Un juez federal de Kentucky anuló una norma de la Administración Biden que obligaba a los estados a medir y notificar las emisiones de gases de efecto invernadero de todos los vehículos que circulan por la red nacional de carreteras.
«Con esta victoria en los tribunales, frenamos de golpe la política sin sentido de la Administración Biden», declaró el Fiscal General de Kentucky, Russell Coleman, que encabezó una coalición de 21 fiscales generales estatales que demandaron a la Administración Federal de Carreteras (FHWA) por la norma que pretendía obligar a los Estados a reducir las emisiones de dióxido de carbono en sus carreteras.
Varios de los estados que demandaron la norma argumentaron que podría frenar la creación de empleo y eliminar el desarrollo económico futuro.
El juez Benjamin Beaton del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Oeste de Kentucky bloqueó la norma de la FHWA en una orden de 26 páginas y una opinión emitida el 1 de abril, calificándola de «inválida» y «un ejercicio sin fundamento legal y sustancialmente caprichoso de la autoridad normativa del Administrador [de la FHWA]».
El juez Beaton solo bloqueó la norma en los 21 estados demandantes, no en todo el país. También pidió a las partes que presentaran escritos complementarios «sobre la solución adecuada» en el plazo de tres semanas, a la luz de los requisitos potencialmente contradictorios de otros tribunales.
A finales de marzo, un juez de Texas resolvió bloquear la aplicación de la misma norma sobre emisiones en el Estado de la Estrella Solitaria.
Pérdida de contacto con la realidad
La norma fue emitida por la FHWA en noviembre de 2023 como parte de los esfuerzos del presidente Joe Biden para reducir a la mitad las emisiones de carbono para 2030.
La normativa obliga a los departamentos de transporte estatales y a las organizaciones de planificación metropolitana (MPO) a medir sus emisiones relacionadas con el transporte en el sistema de carreteras de EE.UU. y a fijar sus propios objetivos de reducción de emisiones.
También exige a los Departamentos de Transporte estatales y a las MPO que informen cada dos años sobre sus progresos en el cumplimiento de los objetivos de reducción, al tiempo que autoriza a la FHWA a evaluar los progresos del estado en la consecución de dichos objetivos.
«Esta nueva medida de rendimiento proporcionará a los estados un marco claro y coherente para realizar un seguimiento de la contaminación por carbono y la flexibilidad para establecer sus propios objetivos climáticos», dijo el Secretario de Transporte Pete Buttigieg en un comunicado el 22 de noviembre de 2023.
La FHWA no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la sentencia de Kentucky.
El fiscal general de Kentucky dijo que la norma formaba parte de la «agenda medioambiental radical» del presidente Joe Biden que «ha perdido el contacto con la realidad» y que las familias de Kentucky estaban pagando el precio.
A Coleman se unieron en la demanda los fiscales generales de Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Mississippi, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Utah, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming.
«El Tribunal declara que la Norma Final excede la autoridad estatutaria de la Administración Federal de Carreteras y es arbitraria y caprichosa», escribió el juez Beaton en la orden del 1 de abril.
Sentencia de Texas
Al finalizar la regla en noviembre de 2023, la FHWA dijo que la regla de emisiones era parte del «enfoque de todo el gobierno» del presidente Biden para reducir las emisiones de carbono a la mitad para 2030 y calificó la medida como un paso importante para «abordar los impactos del cambio climático».
El administrador de la FHWA, Shailen Bhatt, dijo que el transporte era la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero y afirmó que reducir las emisiones del sector del transporte «es fundamental para hacer frente a la crisis climática».
Texas demandó a la FHWA en diciembre de 2023, argumentando que la agencia carecía de autoridad legal del Congreso para promulgar la norma y que viola la Ley de Procedimiento Administrativo.
En su sentencia, el juez James Hendrix del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de Texas estuvo de acuerdo, afirmando que la administración Biden carecía de autoridad bajo la ley para imponer la medida de rendimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero.
«Cuando una regulación intenta anular el texto estatutario, la regulación pierde cada vez, las regulaciones no pueden hacer agujeros en las reglas que el Congreso ha establecido», escribió el juez, que fue nombrado por el expresidente Donald Trump.
Un portavoz de la FHWA dijo a The Epoch Times en un comunicado enviado por correo electrónico tras el fallo de Texas que revisaría la decisión para decidir los próximos pasos.
«El Departamento de Transporte (DOT) y la Administración Federal de Carreteras (FHWA) siguen comprometidos a apoyar los objetivos climáticos de la Administración Biden-Harris de reducir la contaminación por carbono a la mitad para 2030 y lograr emisiones netas cero para 2050», dijo el portavoz en ese momento.
«Estamos revisando la decisión del tribunal de Texas y determinando los próximos pasos».
Los republicanos, entre ellos el presidente de la Comisión de Transportes e Infraestructuras, el republicano Sam Graves, y el presidente de la Subcomisión de Carreteras y Tránsito, el republicano Rick Crawford, elogiaron la sentencia en una declaración conjunta el 28 de marzo.
Este fue un caso claro de extralimitación flagrante por parte de la Administración Biden desde el principio, y elogiamos al Tribunal por su decisión de que «una agencia administrativa federal no puede actuar sin autorización del Congreso», dijeron los legisladores.
El Congreso rechazó la inclusión de un requisito de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero cuando se elaboró la ley de infraestructuras, lo que convierte la normativa de la Administración en un intento ilegal de eludir al Congreso e imponer esta carga única a todos los estados y comunidades del país».
«Agradecemos la sentencia y seguimos comprometidos a garantizar que la Administración no se extralimite en sus funciones».
Katabella Roberts contribuyó a este artículo.
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