El juez del Tribunal Superior del condado de Fulton, en Georgia, Scott McAfee, aprobó el 27 de noviembre un cambio en la libertad condicional del ex abogado de la campaña de Trump, Kenneth Chesebro, que le permite viajar a Nevada, Arizona y Washington, donde se enfrenta a investigaciones en curso relacionadas con las elecciones presidenciales de 2020.
Chesebro fue acusado en agosto, junto con el expresidente Donald Trump y otras 17 personas, de violar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO) de Georgia por sus acciones contra los resultados de las elecciones de 2020.
Chesebro se declaró culpable en octubre, tras negociar un acuerdo de culpabilidad pocos días antes del inicio de su juicio.
Electores suplentes
Chesebro había esbozado en un memorando legal para la campaña de Trump una estrategia que incluía el uso de electores suplentes en varios estados y el retraso del recuento de los votos el 6 de enero de 2021, para que las impugnaciones pudieran continuar en los tribunales.
Estas listas alternativas de electores se utilizaron en Arizona, Georgia, Michigan, Nuevo México, Nevada, Pensilvania y Wisconsin.
En Georgia, Chesebro y otros abogados con los que estaba en contacto fueron acusados de conspiración para presentar candidaturas falsas y otros cargos, además de violar la ley RICO. La acusación presentaba la estrategia de los electores suplentes como una conspiración consciente para «suplantar» a los electores, aunque los juristas han señalado que se han utilizado estrategias similares en anteriores elecciones presidenciales.
Cuatro de los electores suplentes de Georgia fueron acusados de conspiración para cometer declaraciones falsas, hacerse pasar por funcionarios públicos y otros delitos. Han alegado conjuntamente -en un intento fallido de llevar el caso ante un tribunal federal- que seguían las instrucciones del asesor jurídico del Presidente de los Estados Unidos.
Otros estados han iniciado investigaciones sobre los electores suplentes, y la semana pasada el abogado del Sr. Chesebro solicitó la modificación de su libertad condicional que le permitiría viajar a esos estados «a fin de reunirse con el abogado».
Aumentan las investigaciones
A principios de este mes, Politico informó que el Fiscal General de Nevada Aaron Ford había estado investigando durante semanas a los seis electores suplentes que emitieron votos republicanos durante las elecciones de 2020, citando múltiples fuentes anónimas. La moción de Chesebro días más tarde parecía confirmar aún más que la acción legal podría estar en marcha en Nevada.
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, anunció a principios de este mes que su oficina también estaba investigando a los electores republicanos de 2020.
«Es robusto. Es un asunto serio», dijo Mayes. Había 11 electores suplentes en Arizona. «Vamos a asegurarnos de que lo hacemos en nuestro calendario, aplicando los recursos que se requieren para asegurarse de que se haga justicia, no solo para los arizonenses, sino para todo el país».
Confirmó en la CNN que había estado en contacto con investigadores de Michigan, Georgia y el Departamento de Justicia (DOJ).
El fiscal general de Michigan anunció en julio cargos contra 16 «falsos electores» republicanos, y todos ellos se declararon inocentes de ocho cargos penales de naturaleza similar a los de Georgia. Se les acusó de falsificación y conspiración para cometer falsificación electoral, en referencia a las papeletas que emitieron. Más tarde, en octubre, uno de los 16 aceptó un acuerdo con la fiscalía y se desestimó su caso a cambio de su cooperación.
En Washington, el abogado especial Jack Smith ha acusado al presidente Trump de cuatro cargos, alegando que interfirió en las elecciones de 2020.
Gran parte de la acusación hace referencia a los sucesos del 6 de enero de 2021, relacionados con un mitin que se convirtió en una irrupción en el Capitolio de Estados Unidos el día en que el Congreso debía contar los votos. El retraso del recuento de votos también había formado parte del memorándum legal de Chesebro.
El caso irá a juicio el 4 de marzo de 2024, aunque los abogados de la defensa están intentando actualmente que se desestime el caso por motivos estatutarios y constitucionales, además de argumentar que la acusación tiene motivaciones políticas.
Los investigadores federales han estado en contacto con los estados en los que las listas alternativas de electores intentaron emitir su voto, según varias fiscalías generales.
En Nuevo México, la oficina del fiscal general confirmó en agosto que hay una investigación en curso, y funcionarios estatales han estado en contacto regular con el DOJ.
«Trabajaremos con la oficina [del abogado especial] para obtener todas y cada una de las pruebas relevantes para la investigación del estado», dijo un portavoz a los medios locales en agosto. «Nuestra principal preocupación es reunir un registro completo de los hechos antes de tomar cualquier decisión formal en este asunto y coordinar nuestros esfuerzos con nuestros socios federales encargados de hacer cumplir la ley de la mejor manera posible para asegurar la fe del público en la integridad del proceso electoral.»
En Wisconsin, el fiscal general ha presentado cargos civiles contra 10 electores republicanos y dos abogados de Trump. Una moción del equipo del presidente Trump para desestimar el caso fue denegada.
En Pensilvania no se ha anunciado ninguna investigación.
En Georgia, aparte de Chesebro, otros tres coacusados del presidente Trump habían aceptado acuerdos con la fiscalía. La abogada Sidney Powell, que había sido muy pública con sus esfuerzos para investigar el fraude electoral, la abogada de Trump Jenna Ellis, y el fiador de Georgia Scott Hall se declararon culpables de cargos significativamente menores que los de la acusación original.
Es posible que los 14 restantes no vayan a juicio hasta agosto, como muy pronto. El juez aún no ha fijado una fecha, pero los fiscales han solicitado una fecha de juicio de agosto, que tendría lugar después de varios otros casos judiciales penales del presidente Trump.
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