Un juez estadounidense declaró constitucional parte de una nueva ley de Carolina del Norte que exige que los abortos después de las 12 semanas de embarazo se realicen en hospitales, fallando en contra de Planned Parenthood.
El juez también anuló otra disposición de la ley, que obliga a los proveedores médicos a documentar la existencia de un embarazo antes de practicar un aborto.
La ley de Carolina del Norte en cuestión, la 2023-14, prohíbe los abortos después de las 12 semanas de embarazo, salvo en casos de urgencia médica, violación, incesto o «trastorno que limite la vida» del feto. Los médicos que infrinjan la ley podrían ser procesados por un delito grave y enfrentarse a una multa de hasta 250,000 dólares.
La ley también contiene otras disposiciones, como la obligación de que los abortos después de las 12 semanas de embarazo se realicen en hospitales, mientras que los abortos antes de las 12 semanas podrían realizarse en centros quirúrgicos o clínicas abortivas, además de en hospitales.
Planned Parenthood y un médico de Carolina del Norte presentaron la demanda en 2023, argumentando que algunas partes de la ley eran inconstitucionales o ininteligibles.
La jueza de distrito Catherine C. Eagles dijo en una decisión de 33 páginas, presentada el 26 de julio y confirmada el lunes, que ese requisito no viola los derechos constitucionales de Planned Parenthood ni del médico.
El juez Eagles dijo que los demandantes «han ofrecido pruebas médicas y científicas creíbles y en gran medida no controvertidas de que este requisito es innecesario para proteger la salud y la seguridad maternas y hará innecesariamente que tales abortos sean más peligrosos para muchas mujeres y más caros». Pero también destacó la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. de 2022 que anuló el caso Roe contra Wade, la decisión anterior de la corte que afirmaba que existía un derecho constitucional al acceso al aborto.
«Desde la decisión de la Corte Suprema en Dobbs, no existe un derecho fundamental al aborto», dijo el juez, lo que significa que los legisladores estatales «solo necesitan ofrecer una especulación racional para sus decisiones legislativas que regulan el aborto».
Los legisladores han cumplido con esa carga, y los demandantes «no han negado toda base concebible que la Asamblea General pueda haber tenido para promulgar el requisito de hospitalización», añadió.
En un escrito presentado a la corte, los legisladores estatales habían afirmado que el requisito de hospitalización era constitucional porque estaba «racionalmente relacionado con el interés legítimo del estado en la salud y la seguridad de las mujeres».
El juez señaló que los abortos a veces conllevan complicaciones que requieren, cuando se realizan en lugares no hospitalarios, que las mujeres sean trasladadas a hospitales. Eso significa que el requisito de hospitalización «podría decirse que reduce el riesgo para la salud materna de las pacientes de abortos que sufren complicaciones importantes, porque ya estarán en un hospital y no requerirán traslado», dijo.
La sentencia también anuló la disposición que obliga a los médicos, antes de suministrar fármacos abortivos, a documentar la existencia de un embarazo, así como la edad gestacional probable.
La disposición es inconstitucionalmente vaga en parte porque no está claro si la palabra «probable» se refiere solo a la edad gestacional o si modifica tanto la edad gestacional como la existencia de un embarazo, dijo el juez.
La vaguedad podría dar lugar a una «aplicación arbitraria y desigual», sobre todo porque los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley «pueden no estar familiarizados con la interpretación de la comunidad médica del término ‘probable embarazo intrauterino'», añadió el juez.
Existe una «posibilidad real de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los fiscales puedan leer razonablemente la Ley del Aborto como una autorización para presentar cargos penales contra un médico que practique un aborto médico sin el grado de certeza requerido, sea cual sea ese grado, sobre la existencia o probable existencia de un embarazo intrauterino», escribió más adelante.
Anteriormente, la juez había permitido que la ley entrara en vigor, pero dictó una medida cautelar contra los requisitos de hospitalización y documentación mientras estudiaba una decisión definitiva.
La decisión se produjo después de que la juez Eagles anulara en junio algunas de las restricciones estatales a los abortos farmacológicos, al considerar que las leyes estaban reguladas por leyes federales.
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