Un juez federal de Texas anuló el jueves una norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que permite a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses que sean inmigrantes ilegales solicitar la residencia.
La sentencia anula el proceso de «libertad condicional en el lugar» anunciado en agosto, que habría permitido a los cónyuges inmigrantes ilegales solicitar un estatuto legal y permanecer temporalmente en Estados Unidos. Si se aprobaba, podrían solicitar la tarjeta verde y, en última instancia, la ciudadanía estadounidense, si cumplían ciertos requisitos.
Los criterios incluían haber vivido en Estados Unidos de forma continuada durante al menos 10 años, no tener antecedentes penales y estar casado con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio.
En agosto, el DHS dijo que el gobierno estaba tratando de mantener unidas a las familias mediante la concesión de la libertad condicional caso por caso a inmigrantes ilegales elegibles, lo que, según dijeron, sería un beneficio público al promover la unidad y la estabilidad de las familias.
Poco después de que se anunciara la norma, 16 estados, encabezados por Texas, presentaron una demanda alegando que el programa fomentaría la inmigración ilegal y aumentaría las cargas financieras de los estados a través de los costes de salud y de aplicación de la ley.
El 26 de agosto, el juez de distrito J. Campbell Barker, nombrado por el presidente electo Donald Trump durante su primer mandato presidencial, paralizó la norma a la espera del resultado del caso.
En su decisión final del jueves, Barker escribió que el DHS carece de autoridad para otorgar libertad condicional en el lugar a inmigrantes ilegales o «para considerar la libertad condicional ‘en el lugar’ como la libertad condicional ‘en los Estados Unidos’».
Su sentencia invalidó la acción de la agencia, publicada el 20 de agosto en el Registro Federal, que abría solicitudes para esta vía.
La sentencia final de Barker pone fin de forma efectiva al programa de libertad condicional, al declarar que la autoridad del DHS no se extiende a la interpretación de «libertad condicional» esbozada por la política.
Aunque la sentencia deniega otras medidas solicitadas por los demandantes, deja la puerta abierta a nuevas impugnaciones por motivos similares. Además, la corte ordenó al gobierno federal que se hiciera cargo de las costas judiciales asociadas a la demanda.
El presidente Joe Biden anunció la iniciativa Keeping Families Together (Mantener unidas a las familias) en junio, poco después de adoptar otra medida ejecutiva para restringir considerablemente el asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Esta iniciativa recurre a una ley federal conocida como Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite a los funcionarios federales conceder la libertad condicional a los inmigrantes ilegales que ya se encuentran en Estados Unidos.
Los funcionarios del DHS pretendían utilizar esta autoridad para proteger a determinados inmigrantes ilegales casados con ciudadanos estadounidenses. El departamento también dijo que la política aumentaría la prosperidad económica de las comunidades estadounidenses, fortalecería las relaciones diplomáticas con los países socios de la región y reduciría la presión sobre los limitados recursos del gobierno estadounidense.
Se calcula que unos 500,000 de los 765,000 inmigrantes ilegales que se encuentran en Estados Unidos y están casados con ciudadanos estadounidenses pueden acogerse a la prórroga de la libertad condicional.
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