuncios dirigidos.
Google intentó desestimar la demanda ante los tribunales alegando que se había presentado fuera de plazo, que carecía de legitimación activa y que los demandantes no habían demostrado la existencia de un perjuicio económico.
La gran empresa de tecnología argumentó además que uno de los desarrolladores citados en la demanda, Tiny Lab Productions, había sido expulsado de la Play Store de Google más de cuatro años antes de la demanda, por lo que la reclamación había prescrito, entre otras cosas.
Google llega a un acuerdo multimillonario
El juez Pitts no estuvo de acuerdo con Google y consideró que los demandantes están legitimados para solicitar medidas cautelares.
«Independientemente de lo poco sensible o íntima que fuera la información personal recopilada en este caso», escribió el juez, «la alegación de que los demandados recopilaron los datos infringiendo la ley federal a pesar de afirmar que sus aplicaciones [«diseñadas para familias»] no realizaban publicidad basada en intereses, basta para demostrar que la intrusión de los demandados en las expectativas de privacidad de los demandantes fue altamente ofensiva».
El juez Pitts también dijo que la demanda alega específicamente que los menores fueron rastreados a través de varias aplicaciones de Android en el programa DFF de Google, y no solo las aplicaciones de Tiny Lab.
«Por lo tanto, el hecho de que Tiny Lab fuera eliminada de Google Play Store en 2018 no hace prescribir por sí solo las reclamaciones de los demandantes», escribió el juez.
«Aquí, los demandantes alegaron adecuadamente que los demandados se enriquecieron injustamente al recopilar la información personal de los demandantes y emplearla para dirigir anuncios a los niños», concluyó el juez.
La última demanda se produjo después de que Google acordara en abril pagar 62 millones de dólares para zanjar las demandas por violación de las leyes de privacidad al rastrear y almacenar los datos de localización de los usuarios sin su consentimiento.
The Epoch Times se puso en contacto con un portavoz de Google para obtener sus comentarios.
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